2018, elecciones más caras; riesgo de dinero ilegal
En la elección Presidencial de 2012, en México se registró un 37 por ciento de abstencionismo del padrón electoral del país, constituido oficialmente por 79.4 millones de ciudadanos (votaron 50 millones), para lo cual el Poder Legislativo Federal autorizó un ejercicio presupuestal de 17 mil 452 millones 275 mil 723 pesos.
Comparativamente, el triunfo de Enrique Peña Nieto y con ello el retorno del Partido Revolucionario Institucional a Los Pinos, representó cuatro por ciento más de los votos obtenidos por el panista Felipe Calderón Hinojosa en 2006 y un empate con los resultados obtenidos por el también blanquiazul Vicente Fox Quesada, en el año 2000, en que después de 70 años del PRI en el poder, derrotaría al aspirante tricolor Francisco Labastida Ochoa.
Resulta interesante observar como en 1994, luego del asesinato del abanderado priista a la Presidencia, Luis Donaldo Colosio Murrieta, su relevo Ernesto Zedillo Ponce de León, obtendría el 67 por ciento de los votantes registrados. Un triunfo que seis años después echaría al caño, para ceder el poder al PAN, por consigna de los Estados Unidos.
A casi seis años de los comicios y del retorno del PRI al mando principal de gobierno en México, hoy se sabe que en los meses previos a los sufragios de julio de entonces, el dinero gubernamental y el efectivo manejado por el sistema bancario, superó los 37 mil millones de pesos, que en ningún momento se informó del origen, con lo que se confirmaría la idea del financiamiento ilegal de las campañas, sea por la aportación de empresas corporativas transnacionales o delincuencia organizada.
Un “fenómeno de incrementos” que se repetiría en las elecciones intermedias de 2015, con 83 millones 563 mil 190 ciudadanos empadronados, cuando se pasaría de un recurso autorizado de 17 mil 459 millones de pesos, a casi 29 mil millones aplicados, como lo revelan los informes trimestrales y anuales del Banco de México, donde es posible constatar que el aumento de la demanda de efectivo se ha vuelto cíclica durante el primer semestre de los años con elecciones federales, comparativamente con los periodos de tiempo en que no hay comicios.
Los gastos dentro de la legalidad y fuera de ella, para financiar en 2012 las tareas proselitistas de los candidatos y partidos que los postulaban, fueron programados para ejercerlos en la elección del Presidente de la República; 128 senadores y 500 diputados federales; siete gobernadores; 576 legisladores locales en 15 estados del país; 876 ayuntamientos, así como 20 juntas municipales.
Por aquellos días, el antecedente del actual Instituto Nacional de Elecciones (INE), el Instituto Federal Electoral (IFE), no tenía la tarea asignada de atender todas las elecciones en el territorio nacional, como ahora que al ser reformado por la administración de Enrique Peña Nieto, es corresponsable también de todas las elecciones estatales.
Para la realización de las elecciones en 2012, al IFE le fue asignado originalmente un presupuesto de 14 mil 953 millones 906 mil pesos, de los cuales cuatro mil 292 millones 492 mil 730 pesos se programaron para las prerrogativas de los partidos políticos y 10 mil 661 millones 413 mil 649 pesos, al rubro de “democracia preservada y fortalecida”, mediante la organización de elecciones nacionales, el fomento de la participación ciudadana y la promoción del desarrollo del sistema de partidos, que incluían dos mil 76 millones 273 mil 710 pesos fueron a la organización del proceso electoral.
Finalmente se autorizaría un recurso a ejercer, del orden de los 17 mil 452 millones 275 mil 723pesos, que complementarían los gastos de las participaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con dos mil 368 millones 962 mil 800 pesos, en tanto la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República (Fepade), ejercería 129 millones 409 mil 544 pesos.
Transcurrir angustioso de los últimos seis años para la mayoría de los mexicanos, que se han empobrecido más, al grado de que más el 65 por ciento de los 120 millones de habitantes se encuentran en esa condición, en la que habría que valorar otro segmento de quienes se encuentran en pobreza extrema, y que en la recta final sobre todo de la sucesión Presidencial, globalmente podrían representar los votos de castigo al candidato del partido en el poder (PRI), que le hagan perder nuevamente para volver al sistema de “la alternancia”, o significarse por un abstencionismo que le beneficie.
Pero, por lo pronto, mientras llega ese momento crucial del próximo domingo 1 de julio, todo está listo para llevar a cabo los comicios que en 2018 tendrán un costo que inicialmente en agosto de 2017, el Instituto Nacional de Elecciones programó de 25 mil 15 mil millones 327 mil 986 pesos, ahora con un padrón de 88.9 millones de ciudadanos que integran la Lista Nominal de Electores.
Solicitud al Poder Legislativo Federal, en base a una distribución que contemplaba seis mil 788 millones 900 mil 16 pesos, para las prerrogativas de los partidos políticos y 18 mil 226 millones 427 mil 970 pesos, bajo la denominación de la democracia preservada y fortalecida mediante la organización de elecciones nacionales, el fomento de la participación ciudadana y la promoción del desarrollo del sistema de partidos, que involucran dos mil 532 millones 622 mil 755 pesos aplicados a la organización electoral.
La Secretaría de Hacienda iría más allá en septiembre, al aseverar que estos comicios costarían al erario público federal, la cifra sin precedente de 29 mil 70 millones 267 mil 341 pesos, implicando un aumento presupuestal de diez mil 727 millones 831 mil 30 pesos, equivalente a un 66.6 por ciento más caros que los de 2012.
Finalmente, el dinero que autorizados al INE para la organización y veracidad en la emisión de sufragios en 2018, será de 28 mil 17 millones 426 mil pesos. Corresponderán 17 mil 426 millones de pesos al INE, para su gasto corriente y organización de las elecciones federales y de 30 estados en elecciones locales, que incluyen la instalación de casillas para la emisión del voto.
Asignación al Tribunal Electoral de la Federación, de tres mil 893 millones de pesos, para su desempeño en la resolución de por lo menos 50 mil casos de impugnación que se estima ocurrirán durante las elecciones y en el periodo poselectoral.
En cuanto a los recursos programados para los partidos políticos, el recurso se ha sumado para ser entregado como Coalición. Así, la denominada Todos por México, de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI-PVEM-Panal), tendrá a su favor dos mil 591.9 millones de pesos; la llamada Por México al Frente, conformada por los de Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano (PAN-PRD-MC), dos mil 498.6 millones de pesos y Juntos Haremos Historia, del Movimiento Regeneración Nacional, del Trabajo y Encuentro Ciudadano (Morena-PT-PES), mil 354.1 millones de pesos.
El principal argumento para el incremento en el costo de los comicios de 2018, se sustenta en que servirá para la elección para la elección a nivel federal del titular del Poder Ejecutivo Federal, de los integrantes del Poder Legislativo (128 senadores y 500 diputados).
Asimismo, en el ámbito local, ocho gobernadores, 984 diputados de Congresos estatales, mil 598 ayuntamientos, mientras que en la ciudad de México su jefe de Gobierno y 16 alcaldías (antes delegaciones), que en total suman 30 entidades del Pacto Federal, sumando en total tres mil 236 cargos de elección popular.
Otras justificaciones por los mayores recursos que se aplicarán, es la contratación de más personal, pago de rentas y cobertura de viáticos de quienes se desplacen por el territorio nacional, para verificar el estricto apego a las leyes electorales durante el ejercicio del sufragio, tomando en cuenta que esta vez se registrará mayor número de elecciones coincidentes el mismo día.
En tiempos de grave crisis económica para los muchos millones de mexicanos que apenas si tienen para comer, que contrasta de manera radical con los exageradamente sueldos de los consejeros del Instituto Nacional de Elecciones y su presidente, que se ampararon con éxito luego de que serían afectados por los recortes presupuestales que hoy tienen en el angustioso desempleo a decenas de miles de ex empleados federales, estatales y municipales, la Auditoría Superior de la Federación del Poder Legislativo, deberá ejercer mayor control y seguimiento de los egresos de cientos y miles de millones que el Consejo General del INE realiza de manera injustificada, como si fuesen nuevos ricos.
Ahí está por ejemplo el contrato por cuatro años de arrendamiento vehicular, con un costo de 935 millones de pesos, por el uso de más de mil vehículos, sin haber realizado una valoración rigurosa y objetiva de sus necesidades, como lo ha denunciado en su último informe semestral de 2017, el propio contralor del INE, Gregorio Guerrero Pozas, que por lo mismo se encuentra con un paso fuera de las instalaciones del órgano federal electoral.
Denuncia en los archivos de la presidencia del INE, a cargo de Lorenzo Córdova Vianello, en la que la Contraloría interna afirma que la firma totalmente injustificada del contrato “ha implicado un elevado costo para el Instituto, derivado de precios altos por unidad y por servicios adicionales que no han sido plenamente utilizados, por lo que la Subcontraloría de Asuntos Jurídicos se encuentra valorando las irregularidades manifiestas, a fin de deslindar las responsabilidades administrativas correspondientes”.
Un asunto que da idea del dispendio que los directivos del Instituto Nacional de Elecciones, llevan a cabo con los recursos que pertenecen al pueblo de México, al quedar asentado que “al cierre de este Informe, el Instituto
había reclamado al proveedor el cumplimiento de diversas condiciones, así como la no utilización de los servicios contratados, por lo que aplicó penalizaciones por 5.7 millones de pesos”.
Para dar idea de la falta de planeación en el manejo de los cuantiosos financieros, el contralor Guerrero Pozas, sugiere que “la estructura ocupacional, tanto de plazas presupuestales como de honorarios permanentes, se apegue a estrictas necesidades de personal, por lo que se debe privilegiar las sinergias y la cooperación con los Organismos Públicos Locales, a la par que se fortalecen los procesos interinstitucionales entre las oficinas centrales y los órganos delegacionales del propio Instituto, a fin de evitar crecimientos injustificados de las plantillas de personal, sobre todo iniciando el año electoral”.
Recomendación de que las áreas del INE ejerzan el presupuesto aprobado por los montos y en los tiempos en que fueron planeados, para evitar la tendencia heredada desde el antecesor Instituto Federal Electoral, de que los gastos se focalicen de última hora.
Es el México con mayoría de su población pobre y con presupuesto de país rico para “apuntalar su democracia”, en la que esta vez las tentaciones del recurso financiero de procedencia dudosa han empezado a invadir la esfera de los presupuestos de los que más que precandidatos, son ya los candidatos únicos en campaña abierta e ilegal de las tres Coaliciones, que siguen sin convencer a un electorado nacional cada vez más escéptico.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y de Comunicadores por la Unidad A.C.