Las “juanitas” chiapanecas

En los días recientes, el Instituto Nacional de Elecciones (INE), ha descubierto que “Chiapas es una de las entidades de México, en donde más problemas se han presentado para cumplir las reglas de paridad y para evitar que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos políticos”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no se queda atrás al condenar “la violencia política contra más de 40 mujeres candidatas a puestos de elección popular, quienes tras haber ganado en los comicios del 1 de julio, han sido orilladas a renunciar a sus nuevos encargos para que sus lugares los ocupen hombres”.

Nada nuevo bajo el sol en Chiapas en cuestiones de violación al marco jurídico electoral, considerado como uno de los más avanzados del país, pues en las elecciones de 2015, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana local, permitiría se violentara la ley en materia de paridad de género, lo cual obligaría a la máxima autoridad federal en la materia, a obligar a renunciar a todos sus consejeros.

Esta vez, la historia empezaba a repetirse para marginar a las mujeres ganadoras de comicios en el proceso estatal, que permitió la renovación de alcaldes y ayuntamientos, lo mismo que diputados y gobernador.

Con la experiencia de hace tres años y con la alerta previa, el Consejo general del INE, detectó, la renuncia masiva inicial bajo presión, de 42 mujeres, a sus cargos de representación social, para cederlos a personas del sexo masculino.

Reacción inmediata del Instituto Nacional de Elecciones, que desplazaría varias de sus consejeras para investigar a fondo la situación y de paso organizar sobre la marcha un “Conversatorio Lucha por la Defensa de la Paridad”, con el IEPC chiapaneco, que esta vez no permitiría que la dependencia bajo la responsabilidad de Osvaldo Chacón Rojas, desde junio de 2016, pasara por alto el atropello a las mujeres políticas de la entidad.

Un funcionario, por cierto, de no muy buenos recuerdos para el actual gobernador electo, Rutilio Escandón Cadenas y tampoco para el todavía oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano (Sedatu-federal), Emilio Zebadúa González.

Sería en 2005, cuando Chacón, doctor en Teoría Política por la Universidad de Madrid, gracias a una beca que le otorgó su jefe y protector, Pablo Abner Salazar Mendiguchía, fue acusado públicamente por los entonces senador Escandón y diputado federal Zebadúa, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de favorecer al entonces secretario general de Gobierno, Rubén Velásquez, en su intención de ser candidato a la gubernatura, apoyado por el mandatario estatal.

Por aquellos días, fungía como presidente de la Comisión de Fiscalización Electoral de Chiapas (2005-2011), un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, desde donde acusaría a ambos legisladores del Partido del sol azteca, de realizar proselitismo anticipado a favor de sus aspiraciones a la gubernatura en 2006, por lo que fueron obligados a retirar, hace 13 años, su propaganda en espectaculares, spots de radio, prensa y televisión.

Los dos aspirantes perredistas, denunciarían al funcionario estatal, por abuso de poder. Emilio Zebadúa González, fue más allá, en cuanto a la conducta de Osvaldo Chacón Rojas:      

“El contralor y el resto de los integrantes de ese órgano, vienen actuando con la consigna de desplazar a varios actores rumbo a la contienda política, que sustituirá a Pablo Salazar Y ha quedado constancia en los medios de información de la línea de subordinación de Oswaldo Chacón con el secretario de Gobierno, Rubén Velásquez, quien tiene todo el interés por la gubernatura”.

Un historial, el del ahora titular del Instituto Electoral y Participación Ciudadana, demasiado comprometido con las administraciones de Pablo Abner y Juan Sabines Guerrero, pues se prolongaría en el cargo hasta 2011, en que se mantuvo como presidente de la Comisión de Fiscalización Electoral de Chiapas, para ocupar,  recomendado por su segundo jefe, la “Coordinación del Estudio Diagnóstico sobre Fiscalización Electoral del Proceso Electoral 2012”, de Instituto Federal Electoral.

Llama la atención que en el curriculum que divulga sobre su presidente el IEPC, no se refiera al cargo, en el sexenio que termina, de rector de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH), entidad del gabinete ampliado-descentralizado, del 4 de abril de 2014 al 30 de junio de 2015, donde sería señalado como presunto responsable de un fraude por cuatro millones de pesos y de crear grupos de choque para acallar protestas estudiantiles en su contra, sin que nada pasara en materia legal.

Y algo más delicado, que Osvaldo Chacón Rojas, estaba imposibilitado de ser consejero presidente del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Chiapas, por no cumplir con lo establecido por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que en su artículo 100, fracción J, advierte:

“No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación o como de las entidades federativas, ni subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno. No ser Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni Gobernador, ni Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos”.

Aún así, violando flagrantemente el marco legal, el presidente Lorenzo Córdova Vianello, y consejeros del Instituto Nacional de Elecciones, lo designaron por un período de siete años y especialmente como árbitro principal de los procesos electorales de Chiapas para 2018, y que el llamado fenómeno de las “juanitas”, ha sacado a relucir una de las irregularidades en los comicios del 1 de julio.

Estas candidatas ganadoras, la mayoría indígena, cuya última cifra dada por el INE quedó en 51, aunque se presume rebasan las 60, fueron vistas de inmediato por Lorenzo, presidente consejero a partir del 3 de abril de 2014, aunque con el mismo cargo en el antiguo IFE, desde el 8 de enero del mismo año, como un factor de riesgo muy importante en cuanto al tema de  la discriminación y racismo.

El riesgo de un escándalo mayúsculo por las presiones para despojar de sus triunfos electorales a un grupo de mujeres indígenas políticas, estaba latente en Chiapas y Córdova Vianello, no quería ser responsabilizado, sobre todo después de sus ofensas a un grupo étnico guanajuatense.

Un episodio que ocurriría en mayo de 2015, cuando  se revelaría una grabación telefónica en la que se burlaba de los representantes de una de las etnias del estado de Guanajuato, que un mes antes le solicitarían en su oficina, la creación de la circunscripción sexta para poder postular sus candidatos a cargos de representación popular.

Conversación con el secretario ejecutivo del órgano electoral, Edmundo Jacobo, haciendo referencia al líder indígena Hipólito Arriaga Pote:

“Había uno, no mames, no te voy a mentir, te voy a decir cómo hablaba este cabrón”: “Yo jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato. Yo decir aquí o diputados, para nosotros, yo no permitir tus elecciones”, para luego soltar la carcajada y continuar, “no sé si sea cierto que hable así ese cabrón, pero no mames: O vio mucho Llanero Solitario, con eso de toro cabrón, cabrón, no mames, sólo le faltó decir yo gran jefe toro sentado, líder gran nación Chichimeca, no mames, no mames, está de pánico cabrón”.

Al ser descubierto, no le quedaría más que pedir disculpas a los indígenas de Guanajuato y hasta ahí.

Lorenzo Córdova Vianello, debería saber que la discriminación contra las mujeres indígenas con aspiraciones políticas, no son nuevas y que “tradicionalmente” han sido utilizadas por los gobernantes y dirigentes partidistas como anzuelo electoral, pues una vez que en base a su popularidad ganan, inmediatamente han sido obligadas a abandonar los cargos obtenidos, para ser ocupados por hombres.

Esta vez han sido los Partidos Verde Ecologista de México (PVEM), Podemos Mover a Chiapas (POMOCH), Chiapas Unido (PCHU), así como el Revolucionario Institucional (PRI), los involucrados en este caso. 

Pero también, que se han dado situaciones por demás fuera de lugar del orden jurídico, como el haber permitido, primero, el registro como “candidatos indígenas”, del ex secretario de Hacienda del actual gobierno estatal, Francisco Pedrero Moreno y el ex secretario Técnico del Gabinete, Roberto Antonio Rubio.

Ambos ex funcionarios de tez blanca y sin ningún rasgo de grupo étnico, falsificaron documentos que los “avalaban” como integrantes de comunidades y aspirantes a una diputación federal.

Aún así, en Xalapa, Veracruz, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó los “triunfos”, considerando que las impugnaciones en contra de los dos ex miembros del gabinete chiapaneco, fueron presentadas a destiempo cuatro días, no obstante que tales posiciones debieron ser otorgadas a mujeres del grupo indígena Tojolabal.

Una rayita más al tigre de la impunidad y atropellos de los derechos políticos ciudadanos, con la venia de la máxima autoridad electoral del país (TEPJF), que bien podría ser reclamados por Lorenzo Córdova y sus consejeros del INE, y así evitar una injusticia más a los indígenas chiapanecos que representan una tercera parte de los cinco millones de habitantes del estado.

Pero quien quedaría también al descubierto con las arbitrariedades en contra de las “juanitas”, sería Humberto Morales Paniagua, secretario privado del mandatario estatal, quien en carta dirigida a Osvaldo Chacón Rojas, presentaría su “renuncia” a sus aspiraciones para ocupar una diputación local plurinominal, argumentando que “jamás será un obstáculo para que una mujer pueda ejercer sus derechos políticos”.

Así las

cosas, en el Chiapas patrio del 2018, donde todavía no se cierra este vergonzoso capítulo de la historia electoral estatal, como se comprueba con el escándalo originado por la discriminación hacia la mujer indígena y grupos étnicos en cuestiones de política, donde sus derechos siguen siendo irrespetados por quienes han hecho de la participación femenina en los cargos de representación popular, una promesa incumplida que debe ser sancionada severamente por la ley.

Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.

Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y de Comunicadores por la Unidad A.C.