No más destrucción de la Selva Lacandona
La Selva Lacandona de Chiapas, con una extensión de 614 mil 321 hectáreas, se ha convertido en tierra de disputas y de concesiones políticas, que ha permitido su explotación irracional de cuantiosos recursos, al grado de que hoy se encuentra gravemente amenazada por los poderosos intereses político-económicos de siempre y de colonizaciones absurdas, que amenazan su existencia, no obstante ser un patrimonio de la humanidad por su biodiversidad única en el mundo.
Este espacio de la naturaleza lucha solo ante el embate despiadado y permanente de quienes siempre han visto en él, un botín para el enriquecimiento mediante la tala desmedida de árboles de maderas preciosas, en la que empresas transnacionales estadounidenses en el pasado no muy distante, han obtenido cuantiosos beneficios, en contubernio con autoridades corruptas, federales y estatales.
Siendo reportero de EXCELSIOR, el columnista entrevistaría a Augusto Gómez Villanueva, entonces secretario de la Reforma Agraria, acerca de la destrucción gradual de este paraíso terrenal, que por decreto del 6 de marzo de 1972, el presidente Luis Echeverría Álvarez, otorgaría para su resguardo a 66 familias lacandonas, un total de 614 mil 321 hectáreas, y me diría:
“Mario, la Lacandona es la Selva que camina. Hay quienes se han aprovechado y lo siguen haciendo, sobre todo los ganaderos, para invadirla y así ampliar sus terrenos para sus animales de engorda. Primero queman, luego siembran maíz y después de dos cosechas, la tierra deja de ser apta para cultivos, pues nunca será para siembras”.
Hasta ahí el discurso, sin la voluntad política para poner un alto a la devastación de la Zona alimentada por lagos y ríos, como el Usumacinta, el más caudaloso de México, junto con el Grijalva, sobre cuyo cauce se han construido cuatro de las más grandes centrales hidroeléctricas de México, sin que ello haya redundado en beneficio de los chiapanecos, actualmente considerados como una población de más de cinco millones de habitantes, donde en alto porcentaje, sobre todo de indígenas (tercera parte del total), siguen padeciendo hambre y desnutrición hasta de tercer grado por su pobreza extrema.
Un dejar pasar las afectaciones a la Lacandonia, que pese a todo, sigue de pie, aunque cada vez más endeble por la impunidad con que se sigue actuando en su contra, tal vez porque la disposición Presidencial jamás se cumplió en la práctica, convirtiéndose en tierra de nadie.
No obstante la brutal agresión ecocida, investigaciones recientes de la Universidad Nacional Autónoma de México, revelan que todavía representa el 0.16 por ciento del territorio nacional, en el que habita el 20 por ciento de la biodiversidad mexicana, destacando el 50 por ciento de las aves y las mariposas diurnas, así como 30 por ciento de los mamíferos.
En el discurso gubernamental, todo está de maravillas, cuando se asegura que México es un país comprometido con el medio ambiente, al alcanzar en 2018, un total de 182 Areas Naturales Protegidas, que sumadas cubren alrededor de 91 millones de hectáreas, casi 70 millones en Zonas marinas y 21 millones en terrestres, con lo cual se triplica la superficie intocable, a partir de 2013.
Sin embargo, la realidad es muy distinta y en Chiapas se convierte a finales del sexenio, en una verdadera amenaza para la vida del ecosistema constituido por la Selva lacandona, donde todo parece indicar que se ha autorizado la construcción de una presa para generar electricidad, a una empresa extranjera, violando la normatividad jurídica federal, que prohíbe este tipo de afectaciones irreversibles, en 360 mil hectáreas protegidas, que impactarán las Reservas de la Biósfera Montes Azules y Lacantún, donde se ubica el 36 por ciento de la selva húmeda remanente de México.
¿De qué sirve que en el país exista una Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, que establece claramente que su programa de manejo está sujeta a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo, si en la práctica se ha convierte en letra muerte al anteponerse intereses ajenos a los chiapanecos y en general a de los mexicanos?
¿Porqué autorizar la edificación de una hidroeléctrica, bajo el argumento de una inversión de mil 200 millones de dólares, que dará empleo a miles, a cambio de la destrucción no solamente del hábitat natural de miles de especies de flora y fauna únicas y en extinción, así como la inminente pérdida de bellezas naturales, conocidas mundialmente, como las Cascadas de Agua Azul?
Una Ley correspondiente, por lo mismo obsoleta, al considerar en el papel “la protección irrestricta a nivel nacional, de las Reservas de la Biósfera; Especial de la Biósfera; Parque Nacional; Monumento Natural; Parque Marino Nacional; Areas de Protección de Recursos Naturales; Areas de Protección de Flora y Fauna”.
Asimismo, “de Parques Urbanos y Zonas Sujetas a Conservación Ecológica, que incluyen Reservas Forestales Nacionales; Zonas de restauración y propagación forestal, además de Zonas de Protección de Ríos, Manantiales, Depósitos y en general, Fuentes de Abastecimiento de Agua, para el servicio de las poblaciones”.
Las cifras más recientes de la superficie protegida de competencia federal y estatal en Chiapas, es de un millón 276 mil 858 hectáreas, que corresponden al 16.89 por ciento del territorio de la entidad.
En el ámbito del Gobierno de la República se ubican 18 Areas Naturales y un Monumento Arqueológico (Toniná), que representan un millón 187 mil 432 hectáreas, mientras que el de la entidad comprende 24 Areas Naturales Protegidas, con una extensión de 273 mil 216 hectáreas.
Y no obstante todo esta estructura legal y discursiva tanto federal como estatal, intereses mezquinos e irracionales, que pasan por encima de todo ello, con el propósito de hacer riqueza sin importar el daño a una creación de la naturaleza única en el mundo, como lo es la Selva Lacandona.
CUARTO PODER daría a conocer este miércoles 22 de agosto, como su nota principal, la conclusión por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), del análisis del Permiso de Impacto Ambiental del Proyecto Santo Domingo, para la construcción de una presa hidroeléctrica en la Lacandonia, cuyo fallo es favorable a la empresa extranjera Generación Enersi.
Información del reportero Heriberto Ortiz, que revela que el lunes 20 de agosto, hizo llegar a la compañía transnacional el resultado favorable a su interés, en base al expediente 09/MG-0266/06/18, otorgado por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental.
Resulta por demás sorprendente la rápida respuesta de la Semarnat a cargo de Rafael Pacchiano Alamán, un ingeniero Industrial y de Sistemas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, que el único contacto con la naturaleza ha sido y sigue siendo el haber sido diputado por el Partido Verde Ecologista de México.
Generación Enersi inició el trámite para la realización de su proyecto ecocida, apenas el 20 de junio de 2018 y dos meses después, Pacchiano Alamán le otorga la luz verde, sin pensar en la devastación que se cometerá con uno de los pulmones naturales, no solamente de México, sino del mundo, en los días en que el cambio climático es una realidad aterradora que amenaza la vida del planeta.
No es posible pensar que en escasos 60 días se pueda tener un dictamen, que a todas luces constituye un ejemplo más de cómo sin el conocimiento de los chiapanecos y la población del país, se da manga ancha a una Corporación ajena al interés nacional, para aniquilar una de los lugares más extraordinarios por su belleza y riqueza de México.
Evidente cinismo ante la tentación que representan mil 200 millones de dólares, en los tiempos del “año de Hidalgo”, en que dentro de la alta y mediana burocracia federal y estatal, es común el condicionamiento de una autorización, mediante la prebenda o el clásico diezmo como mínimo, este tipo de operaciones.
Demasiada prisa para otorgar el visto bueno, apoyado en un supuesto “estudio de impacto ambiental”, que dada la extraordinaria biodiversidad, sería imposible concluir en tan poco tiempo, como para dejar bien hecho el entramado del negocio, antes del 1 de diciembre próximo, de tal manera que el nuevo gobierno no pueda darle marcha atrás, por las sanciones a que se haría acreedor, una vez que la administración saliente deje pactada su realización.
¿Hasta dónde la visita del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tuvo que ver con este proyecto, si tomamos en cuenta su incursión en las semanas recientes, en el territorio de la Selva Lacandona, en la que no permitió ser acompañado por periodistas?
Derivado de esa visita, estaría en Metapa, donde visitaría los invernaderos de la empresa Agromod, y anunciaría la compra y siembra de un millón de árboles en la Lacandonia, para contrarrestar la tala clandestina y oficial de las últimas décadas.
Todo un misterio que lleva a la hipótesis de que el próximo Primer Mandatario quiso cerciorarse personalmente del área que Generación Enersi, pretende afectar con la edificación de una nueva hidroeléctrica, en una Zona hasta ahora inviable por ordenamiento de la Federación.
Hasta ahora, únicamente el cauce del río Grijalva había sido considerado para la construcción de presas, como lo demuestra la creación de La Angostura, Chicoasén, Peñitas y actualmente Chicoasén II, por cierto frenada por problemas de índole social de las poblaciones a afectar por la Obra de la Comisión Federal de Electricidad.
Un tema, el de la destrucción de la Selva Lacandona, ya de por sí afectada por la “colonización” de que ha sido objeto en las últimas ocho décadas, que gradualmente ha significado también parte importante, por la forma anárquica en que se ha llevado a cabo.
Vuelta al reclamo en contra de la paraestatal CFE, que
hasta ahora sigue aplicando a los usuarios del fluido eléctrico en Chiapas, las tarifas más caras de la república, inalcanzables para indígenas y campesinos, así como de zonas urbanas.
Abusos de la autollamada “empresa de clase mundial”, cuyos servicios se mantienen al margen de los objetivos de beneficio social, establecidos por el Presidente Adolfo López Mateos en 1962, al mexicanizar la industria eléctrica, hasta entones en manos extranjeras.
A la distancia no muy distante, la Comisión Federal de Electricidad, como consecuencia de las reformas constitucionales que permiten en ella la inversión extranjera, se ha convertido en una especie de gerencia, que vende la energía que ya en un nivel de 50 por ciento de la demanda, genera la transnacional española Iberdrola, que por supuesto no ha llegado a México, como alma de la caridad, sino a obtener las mayores ganancias posibles.
La experiencia de la explotación de los recursos naturales de Chiapas, nos dice que la construcción de una presa hidroeléctrica en la Selva lacandona, no traerá ningún beneficio a los chiapanecos y si en cambio la devastación de un patrimonio de la humanidad.
El presidente Enrique Peña Nieto tiene todavía en la recta final de su Gobierno, la oportunidad de evitar el mayor ecocidio en la historia del México de la segunda década del siglo XXI.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y de Comunicadores por la Unidad A.C.