Ejército manda en Guatemala, no el presidente
Chiapas, me dueles por tu indefensión ante los abusos impunes del poder
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo de la Organización de las Naciones Unidas, que opera en el país centroamericano con autorización oficial desde 2007, fue determinante en 2015, en la caída del Presidente general Otto Pérez Molina, por actos de deshonestidad cometidos junto con su vicepresidenta Roxana Baldetti, que hoy los mantiene en la cárcel, sujetos a proceso.
Frenaría aparentemente con ello, el regreso del Ejército en el mando de una nación, muchas veces castrada por dictaduras militares, que por décadas sometieron con el poder de las armas y la represión, a los guatemaltecos.
Pero la realidad dice hoy todo lo contrario, al encontrarse el actual mandatario desde el 14 de enero de 2016, James (“Jimmy”) Ernesto Morales Cabrera, de 49 años de edad cumplidos el 18 de marzo, bajo absoluto control castrense, luego de ser postulado en 2015 por el Partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), fundado en 2008 por militares retirados, a los que grupos de derechos humanos señalan como responsables de graves atropellos a la sociedad civil, durante el conflicto armado entre 1960 y 19996, en Guatemala.
La mejor prueba de ello, es la imagen que este viernes 31 de agosto proyectó al mundo, durante una conferencia en el salón de las Banderas del Palacio Nacional de la Cultura, en la que aparece rodeado de altos jefes militares, en la que anunciaría la decisión de su gobierno, de echar a la representación de la ONU, de Guatemala, en septiembre de 2019, “porque ha existido una justificación ilegal que viola los principios y prácticas constitucionales y el mandado de la CICIG”.
Con una demostración por demás excesiva e innecesaria del brazo armado, que no se veía desde el último gobierno militar golpista en 1983, encabezado por el coronel Óscar Humberto Mejía, contra el general Efraín Ríos Montt, 35 años después, el mandatario civil Morales Cabrera se presentó ante los medios de comunicación, retomando la costumbre de las dictaduras.
Un poder real, la presencia del Ejército detrás del Ejecutivo, que “con la llegada de la democracia al país”, se hizo cada vez menos evidente, aunque siempre presente, como cuando el 1 de junio de 1993, los mandos castrenses volvieron a aparecer en público desde Palacio Nacional, rodeados de legisladores, jueces y dirigentes sociales, para dar a conocer como binomio Ministerio de la Defensa y de la Corte de Constitucionalidad, que Guatemala volvía a la institucionalidad, al ser superado el autogolpe del civil Jorge Serrano Elías.
A un año cinco meses de concluir su período gubernamental de cuatro años, en que su aceptación por parte de la sociedad guatemalteca es cada vez menor y por lo mismo preocupante para él, James (“Jimmy”) Ernesto Morales Cabrera, el excomediante de la televisión se muestra molesto y por lo mismo intolerante, por los señalamientos adversos de corrupción, en paralelo con una acción legal de desafuero, emprendidos por la Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, perteneciente a la ONU.
Muestras de indignación injustificada, luego de ser acusado de haber incurrido en complicidad de financiamiento electoral ilícito empresarial por más de 15 millones de quetzales, siendo secretario general del Partido Frente de Convergencia Nacional en 2015, que sirvieron para encumbrarlo finalmente a la Presidencia.
Cierre inmediato de filas del alto mando militar de Guatemala, que en las horas previas a que Morales Cabrera hiciera el anuncio por demás sorpresivo y arbitrario de la expulsión de la CICIG, unidades artilladas del Ejército se posicionaron en las inmediaciones de la sede de la Comisión de las Naciones Unidas, con una clara intención intimidatoria.
Los antiguos vecinos de la zona 14 de la capital guatemalteca, volvieron a revivir en sus mentes, los pasajes de los últimos golpes militares de principios de los años 80, cuando en las vísperas, los transportes castrenses recorrían las calles de la ciudad.
Medida desesperada de Jimmy Morales, en su afán de contrarrestar la conformación en el Congreso Nacional, la próxima semana, de la Comisión que determinará la procedencia o no, del proceso para despojar de la inmunidad como presidente de la República, en la cual se corre el riesgo de que participan legisladores opositores a su régimen.
La CICIG inició actividades en Guatemala en septiembre de 2007, con personal diplomático especializado de Naciones Unidas, con la misión de “apoyar la depuración del corrupto sistema de justicia y desarticular estructuras criminales, incrustadas en el Estado”. Desde entonces, su gestión ha sido ampliada cada dos años, la última solicitada por el actual mandatario.
Nunca se imaginaría su antecesor el general Otto Pérez Molina, que al solicitar en 2015 a la ONU, la continuación por dos años más a la CICG, en el país, nunca se imaginó que esta instancia internacional, asesoraría a la instancia de justicia local al más alto nivel, que llevaría a la cárcel al militar y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, por graves delitos relacionados con el contrabando aduanero y otros derivados de la corrupción imperante entonces.
En el turno, Jimmy Morales no está dispuesto a sufrir la misma experiencia justiciera liderad por la Comisión, por lo que ha decidido no renovar su permanencia en territorio chapín, por lo que el 3 de septiembre de 2019, sus miembros encabezados por el embajador de origen colombiano, Iván Velásquez, deberán de abandonar el territorio nacional.
Cese de funciones que el mismo viernes 31 de agosto sería notificado por el propio Presidente guatemalteco, al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en una documento oficial firmado también por la canciller Sandra Jovell y Carlos Martínez, secretario de la Presidencia.
El principal argumento en contra de la CICIG: “Agoté todos los procesos diplomáticos y actué de buena fe, pero no he visto esa buena fe del otro lado, por lo que deberá a partir de ahora, comenzar un proceso de transición de capacidades con las entidades que colabora, de manera que para septiembre de 2019, suspenda por completo su trabajo en el país”.
Una situación que podría incluso adelantarse, ya que las visas del comisionado Velásquez y de algunos integrantes de su equipo jurídico y técnico, vencen el próximo 18 de septiembre, lo cual abre la posibilidad de que la Cancillería no las otorgue nuevamente y en automático, se vean obligados a abandonar Guatemala, dejando prácticamente desmantelada la institución.
Hace un año, ocurriría una intentona del presidente Morales, de expulsar del país a Velásquez, en venganza a lo que entonces llamaría “hostilidad de la CICIG en su contra”, por lo que se rechazaría la solicitud de renovación, hasta que en un segundo intento, sería autorizada su estancia legal.
Se sabría que la autorización de la visa se hizo en forma condicionada al embajador de origen colombiano, al hacerle llegar la vicecanciller Alicia Castillo Sosa, la advertencia de que “no debía inmiscuirse en ciertos temas. Debo recordarle que los privilegios e inmunidades de que ha gozado en el país, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Acuerdo con la CICIG, no le eximen de la obligación de respetar la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes del Estado, así como abstener de inmiscuirse en asuntos internos, mientras se encuentre en territorio guatemalteco”.
Una posición nada atenta, que dista mucho de la observada por el mismo mandatario, cuando el 18 de abril de 2016, en la sede de la ONU en Nueva York, solicitaba la ampliación de la permanencia cuatro años más de la CICIG en la nación centroamericana, reconociendo los esfuerzos a favor de Guatemala.
Ahí afirmaría: “A lo largo de sus existencia, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, ha contribuido con la investigación de más de 200 casos, y a procesar a más de 160 funcionarios y exfuncionarios, por diferentes delitos, desmantelando organizaciones y estructuras clandestinas”.
Reunión en la ciudad de la Gran Manzana que estaría presente el embajador Iván Velásquez, así como la fiscal General Thelma Aldana, el presidente del Organismo Judicial, Ranulfo Rojas, el ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara y la directora del Instituto de la Defensa Pública penal, Nydia Arévalo.
En los 11 años de operaciones de la CICIG en territorio chapín, por sus objetivos bien definidos y debidamente autorizados por los gobiernos que han antecedido, obligadamente se ha visto en la necesidad de inmiscuirse en los asuntos internos de los guatemaltecos, pero sobre todo del gobierno, pues de otra forma no hubiese obtenido los resultados que el mismo Jimmy Morales reconoció al principio de su gestión, por lo que la advertencia realizada al embajador Velásquez en 2017, está totalmente fuera de lugar.
La radical posición del presidente guatemalteco, ocurre tres semanas después de que el Ministerio Público del país y la CICG, presentaron dos solicitudes de antejuicio contra él y la diputada Nineth Montenegro, por del delito de financiamiento ilícito.
Acusación fundamentada en que el entonces secretario general del FCN-Nacional, en 2015, recibió aportaciones por más de 15 millones de quetzales, que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral, los cuales constituyen la figura de financiamiento electoral ilícito.
Denuncia interpuesta el 26 de febrero de 2018, por Paulina Paz Riera, colaboradora del Fiscalía General, quien junto con Olga Méndez eran representantes legales de la empresa Nova Servicios S.A., receptora del financiamiento clandestino de la campaña del ahora presidente.
Una acción legal que se intenta por segunda vez, pues el 25 de agosto de 2017, Jimmy Morales fue también acusado por el Ministerio Público y la CICIG, de mismo delito, que estaría en manos del Congreso Nacional, donde la petición de
retiro de la inmunidad Presidencial fue rechazada el 25 de septiembre y archivada por 104 votos en contra y 25 a favor.
En la nueva acción jurídica, se sustenta con nombres y empresas a seis importantes hombres de negocios guatemaltecos, como responsables de los apoyos ilícitos al ahora mandatario, que han reconocido su involucramiento en los apoyos bajo la mesa James (Jimmy) Ernesto Morales Cabrera, que se encuentra en un entredicho que pone en riesgo su futuro como gobernante, al demostrar su intolerancia y obstrucción a la justicia que lo investiga, apoyado en la fuerza de las armas que representan los altos mandos del Ejército en la Guatemala de triste historia por sus dictaduras militares, que permanecen detrás del poder civil.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y de Comunicadores por la Unidad A.C.