Iglesia, blanco de la violencia
Horas antes de que el nuevo arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, tomara posesión de su cargo en la catedral de la capital del país, dos sacerdotes de la Iglesia Católica mexicana, serían asesinados a balazos en las cercanías de Taxco, Guerrero, en el inicio del lunes 5 de febrero, pasando a formar parte de las estadísticas de la violencia en territorio nacional, que en lo que va del sexenio actual, acumulan 21 religiosos.
Atentados, que confirman que México es el país más peligroso en América Latina, para ejercer la labor pastoral católica, ahora al ser ejecutados con armas de grueso calibre, los sacerdotes Iván Añorve Jaimes y Germaín Muñiz García, párrocos de La Sagrada Familia, en Las Vigas, San Marcos y de San Cristóbal, en Mezcala, respectivamente, cuando retornaban a sus lugares de origen, después de participar en la festividades de Juliantla.
Luto en la Iglesia, que ensombrece la fiesta de cambio de mando clerical. En su primer mensaje, ya en la Basílica de Guadalupe, donde oficiaría la misa del mediodía, el jerarca, sin hacer referencia directa a la tragedia que vuelve a enlutar al Episcopado Mexicano y a la Arquidiócesis de Acapulco al mando de Don Leopoldo González González, ex obispo de la Diócesis de Tapachula, elevaría el tono de su voz para afirmar que “hoy nos abruman situaciones que violentan la justicia y la paz, agresiones que denigran nuestra condición de hermanos y que fomentan una vida de confrontación, discriminación, de menosprecio a la dignidad humana y que conducen a la angustia, a la tragedia y a la muerte”.
El sucesor del cardenal Norberto Rivera Carrera, haría un llamado a la reconciliación, justicia y unidad, para poner fin a confrontaciones y alcanzar la equidad en los momentos en que nuestros conflictos y problemas como sociedad han crecido, y el factor de la globalización los ha vuelto más complejos.
Los dos sacerdotes asesinados, pertenecían a la Arquidiócesis de Acapulco, que emitiría un comunicado oficial en el que a la una con 13 minutos de este lunes 5, manifestaría que “como Iglesia estamos consternados ante este trágico suceso que enluta a toda la Comunidad Arquidiocesana y a la Comunidad de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa. Pedimos a las autoridades que una vez conocida la verdad, se actúe en justicia.
“Supliquemos con insistencia al Señor por la conversión de aquellos, que olvidando que somos hermanos, cometen este tipo de crímenes que tanto dañan la dignidad de la persona humana, arrebatan el don sagrado de la vida y siembran dolor y sufrimiento en la familia y en la sociedad”.
No cejemos en nuestro empeño, pide el arzobispo Leopoldo González González, por construir la paz en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro Estado, en nuestra Patria. Todos los días pidamos al Señor esta Paz. Todos los días dejemos en nosotros sentimientos, pensamientos, palabras y gestos de paz”.
La diócesis de Chilpancingo-Chilapa, condenaría los asesinatos de los presbíteros Iván Añorve Jaimes y Germaín Muñiz García, que enlutan la provincia eclesiástica de Acapulco, por lo que demandaría que pronto sean esclarecidas las causas.
Graves sucesos que de nuevo conmueven no únicamente a la comunidad católica de México, sino a la sociedad en general y más aún a los familiares de los sacerdotes que murieron cuando retornaban a sus parroquias, después de llevar a cabo su misión apostólica y de fe.
Tarea evangelizadora que hoy los mantiene a todos los sacerdotes en total indefensión y permanente riesgo, al convertirse en blancos fáciles de quienes con toda impunidad disparan sus armas en contra de personas en absoluto que en su defensa usan la palabra de Dios.
Lo más delicado, es que a pesar de las promesas de los distintos gobiernos de dar con los culpables de los 67 crímenes contra religiosos cometidos en poco más de 27 años, y aplicar todo el peso de la ley, los números en relación al cumplimiento no son muy favorables a la autoridad en ese sentido, al incrementarse la violencia en contra de sacerdotes, en su mayoría cometidos presuntamente por la delincuencia organizada, al ser afectados sus intereses territoriales por los curas.
Los registros oficiales, establecen que al concluir el mandato sexenal de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, un total de 25 asesinatos casos enlutaron a la Iglesia en México: 17 sacerdotes, tres religiosos y seminaristas, cuatro laicos y una periodista católica.
Del 1 de diciembre de 2012 a febrero 5 de 2018, en la Presidencia de Enrique Peña Nieto, 19 clérigos han sido sacrificados por manos criminales; dos más desaparecidos; un seminarista y cinco laicos asesinados, así como dos curas secuestrados y devueltos con vida
Acciones delictivas que se han diversificado, hasta llegar cometer dos atentados contra el edificio de la Secretaría de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Irrespeto total para cometer un ilícito grave, como la agresión con arma blanca, en mayor de 2017, al término de una misa en el Altar del Perdón, en el interior de la catedral de la ciudad de México, que llevaría finalmente a la muerte, después de una larga agonía, al padre José Miguel Machorro Alcalá.
Se sabe que los estados más inseguros para el ejercicio del apostolado católico, han sido Guerrero y la Ciudad de México, con ocho atentados; siguen Veracruz y Michoacán con seis; Chihuahua, cinco; Puebla, Tamaulipas y Baja California, tres cada uno; Oaxaca, Jalisco y Estado de México, con dos; Coahuila, Hidalgo, Aguascalientes, Sinaloa, Durango, Colima y Guanajuato, con uno.
La información analizada a nivel Latinoamérica, precisa que México ocupa por sexto año consecutivo, el primer lugar en asesinatos y desapariciones de sacerdotes y Guerrero, la nada honrosa denominación de entidad donde mayores crímenes se cometen contra religiosos.
Otro dato preocupante, lo aporta la Conferencia del Episcopado Mexicano, al revelar que en el país se cometen semanalmente entre 26 y 28 ataques y robos a templos católicos, los cuales se han incrementado peligrosamente en los últimos años, que involucran desde la sustracción de limosnas, hasta una escala mayor y grave por ser parte del patrimonio histórico, sino de la humanidad, el saqueo de piezas de arte sacro con siglos de antigüedad, al no existir una vigilancia especial, por ser legalmente propiedad del Estado Mexicano.
Incapacidad de autoridades policíacas civiles y militares, para brindar seguridad a una ciudadanía harta de una delincuencia que actúa impunemente, invadiendo hasta la privacidad de los templos en los antes la feligresía se refugiaba para estar en paz en los momentos de profesar su fe.
Hasta ahí ha llegado las bandas delictivas que con sus fechorías al interior de las parroquias para asaltar también en los momentos de la Eucaristía a los Fieles, y con ello demostrar que no tienen temor a Dios y a nadie, convirtiendo a estos lugares en grandes botines.
Entre los asesinatos cometidos en el estado de Guerrero, destaca el del párroco Gregorio López Gorostieta, quien sería secuestrado la noche del 21 de diciembre de 2014, cuando abordaba su camioneta, poco después de haber celebrado varias misas en la catedral de Ciudad Altamirano.
Sería encontrado muerto cuatro días después, en la celebración de la Navidad, con un balazo en la cabeza, en las inmediaciones de la colonia Juárez, del municipio de Tlapehuala, en la Región de Tierra Caliente, dominada por narcotraficantes y con la abundante presencia elementos del Ejército Mexicano.
Un crimen que obligaría por primera vez a la Conferencia del Episcopado Mexicano, a lanzar un “¡Basta ya! No queremos más sangre No queremos más muertes. No queremos más desaparecidos. Exigimos a las autoridades el esclarecimiento de éste y de los demás crímenes que han provocado dolor en tantos hogares de nuestra patria, y que se castigue conforme a derecho a los culpables”.
Mensaje firmado por todos los obispos del país, en el que “renovamos nuestra invitación a unirnos para pedir a Dios por la conversión de todos los mexicanos, especialmente de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte, y para que todos nos comprometamos a ser agentes en la construcción de un México justo, reconciliado y en paz”.
Indignación justificada, luego de que en ese mismo año, el 21 de septiembre, antes de oficiar su misa dominical, el párroco del templo de San miguel Totolapan, José Ascensión Acuña Osorio, adscrito también a la Diócesis de Ciudad Altamirano, fue privado de su libertad -“levantado”-, para aparecer sin vida, dos días después, flotando en el cauce del río Balsas, con huellas de golpes tortura en su cuerpo.
Delincuencia sin respeto a nada ni nadie, que el 30 de abril de 2014, secuestraría al misionero de origen africano, John Ssenyado, cuando se encontraba ejerciendo su apostolado en la comunidad indígena de Santa Cruz, perteneciente a la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa.
Un comando armado lo interceptaría en el camino a la ranchería y se llevó a la fuerza al clérigo oriundo de Masaka, Uganda, de 56 años y perteneciente a la Orden de los Misioneros Cambonianos, quien llevaba en esa peligrosa zona guerrerense seis años, asesorando a los campesinos en la defensa de sus tierras y mejores precios por sus cosechas.
Se recuerda también con gran indignación, el atentado a un religioso de la más alta jerarquía en México, el ocurrido el 24 de mayo de 1993, cuando en el estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara, según la versión oficial, “al quedar en medio del fuego cruzado de dos cárteles de las drogas”, muriera acribillado –ejecutado-, el cardenal Jesús Posadas Ocampo, en los momentos en que arribaba para recibir al representante del papa en el país, Girolamo Prigioni.
Crimen que sigue siendo todavía un misterio, al no estar aclarado por el gobierno federal 24 años después, convirtiéndose en uno de
los mejores ejemplos de cómo la impunidad y la indiferencia para no hacer justicia, fueron y siguen siendo las principales características que cobijan los crímenes de religiosos en México.
Hasta ahora, no se ha dado la voluntad política y menos la intención, de aclarar los crímenes cometidos en contra de los integrantes del clero católico en México, no obstante la creciente indignación dentro de la Conferencia del Episcopado Mexicano, como del mismo Estado Vaticano, donde los ruegos y las oraciones por la pronta justicia que se demanda, ocurra.
Lo grave de todo ello, es que no constituyen un grupo exclusivo, sino parte importante de la mayoría de un conglomerado de más de 120 millones de mexicanos, que a diario exige el cese de la impunidad y de la corrupción, que representan los factores determinantes en esta situación que deteriora cada vez más la paz social.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y de Comunicadores por la Unidad A.C.