Militarizada la seguridad en México, desde 2000
Las dictaduras militares, han demostrado en la historia del mundo, ser el peor remedio para solucionar los problemas de los pueblos. Las experiencias de gobiernos sustentados en el poder de las armas castrenses, han sido nefastas en todos sentidos para las naciones que las han padecido, bajo el argumento de que su intervención serviría para proteger la democracia y la seguridad nacional.
Violación de los derechos humanos, represión, persecuciones, torturas, desapariciones forzadas, asesinatos, cancelación de libertades, derechos civiles, políticos y sociales, autoritarismo, corrupción en impunidad, como símbolos de un poder absoluto e incuestionable.
América Latina y El Caribe 14 de 20 países, acumulan la lista de ejemplos de estos sistemas producto de golpes de Estado, sustentados por lo general mediante el esquema de “Juntas militares”, surgidas bajo consignas de los poderosos intereses económicos y políticos de los Estados Unidos, para disponer a su antojo de las riquezas de la mayoría de las naciones del subcontinente o en contraparte, en menor escala, con el respaldo del antiguo bloque socialista.
Han predominado lo mismo en Argentina, que en Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
En México, las Fuerzas armadas se han constituido en factor clave para respaldar el ejercicio del poder civil debilitado, a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari y en especial desde 1999, cuando el sucesor Ernesto Zedillo Ponce de León, decreta el 4 de enero de 1999, la creación de la Policía Federal Preventiva, adscrita a la Secretaría de Gobernación, que integraba en un solo organismo adscrito a la Secretaría de Gobernación, a la Policía Federal de Caminos, Policía Fiscal Federal y Policía de Migración.
Surgimiento de esta nueva instancia gubernamental, ante la necesidad de combatir a una delincuencia organizada controlada por los cárteles de las drogas de las Regiones del Pacífico y del Golfo de México, que empezaban a convertirse en una grave amenaza para la paz social, al disputar cada vez con mayores tintes de extrema violencia el territorio nacional.
Pero sería hasta el año 2000, cuando Vicente Fox Quesada formalizaría con ese propósito, la participación del Ejército y de La Armada, al fundar la Secretaría de Seguridad Pública.
Una decisión que en principio se enfrentó al dilema, de dónde obtener los elementos capacitados en el uso de las armas, necesarios para llevar a cabo las tareas de la nueva institución federal.
Me tocaría vivir muy de cerca en la ciudad de México, esta transformación de lo que en principio se proyectó en el papel para ser conformada por personal civil, pero ya en la práctica para dar cabida a miles de soldados y marinos, acostumbrados a acatar órdenes, más no a razonar la importancia del respeto a un Estado de Derecho.
A 18 años de distancia, su crecimiento más no efectividad, se refleja en una nómina de 40 mil efectivos de campo y administrativos, la cual operaría como Secretaría hasta 2013, en que el Presidente Enrique Peña Nieto, la transfiere nuevamente como una Corporación perteneciente a la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación.
Se evidenciaría entonces el fracaso de la Secretaría de Seguridad Pública, a la que se encomendaría “salvaguardar la seguridad interna del país, así como proteger la integridad y derechos de los ciudadanos, prevenir la comisión de delitos y desarrollar la política de seguridad pública del Poder Ejecutivo Federal”.
La ofensiva de las mafias del narcotráfico, para hacer sentir su poder de reto al Estado, surgiría a mediados del sexenio de Vicente Fox Quesada, al empezar a aparecer en Acapulco y otras ciudades importantes, cadáveres mutilados dentro de bolsas de plástico o de plano colgados de puentes peatonales, con mantas alusivas que anunciaban el recrudecimiento de las pugnas internas de esta delincuencia organizada.
Agravamiento de la situación en el sexenio siguiente de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, el que sin medir las consecuencias, decide como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, sacarlas de sus cuarteles, para iniciar una guerra frontal al narcotráfico, que 11 años después ha acumulado más de 100 mil muertes, la mayoría de gente que quedaría entre el fuego cruzado o las investigaciones militares y civiles siempre secretas, que finalmente se convertirían en desapariciones o en la acumulación de víctimas en fosas clandestinas.
Daría comienzo entonces las violaciones al orden jurídico por parte de soldados, marinos y jefes, que se justificarían en la ignorancia de los elementos castrenses, en materia de derechos humanos, al realizar tareas que constitucionalmente han estado circunscritas a las Corporaciones Policíacas del Poder Civil.
En abono de su participación, desde aquellos días se argumentaría que obedecía a la insostenible corrupción e incapacidad de las Policías, para cumplir con su desempeño de salvaguarda de vidas y patrimonios de la sociedad, por lo que de manera paralela el Ejército y La Marina, para solucionar estas lacras, se encargarían de capacitar e incorporar nuevos elementos a esta fuerza pública civil.
Denuncias permanentes de abusos de todo tipo hacia la población, que no sancionarían aunque se aportaran pruebas, ya que los casos eran atendidos por la Procuraduría de Justicia de las Fuerzas Armadas, con lo que en automático los militares se convertían en juez y parte, que en muy contados casos merecieron castigo.
Transcurrir de 11 años fuera de sus cuarteles, que han impactado en la imagen de las fuerzas castrenses, al ser contaminados mandos importantes, por la corrupción fomentadas por los cárteles de las drogas o al cometerse graves atropellos a los derechos humanos, así como crímenes a manera de ejecución, como ocurriría en la madrugada del 30 de junio de 2014, en una bodega ubicada en el municipio de Tlatlaya, estado de México, donde elementos de la 22 zona militar, asesinarían a 22 personas, como lo revelaría en su momento una sobreviviente de la acción extralegal.
El 14 de julio de 2015, el juzgado sexto militar dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones militares, a seis de los siete soldados involucrados en los asesinatos, en los que se argumentó que habían actuado en legítima defensa, no obstante haberse demostrado en los peritajes judiciales civiles correspondientes, que las víctimas habían sido fusiladas. El séptimo de los acusados, sería condenado a un año de prisión por el delito de desobediencia, en instalaciones carcelarias del Ejército.
Muchas son las historias de abusos impunes acumuladas, que han quedado impresas en el papel de los periódicos de México y el mundo que han dado cabida a las denuncias de una sociedad expuesta a demasiadas situaciones de indefensión, frente al poderío militar detrás el poder civil.
El haber sacado a los militares a las calles en todo el país, no ha resuelto la inseguridad y la violencia en México, como consecuencia del poder ilimitado de los grandes capos de la droga, sustentado en sus amplios mantos corruptores, que se ha puesto de manifiesto en la facilidad que han tenido para entrar y salir de las “prisiones de alta seguridad” encomendadas a la Policía Federal Militarizada.
Haber creído que en México, la respuesta inteligente para crear muevas y profesionales Corporaciones Policíacas en el país, mediante adiestramiento por parte de las Fuerzas Armadas, ha resultado el mayor error cometido por el Poder Ejecutivo Federal, que incluso recomendaría a los gobernadores, el involucramiento directo de coroneles, vicealmirantes y hasta generales, como secretarios de Seguridad Pública no solamente estatales, sino municipales.
La participación de altos mandos castrenses como jefes de la seguridad pública en la provincia, llegaría a ubicarse en 26 entidades para 2017, teniendo como denominador común el fracaso, no solamente en el conocimiento de las tareas de seguridad, sino en su moralización de los agentes, al ser coptados por el crimen organizado, en mucho debido a sus bajos salarios, pero sobre todo por la ausencia de lealtad a la sociedad y a sus mandos.
Panorama completo de militarización para el resguardo de la seguridad y combate al narcotráfico en el territorio nacional, que ha enrarecido todavía más y llevado a extremos en determinadas Regiones de la República, donde las mafias de las drogas no solamente se han mantenido a la defensiva, sino a la ofensiva, al grado de atentar contra la vida de jefes y tropas.
Los militares han sido también protagonistas del poder político, pues no debe olvidarse que el último en ejercer la Presidencia de la República, fue el general Manuel Avila Camacho, de 1940 a 1946, quien sucediera en el cargo al también general Lázaro Cárdenas del Río, quien desconfiado de sus propios correligionarios de armas, crearía el Estado Mayor Presidencial, como ejército personal.
Desde entonces, este grupo elite de las Fuerzas Armadas, estaría a cargo de la seguridad personal del Jefe de la Nación en turno, hasta que de 1970 a 1976, el Primer Mandatario Luis Echeverría Alvarez, depositaría su confianza en agentes de la Dirección Federal de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, subordinando al EMP a guardias civiles, situación que no continuaría el sucesor José López Portillo, hasta Enrique Peña Nieto, pues ya el electo Andrés Manuel López Obrador ha anunciado la desaparición de este segmento de más de siete mil efectivos de la milicia, como su escolta, que supuestamente dejará de apoyar a los miembros de su Gabinete.
Y dentro del involucramiento de Ejército y La Armada en la actividad civil, vale recordar también, que hasta finales de los 80 se cancelaría su injerencia en gubernaturas estatales, como las de los generales de división
Absalón Castellanos Domínguez, en Chiapas; Eliseo Jiménez Ruiz, en Oaxaca; Gracialiano Alpuche Pinzón, en Yucatán; Fernando Pámanes Escobedo, en Zacatecas y Rogelio Flores Curiel, entre otros, además de los espacios concedidos tanto en las Cámaras de diputados como de senadores.
Hoy, de nuevo la teoría y las estrategias de mentes proclives al fortalecimiento de la presencia militar en las calles, contradiciendo la promesa de campaña del entonces candidato Presidencial del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de que soldados y marinos retornarían a sus cuarteles, se anuncia la creación de la “Guardia Nacional”, para sustituir a la Policía Federal y Gendarmería, la cual estará integrada y dirigida por efectivos castrenses, para atender, ahora sí, el reclamo de la sociedad nacional, de vivir en un clima de paz y armonía.
La nueva clase gobernante que inicia actividades el próximo 1 de diciembre, cancelará de una vez por todas, el ordenamiento constitucional, de que la seguridad pública, deberá ser responsabilidad exclusiva y directa de civiles.
Exponer todavía más la imagen y respetabilidad de las instituciones militares, involucrándolas en tareas ajenas a sus cuarteles, hará más difícil la solución al problema de la violencia, la corrupción y la impunidad en México.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y de Comunicadores por la Unidad A.C.