No callará la Iglesia ante la violencia en México
Cada vez son más las voces que dentro y fuera del país, condenan la violencia en México, sea entre los mismos cárteles de las drogas que se disputan espacios a lo largo y ancho de la república, como por los enfrentamientos con las fuerzas armadas militares y civiles, en las que decenas de miles quedan en medio del absoluto estado de indefensión como ocurre también con periodistas y sacerdotes.
De 2006 a la fecha, más de 130 mil, extraoficial y mínimamente, los muertos en una guerra contra el llamado crimen organizado, en el que la gran mayoría de las víctimas estuvo en el lugar y momentos equivocados, pero que dada la dimensión del número de decesos, que en su gran mayoría no se han aclarado y solamente han recibido el carpetazo oficial o la fosa común al no ser identificados por sus familiares.
Un problema agravado de impunidad que se ha convertido en un problema nacional que lamentablemente es parte de la vida cotidiana en México y por lo mismo pareciera no ser ya motivo suficiente para impactar la conciencia social, que se ha acostumbrado a enterarse a diario, de enfrentamientos a balazos en todo el país, y hasta ahí, como ocurrió en los primeros minutos del domingo 4 de febrero, en el tramo de la carretera Chilapa-Taxco, en que fueron ejecutados con armas largas los sacerdotes Iván Añorve Jaimes y Germaín Muñiz García, pertenecientes a la Arquidiócesis de Acapulco.
Y para justificar su incapacidad reiterada permanentemente frente a la violencia y crímenes sin freno en el estado de Guerrero, y especialmente estos dos últimos representantes del clero católico, el fiscal Javier Olea Peláez afirmaría sin ningún fundamento, que “antes del asesinado de los dos sacerdotes, éstos tuvieron problemas en el baile de Juliantla, al que asistieron grupos criminales de los estados de Morelos, estado de México y de la entidad local.
“Habrían reconocido al padre Germaín, como un integrante de un grupo criminal contrario, debido a la difusión de una fotografía en la que aparece armado y con hombres vestidos tipo militar, también armados”.
Y la pregunta que no se le hizo a Olea Peláez, es la elemental, de ¿cómo si él como fiscal y se supone que los demás altos jefes policíacos y el mismo Ejército, sabían que en ese lugar se encontraban conviviendo capos de tres estados, no hicieron nada para detenerlos y con ellos seguramente evitado la muerte de los dos religiosos y las lesiones a cuatro de sus acompañantes?
Muy burdo y de mal gusto el intento de deformar los hechos por parte del fiscal guerrerense, que pronto obtuvo respuesta contundente de la máxima autoridad católica en Guerrero, el arzobispo Don Leopoldo González, titular de la Arquidiócesis de Acapulco, quien vía comunicado oficial, expresaría “nuestra extrañeza hacia algunos contenidos de la declaración dada por el fiscal General del estado, en su conferencia de prensa del 6 de febrero.
Nos parece extraño, reitera, que personas pertenecientes a grupos delictivos diferentes, portando armas, hayan podido convivir en el baile, sin incidente alguno. No parece ser su actuar ordinario. Hay cuatro sobrevivientes del ataque: la hermana del Padre Germaín, un profesor, un pescador y una química. Afirman que no tuvieron ningún conflicto dentro del recinto del baile.
Precisa el arzobispo: “Estos cuatro sobrevivientes relatan que al venir de regreso a Taxco rebasaron el carro de los agresores, que fue tras ellos, los alcanzó, les obstruyó el paso y los baleó.
“Las fotografías que aparecen en las redes sociales, donde se ve al Padre Germain flanqueado por personas armadas y encapuchadas, por testimonio de Monseñor Salvador Rangel, fueron tomadas una ocasión en que el Padre pasaba por ese camino para ir a atender comunidades de su parroquia. No son prueba de que este sacerdote se encuentre involucrado en el crimen organizado.
Fiel a su estilo franco y directo, Don Leopoldo González González, expresa que fueron asesinadas dos personas, que en esta ocasión resultaron ser dos sacerdotes, y este es el hecho criminal que indigna a muchos en la sociedad, en particular a fieles católicos y de otras iglesias que han tenido la bondad de manifestarnos su solidaridad.
Más severo fue el obispo Rafael Rangel Mendoza, de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, perteneciente a la Provincia Eclesiástica de Acapulco, al también manifestar su extrañeza “por la declaración del Fiscal, en relación a que, en un mismo lugar, Juliantla, Guerrero, se hayan reunido integrantes de grupos delincuenciales de Morelos, Estado de México y Guerrero, sin haber reportes de algún enfrentamiento entre ellos o participantes del evento. Así mismo hacemos notar la ausencia de la fuerza pública, estatal o municipal sabiendo de la presencia de estos grupos señalados”.
Afirmación del alto jerarca católico, que las declaraciones de este funcionario, son esencialmente ambiguas, y consideramos que carecen de sustento. Por lo consiguiente exigimos que las investigaciones sean objetivas, verídicas y apegadas conforme a derecho y a la verdad de los hechos.
Vendría la exigencia de que si la Fiscalía del Estado declara que el presbítero Germaín Múñiz García estuvo vinculado algún grupo delictivo, se le exhorta que determine concretamente a qué grupo delictivo pertenecía y que no se limite a hacer simples señalamientos.
También el reclamo justo: “En vista de que el hecho daña la reputación del párroco Germaín Múñiz García, exigimos a la Fiscalía General del Estado de Guerrero a realizar las investigaciones necesarias y no hacer declaraciones basadas en supuestos hechos. Exigimos a la fiscalía una copia completa y certificada de la carpeta de la investigación que sustentan los dicho declarados, ya que como fiscal tiene la obligación de esclarecer la realidad de los hechos, sustentándolos en pruebas fehacientes y verídicas”.
No faltaría en esta coyuntura de violencia en México, la voz de la máxima autoridad clerical de la Iglesia Católica en México, la Conferencia del Episcopado Mexicano, que por medio de su secretario general, el obispo auxiliar de Monterrey, Alfonso Miranda Guardiola, para advertir que la impunidad es un problema nacional que se encuentra en un alto porcentajes en el país, por lo que se requiere la aplicación de la justicia para reducirla.
Nuevamente el señalamiento crítico y severo de los obispos y arzobispos de toda la república, para pedir justicia a los gobiernos federal y estatal, no sólo para los sacerdotes asesinados, sino para todas las víctimas en el país.
La Iglesia Católica, advierte, no debe callar. Hay que luchar por la paz. La impunidad está presente en nuestro país. No basta con señalar, hay que llegar a la aplicación de la justicia para que no queden impunes los crímenes.
Equilibrio en el lenguaje del vocero de la CEM, cuando reconoce que si bien es cierto que el problema de la violencia y la corrupción no sólo atañen al gobierno, sino también a todos los sectores de la sociedad, tanto la Iglesia Católica como la sociedad civil deben ser parte de la solución, para construir la paz y la justicia que tanto urge reintegrar a la nación.
Jamás tenemos miedo a la verdad, pero tampoco se vale simplemente hacer la investigación insuficiente, hablar de hechos no completamente investigados, diría con respeto a los dos sacerdotes asesinados, por los que insistiría en que la Iglesia pide una investigación profunda.
El obispo Miranda Guardiola, pediría, además del esclarecimiento de ambos asesinatos, que no quede impune, que se haga justicia para todos, para aquellos hombres, mujeres y niños que mueren en este país y quedan al amparo de la impunidad.
Fue más allá en cuanto a cómo la Iglesia Católica trabaja con la feligresía y en general con la población nacional, para disminuir la violencia, por lo que haría referencia a los documentos como el ¡Basta Ya!, de construcción de paz, talleres de escucha, de atención a víctimas, trabajos de búsqueda de desaparecidos, de acompañamiento, de construcción de ciudadanía y trabajos para alcanzar la pacificación en las zonas de conflicto. No podemos remediarlo todo, pero tampoco podemos quedarnos con las manos cruzadas.
Tarea nada fácil la de los sacerdotes católicos en todas las Regiones de México, sobre todo cuando en ocasiones las policías y el ejército se ausentan de los territorios asignados para resguardar por la existencia de grupos criminales, que contrasta con el apostolado de los religiosos que tienen que estar ahí al lado de la gente, evangelizando junto con los obispos y religiosas, haciéndolo con absoluta convicción, sin miedo y con mucha valentía, pero con la precaución obligada, de acuerdo a las circunstancias, aunque en ello les vaya la vida, como sigue ocurriendo.
Reactivación obligada y necesaria de la lucha contra la corrupción y la impunidad en nuestro país, que igualmente sería tratada por el nuevo arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, al manifestar que el país necesita a la juventud para vencerlas junto con la discriminación, para alcanzar la patria que todos deseamos.
Convocaría a los jóvenes de diversos credos religiosos de los niveles secundaria y bachillerato, del Programa Scholas Ciudadanía, reunidos en Naucalpán, estado de México, por ser el grupo mayoritario de la sociedad nacional, a romper los muros que representan las diferencias entre las clases sociales y religiones, para tener un México sin discriminación.
Al concluir el viernes nueve de febrero, su encuentro iniciado el pasado 29 de enero, los asistentes al evento identificaron que las mayores problemáticas del país son la corrupción, la impunidad y la discriminación.
Temas, sobre todo el de la impunidad, trataría en su visita oficial a México la semana transcurrida, la canciller de Alemania Angela Merkel, quien externaría su preocupación por lo que aquí ocurre, así como la situación de los derechos humanos y de los periodistas, al sostener una reunión con representantes de la sociedad
civil, por lo que mostró su interés por coadyuvar con el gobierno de Enrique Peña Nieto para encontrar soluciones a los distintos problemas derivados de la falta de Estado de Derecho.
Pero la realidad que vivimos en México, nos indica que mientras no haya voluntad política de la cúpula del poder y los cambios obligados y urgentes para que la justicia sea tal y no mero trámite de evasiones posteriores, la corrupción, la impunidad y la discriminación, no solamente prevalecerán, sino que llegarán a extremos en que la gobernabilidad sea también simple retórica, como hoy ocurre.
No más oídos sordos de quienes han hecho del poder, el botín que se comparte en demasía al gran capital nacional extranjero, mientras el pueblo sigue empeorando su situación de espera impaciente, que en cualquier momento podría desbordarse.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico del Senado de la República y de Comunicadores por la Unidad A.C.