Aplicación de la ley
Desde su llegada el pasado 16 de enero, a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, el magistrado Juan Oscar Trinidad Palacios, ha mantenido una conducta íntegra y permanente, así como de absoluto respeto a los miembros del Poder Judicial de la entidad.
En aquella ocasión, se comprometió a seguir impulsando una administración de justicia transparente, igualitaria, honesta y eficaz, advirtiendo que la justicia no se vende, no se compra, pues lo que queremos, subrayaría, es justamente seguir actuando con imparcialidad, respetando el trabajo y autonomía de los jueces y magistrados.
Un inicio claro, en el que exhortaría a dar continuidad a todo lo alcanzado hasta ese momento, por su antecesor Rutilio Escandón Cadenas, para fortalecer al Poder Judicial y consolidar el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Desde entonces y hasta ahora, su palabra empeñada se ha cumplido, al realizar también una tarea estricta de observación permanente en la aplicación de la ley, sin distingos, haciendo prevalecer el Estado de Derecho, en beneficio de la sociedad chiapaneca.
Lo conozco desde nuestros tiempos de estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de México, él en la Facultad de Derecho y yo, en la de Ciencias Políticas y Sociales. Lo recuerdo y bien, por sus sólidas convicciones en cuanto a la ética y el apego a las leyes para hacer realidad la justicia.
Por ello, no me sorprende que ahora, desde su encomienda como titular del Poder Judicial de Chiapas, haya dispuesto lo necesario para investigar de inmediato, todo lo relacionado con la liberación, el pasado lunes 29 de octubre, del feminicida confeso, Omar Fernando Rosales Toledano, ordenada por la jueza Isabel Alvarez Ramos, titular del Juzgado Penal de Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas.
Pronta respuesta a la inconformidad ante tal decisión, planteada por la Fiscalía General del Estado, a cargo de Raciel López Salazar, la tarde del mismo día, a la que se sumaron enérgicamente Juan Carlos Flores y Guadalupe del Carmen Ramírez, padres de Viridians Flores Ramírez, la víctima mortal de Rosales Toledano, además de las protestas de organizaciones feministas de la entidad.
Recibiría en sus oficinas el titular del Poder Judicial, a las cuatro de la tarde con 40 minutos del martes 30, a don Juan Carlos y doña Guadalupe, a quienes prometió que se hará justicia y que el asesinato de su hija no quedará impune.
Una historia que tiene como protagonista principal a la jueza Isabel Alvarez Ramos, con más de 25 años de carrera profesional en las filas del Tribunal Superior de Justicia, al incurrir en la emisión a las 11 de la mañana, de un dictamen absolutorio, que motivó de inmediato el envío de un actuario al centro penitenciario de El Amate, donde se encontraba recluido el acusado, con la orden respectiva de liberación, la cual fue acatada y ejecutada a las dos de la tarde del mismo lunes 29.
Encendido de los focos rojos en la oficina principal de la Fiscalía General, ante la prisa de la autoridad judicial para determinar la libertad de Omar Fernando Rosales Tirado, quien el 4 de junio de 2013, asesinara en San Cristóbal de las Casas a Viridians, su pareja con la que procreó un niño, que por entonces no cumplía el año de nacido.
Al tener conocimiento de la determinación de la jueza Alvarez Ramos, el fiscal General Raciel López Salazar, daría instrucciones por la noche del lunes, al fiscal de Homicidio y Feminicidio, Luis Alberto Sánchez Sánchez, para que diera a conocer el rechazo inicial a tal resolución, considerando que causa agravio no solamente a la familia de la víctima, sino también a todas las mujeres de Chiapas.
Posicionamiento oficial, en el que se ratificaría que la institución del Ministerio Público, aportó en todo momento pruebas suficientes que acreditan la responsabilidad penal de Omar Fernando Rosales Toledano, por lo que se interpondrá el recurso de apelación, una vez que el Juzgado Penal de Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, realice la notificación legal correspondiente, el próximo lunes 5 de noviembre.
Información de la FGECH, de que a las nueve de la mañana del lunes 29 de octubre, se realizó la audiencia de Derecho, en la cual tanto el Ministerio Público como la defensa del acusado, manifestarían si ratificaban, modificaban o ampliaban sus respectivas conclusiones.
De acuerdo con lo reportado oficialmente por el fiscal de Homicidio y Feminicidio, la audiencia apenas si duró 40 minutos, pasando por alto lo dispuesto por el artículo 331 del Código de Procedimientos Penales del estado de Chiapas, vigente al momento en que ocurrieron los hechos, que concede a la jueza Isabel Alvarez Ramos, 15 días hábiles a partir del lunes 29 de octubre, para dictar la sentencia correspondiente, a más tardar el viernes 23 de noviembre.
Vendría el extrañamiento hacia la funcionaria del Poder Judicial, en el sentido de que muy poco tiempo después de haberse cerrado la audiencia de Derecho, resolviera con una resolución favorable, ordenando la inmediata libertad de Omar Fernando Rosales Toledano.
Otro detalle aportado por la Fiscalía General del Estado, es que apenas el pasado 23 de octubre, la jueza Isabel Alvarez Ramos, recibió el expediente penal integrado por ocho tomos y más de seis mil fojas, las cuales, por lo ocurrido, analizó en un tiempo record para poder resolver este lunes 29, a favor del acusado de feminicidio.
Por ello, el fiscal Raciel López Salazar, daría instrucciones al fiscal de Combate a la Corrupción, Rogelio Estrada Helería, para evaluar la sentencia emitida y determinar si algún servidor público de cualquier institución, haya incurrido en alguna acción u omisión, para que se proceda conforme a Derecho.
Correspondería a María Itzel Ballinas Barbosa, secretaria ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, dar a conocer a la opinión pública la posición de la institución con respecto a la sentencia absolutoria a favor del homicida Omar Fernando Rosales Toledano.
Subrayaría, en relación a la causa penal 28/2018, que “es importante hacer de su conocimiento que todos los procesos judiciales tienen sus ritmos, sus tiempos y sus instancias. Esta sentencia en el caso que nos ocupa, no es definitiva, toda vez que existe la posibilidad de las partes para interponer el recurso de apelación, y en contra de esta misma, cabe el juicio de amparo directo”.
Explicaría la funcionaria que el Consejo de la Judicatura es un órgano encargado, entre otros, de la vigilancia y disciplina del personal al servicio del Poder Judicial del Estado, por lo cual, ante los hechos y conforme a lo dispuesto en la normativa, ordenó de inmediato una investigación, instruyendo a la Coordinación de Visitaduría, conformada por un grupo de magistrados expertos, dedicados a revisar el debido proceso, a realizar una visita extraordinaria al juzgado de la causa penal de referencia
Vendría la revelación: “Como resultado preliminar de la visita, se determinó que existen elementos suficientes para suspender en sus funciones, en los términos que marca la ley, a la jueza Isabel Álvarez Ramos, así como a la Secretaria de Acuerdos y a la Actuaria, por la probable responsabilidad en que pudieran haber incurrido en el desempeño de sus funciones, toda vez que se advierten indicios de actitudes extrañas e inusitadas, entre otras anomalías, por parte de las funcionarias referidas, que se hicieron constar en el acta respectiva, mismas que servirán para la determinación final por parte de este Consejo”.
Y la aplicación de la ley a quien la ha violentado: “El propio Consejo de la Judicatura determinó inmediatamente, iniciar el procedimiento de responsabilidad en contra de la jueza Isabel Álvarez Ramos y el personal mencionado, para determinar el grado de responsabilidad que pudieran tener y que dé lugar a la suspensión definitiva, y en su caso, dar la intervención al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones”.
Mensaje del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Oscar Trinidad Palacios, en el que ratificaría su compromiso con la sociedad chiapaneca, de impartir justicia y combatir la impunidad, evitando en todo momento actos de corrupción en la institución a su cargo.
Aplicación de la ley sobre la marcha en este caso protagonizado por la jueza Alvarez Ramos, que evidencia un claro ejemplo de presunto abuso de poder e impunidad dentro del Poder Judicial estatal, que debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias.
La separación del cargo dispuesto por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, es el primer paso de aplicación de la ley en contra de quien la ha violentado en San Cristóbal de las Casas, por motivos que ya se investigan a fondo, dada la trascendencia de una resolución que no se apega a Derecho.
Será hasta el lunes próximo, cuando la Fiscalía General del Estado y los padres de la víctima, estén en estricto apego a la norma jurídica, en la posibilidad de impugnar la resolución de la autoridad judicial.
En base a ello, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia intervendrá de inmediato para dictaminar la orden de reaprehensión de Omar Fernando Rosales Toledano, la cual será turnada a la Fiscalía General del Estado, que elaborará la Ficha Roja para clasificarlo como prófugo de la justicia chiapaneca, que le permitirá solicitar la colaboración de las instancias de procuración de justicia en el territorio nacional, así como de la Interpol, dentro y fuera del país.
Juan Oscar Trinidad Palacios, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas y Raciel López Salazar, fiscal General del Estado, seguramente cumplirán con sus propósitos de hacer que la ley se aplique de manera ejemplar, en este caso de libertad injustificada de un feminicida en la entidad, que resulta inédito.
El reclamo social así lo establece
y ordena, para que a la brevedad Omar Fernando Rosales Toledano, sea detenido y encarcelado para que pague, como lo establece el marco jurídico vigente, por el crimen de Viridians Flores Ramírez.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y Comunicadores por la Unidad.