Cárcel y olvido para el indígena
La gran mayoría sólo habla su idioma y está preso por no entender el español y menos saber de que se le acusaba para encarcelarlo y purgar largas condenas injustas, al no haber tenido la oportunidad de ser representado por un defensor de oficio.
Tan no ha interesado antes, como tampoco ahora su atención, que la información “más actualizada” de la población indígena de México recluida en los centros de “readaptación social”, corresponde a noviembre de 2016, en la que se informa que se encuentran en esa condición, siete mil 747 (siete mil 197 hombres y 250 mujeres), de los cuales seis mil 955 son por delitos del orden común y 492 del orden federal, principalmente por delitos contra la salud.
Menosprecio gubernamental hacia los grupos étnicos, que lleva a una situación en la que por cada 600 mil, de sus más de 26 millones de seres humanos que los integran, existe solamente un abogado defensor de oficio federal, lo cual se agrava porque para atender a ese conglomerado, existen 600 intérpretes y traductores, que no son contratados por la justicia mexicana, bajo el argumento de carecer de presupuesto para pagar sus honorarios, cometiendo con ellos todo tipo de arbitrariedades.
Ignorancia de las leyes federales que se contraponen con las costumbres de sobrevivencia de estas comunidades, cuando los hombres son sorprendidos llevando a sus hogares, iguanas para alimentar a sus familias y por lo mismo son detenidos, encarcelados y sentenciados por cometer “delitos ambientales”, tipificados como “graves”.
Algo así como “aplicación de todo el rigor y peso de la ley, caiga quien caiga y haiga sido como haiga sido”.
Inocencia e indefensión traducidas finalmente en su contra como atropello absoluto por parte de “juzgadores” que en ellos no ven un buen negocio, les sirven como ejemplo de “una impartición de justicia pronta y expedita”.
Indiferencia oficial que incluso no mantiene un censo real y actual de cuántos más han engrosado los de por sí saturados centros penitenciarios del país, donde el indígena es objeto de discriminación, humillación y explotación por parte de las mafias de internos que los someten con tratos de esclavos.
Reacción al más alto nivel a favor de determinado grupo o persona, cuando sus casos plagados de abusos en sus procesos, trascienden internacionalmente, como sucedió con el indígena tzotzil chiapaneco y maestro Alberto Patisthán Gómez, quien sería liberado en octubre de 2013, de su encierro de 13 años, en una cárcel federal de alta seguridad, donde purgaba una condena de 60 años.
Defendido por organizaciones de la sociedad civil y Amnistía Intrnacional, que desde su encarcelamiento en junio del año 2000, alegaron su inocencia, luego ser acusado de participar en una emboscada, que tendría como resultado siete policías federales muertos, por lo que sin mayores preámbulos y por consigna como represalia por ser un líder social considerado como enemigo del gobierno, fue declarado culpable y trasladado a diferentes penales federales para pagar su “error ante la sociedad”.
Los grupos defensores, aprovecharían las reformas aprobadas por el Congreso al Código Penal federal, que a partir de 2013 permitirían al Jefe del Ejecutivo Federal el Indulto, el cual fue solicitado al Presidente Enrique Peña Nieto, quien respondió positivamente.
En el momento de la ordenación de su liberación carcelaria, el popular dirigente indígena se encontraba hospitalizado, luego de que en 2012 le sería detectado un tumor en el cerebro que le había empezado a afectar la vista.
Justicia tardía, pero al fin justicia, diría el optimista, cuya libertad establecía un precedente que abría la esperanza para muchos miles de indígenas presos de manera injusta como Alberto Pathistán Gómez, en el que la Suprema Corte de Justicia sigue teniendo mucha responsabilidad al no requerir todos y cada uno de los casos para llevar a cabo una revisión acuciosa y determinar su legalidad o declarar inocencia.
No se sabría de una disculpa por el atropello jurídico y contra los derechos humanos del líder social, el cual sí se daría de manera pública por el procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, en el Museo Nacional de Antropología, el 21 de febrero de 2017, a las tres indígenas del grupo Hñahñu, de la etnia otomí, del centro del país, Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio.
El titular de la PGR reconocería su inocencia, al haber sido detenidas y en forma incorrecta privadas de su libertad durante tres años, bajo el cargo de secuestro de seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), en el año 2006, en el pueblo de Santiago Mexquititlán, Querétaro, por lo que las mujeres indígenas y víctimas de alguna injusticia no deben quedarse calladas y luchen porque se les devuelva su dignidad.
Vendrían los justos reclamos por la arbitrariedad dela PGR, como los de Estela Hernández, hija de Jacinta, quien diría que no basta con la reparación de daño para superar el dolor, la tristeza, la preocupación y las lagrimas ocasionadas. Preguntaría: ¿Quién va a devolver la vida de mi hermano José Luis, quien no pudo estar tres años ocho meses sin su mamá?
La denuncia reiterada de los abusos que a diario se repiten contra el mundo indígena: “Ya no fabriquen pruebas y no se envíe a prisión a personas inocentes. La disculpa es por funcionarios mediocres y corruptos, que plantaron el delito de secuestro y dijeron que Jacinta era delincuente, evidenciándola en medios locales de Querétaro, la demandaron por un delito federal y la investigaron los mismos policías que la encarcelaron con mentiras, sin decirle que tenía derecho a un abogado de oficio y a un traductor”.
Esta vez, la libertad incondicional de las tres mujeres indígenas no fue resultado de un indulto, sino de la lucha que enarbolaron periodistas como Ricardo Rocha Reynaga y organizaciones de la sociedad civil como el Centro de Derechos Humanos Miguel Pro, que tuvo como resultado positivo tres años después de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dictó sentencia.
Atrás, las humillaciones por ser pobres e indígenas, a las que la disculpa pública no les devuelve el tiempo perdido ni las horas de abandono de sus hijos y familias, por lo que obliga a la reiteración de exigencia de revisión de expedientes de los indígenas presos en todo el país.
Daño moral de las tres mujeres que tampoco se repara, al ser consideradas culpables por los agentes de la PGR antes de ser sometidas a un juicio que finalmente las condenó sin razón y de lo cual dieron fe los medios de comunicación del país.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su informe de 2017, afirmaría que la carencia de abogados que hablen lenguas indígenas, es el verdadero problema para una población de por sí vulnerable, ya que debido a su condición monolingüe no comprenden a cabalidad las circunstancias legales que enfrentan, aunado al hecho de que muchas veces carecen de asesoría jurídica inmediata.
En la parte correspondiente a los indígenas presos, manifiesta la CNDH que son un grupo de población nacional en situación de vulnerabilidad, que por factores como la pobreza, marginación, rezago educativo, aislamiento geográfico, entre otros, se encuentran en desventaja para hacer frente a las situaciones de la vida cotidiana. Esta condición se acentúa en mujeres y hombres que están privados de la libertad en un centro penitenciario y que frecuentemente se enfrentan a la negación de sus derechos.
En los “centros de reinserción social” del país, permanecen en reclusión indígenas pertenecientes a los grupos tzotzil, tzeltal, chol, náhuatl, zapoteco, mixteco, otomí, maya, mazateco, tarahumara, totonaca, chinanteco, tepehuano, cora, mixe, huasteco, tlapaneco, mazahua y mayo.
Investigación y análisis de los visitadores del organismo nacional de derechos humanos, que establece que entre los problemas que enfrentan los indígenas sujetos a proceso o que cumplen sentencias, están la discriminación de la que son objeto por parte del resto de la población interna, por su pertenencia a un pueblo o etnia.
Enumera también la escasa visita familiar que reciben, debido a la lejanía de sus comunidades respecto del lugar donde está ubicado el centro de reclusión, aunado a la falta de recursos económicos; la deficiente atención médica que reciben en el centro de internamiento; las insuficientes oportunidades para el desarrollo de las actividades laborales encaminadas a su reinserción social; la falta de intérpretes y traductores, así como la falta de personas defensoras jurídicas que hablen su lengua.
Preocupación traducida por el respeto a sus derechos humanos y legales, que derivó en 2017 en 24 visitas a centros penitenciarios en 11 estados de la república, que permitieron la recepción de mil 92 escritos de hombres y mujeres indígenas, que en su totalidad demandaron a la CNDH intervenir para que sus expedientes sean revisados de nueva cuenta, una vez que desconocen su situación jurídica.
Solicitudes de aclaración sobre el cumplimiento de las penas de prisión; información sobre los requisitos para el otorgamiento de beneficios de libertad anticipada; orientación tanto para promover recursos en sus causas penales, como para la defensa pública; asesoría sobre los trámites para el apoyo de pago de fianza, multa y reparación de daño, impuestas en los procesos penales, de resultar procedente.
Recorrido y diálogo sin condiciones con los indígenas presos, que hizo posible que la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizara gestiones ante las autoridades penitenciarias o en colaboración con los jueces de Ejecución de Sentencias, la agilización de análisis de los sentenciados tanto del fuero común como federal, de tal manera que en 2017 se otorgaron 32 libertades anticipadas que se aplicaron en la primera instancia,
a una mujer y 31 hombres, en su mayoría de la población tzotzil de Chiapas.
Buenas noticias para el mundo indígena tras las rejas, que alzó su voz para ser escuchada por la CNDH, lo cual redundó en las gestiones ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para el apoyo con el pago de fianza, multa y reparación de daño, impuestas en los procesos penales respectivos.
Lo positivo en las acciones de este respetado y reconocido organismo federal autónomo, es que en ocasiones pierde batallas, pero no la guerra en medio de un ambiente hostil y corrupto de la justicia mexicana, donde la impunidad y la atención se miden por el poder económico que los sustente y es ahí donde los indígenas siguen llevando todas las de perder.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y de Comunicadores por la Unidad A.C.