El mito del asilo en la Frontera Norte
Concluye 2018 en medio de la peor crisis en la historia de la migración centroamericana, representada en los últimos meses por la avalancha de más de 11 mil seres humanos provenientes de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, que se han topado con el muro que simboliza el fracaso de la globalización económica mundial impuesta por Estados Unidos y que hoy mantiene en la explotación laboral, extrema pobreza, hambre, violencia, desempleo, inseguridad y narcotráfico.
Hoy, nueve mil se mantienen firmes en su intento de alcanzar “el sueño americano”, en la faja fronteriza de México, donde el muro de mil 200 kilómetros construido en los últimos 25 años por los diferentes gobiernos estadounidenses, se erige como obstáculo principal para acceder al territorio de la Unión Americana.
En los días en que la mayoría de los países democráticos del mundo condenan la intención del actual presidente republicano Donald Trump, de concluir con un costo de más de 25 mil millones de dólares, los dos mil kilómetros de edificación que faltan, la presencia en el lado mexicano de los empobrecidos migrantes provenientes de América Central, se ha convertido en un extraordinario drama humano y de pesada carga económica para los gobiernos estatales y federal, al carecer de la suficiente infraestructura y presupuesto para atender sus necesidades más elementales.
La respuesta de La Casa Blanca ante este fenómeno de desplazamiento humano sin precedente, ha sido simplemente la de enviar a sus soldados armados, para contrarrestar mediante la amenaza de disparar contra quien ose intentar introducirse en territorio norteamericano, para lo cual han reforzado con alambrados de púas y vigilancia permanente mediante drones, helicópteros y rondines de la Patrulla Fronteriza, con perros de ataque.
Más de dos mil de los inmigrantes han desistido y pedido la ayuda del gobierno mexicano para ser retornados a sus lugares de origen, obteniendo respuesta inmediata, mediante la utilización lo mismo aviones de la Policía Federal, Fuerza Aérea y autobuses, con lo cual se ha evitado mayor sufrimiento a familias completas que han traído consigo menores de edad.
Pese a las inclemencias del tiempo invernal que ha disminuido radicalmente la temperatura y afectado a quienes provienen de regiones de calor tropical más allá de los 30 grados, los desesperados hondureños, guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses, aguardan con cada vez mayor impaciencia la autorización para el ingreso al vecino país, que se ha permitido, pero de manera mínima.
Más aún, cuando Washington diera a conocer el pasado jueves 20 de diciembre, que los solicitantes de asilo a Estados Unidos, tendrán que esperar la respuesta en territorio mexicano, una vez que los gobiernos de Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador lo han acordado, “mientras se revisa caso por caso”, por lo que la nueva Administración Federal deberá otorgarles “visas humanitarias”, para permanecer en el país sin ningún problema legal.
Un nuevo mecanismo de subordinación, que fue aceptado oficialmente por el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubon, lo cual es interpretado por medios diplomáticos como un viraje sin precedente en las relaciones migratorias México-Estados Unidos.
Un cambio de normas impuestas al vecino del sur, como paliativo y promesa sin fecha de cumplimiento, para “atenuar” a Washington la pesada carga migratoria y “calmar” los ánimos, que en momentos se desbordan entre los oriundos del istmo latinoamericano y ponen en riesgo la seguridad en la Frontera Norte.
Lo interesante del asunto, es que la decisión adoptada por el presidente Trump, con la venia de su homólogo mexicano, ha sido puesta en práctica sin que hasta ahora esté de por medio el obligado documento protocolar, avalado por el Senado de la República.
Pero ello no interesa mucho a Washington, donde la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, ha calificado tal decisión como “histórica”, aunque con antelación se ha puesto en práctica, pues asegura que cuando un inmigrante se presenta en un puesto fronterizo estadounidense o es detenido al internarse ilegalmente, pasa a un centro de internamiento donde se hace una primera revisión de su caso y la autoridad determina si su situación de vulnerabilidad en su país de origen es creíble, y si lo es, queda en libertad mediante monitoreo o con una orden de presentación en el juzgado.
Una declaración en el tratamiento de indocumentados y solicitantes de asilo, que se contradice, ya que la misma funcionaria ha advertido que “aquellos que intenten entrar a Estados Unidos para pedir asilo, ya no serán liberados dentro del país, donde a menudo desaparecen antes de que un juzgado pueda determinar la validez de su demanda. Esos inmigrantes serán procesados por los servicios de seguridad como hasta ahora y se les entregará un citatorio en el juzgado, pero serán devueltos a México, con lo cual se da fin a la estrategia de Atrapar y Soltar, para ser sustituida por la de Atrapar y Devolver”.
La responsable de la Seguridad Nacional del vecino país del norte, revelaría que, “Estados Unidos tiene un atraso aplastante de más de 786 mil casos pendientes. Solo el año pasado, el número de solicitudes de asilo creció un 67% respecto al año anterior. La mayoría de estas demandas no lo merecen, de hecho, nueve de cada diez demandas de asilo son rechazadas por un juez de inmigración. Sin embargo, para cuando el juez ha ordenado que sean expulsados de Estados Unidos, muchos se han desvanecido”.
Kirstjen Nielsen ha informado en el final de 2018, que “en los últimos cinco años, Estados Unidos ha registrado un incremento del dos mil por ciento de ilegales, que declaran miedo creíble, porque muchos saben que les da una oportunidad de quedarse en nuestro país, incluso si no tienen un caso válido de asilo”.
Estimaciones del Departamento de Seguridad Interior estadounidense, establecen que anualmente, más de 200 mil inmigrantes recorren el territorio mexicano, con el propósito de internarse en la Unión Americana, cifra que en 2017 se disparó al detener la Patrulla Fronteriza y otras autoridades, 400 mil personas ilegales, mientras que en los últimos dos meses aprehendió a poco más de 100 mil.
Una ofensiva anti inmigrantes de la Administración Trump, que afecta a México, debido a que sin distingo de nacionalidad, la mayoría de los deportados devuelto por las garitas a territorio mexicano, sin contar con el consentimiento gubernamental, lo cual vulnera no solamente la soberanía nacional, sino la misma seguridad de los habitantes de las ciudades fronterizas, al carecerse de un control censal de la población extranjera y determinar los riesgos que representan.
Acciones unilaterales, reforzadas por el permanente discurso xenofóbico del magnate inmobiliario, habilitado de mandatario de la nación líder del mundo, quien reitera que su Frontera con México es caótica por la presencia de inmigrantes delincuentes, magnificando sus calificativos especialmente al registrarse las caravanas masivas recientes.
Discriminación de quien gobierna la Unión Americana, que desde ahora hace difícil la perspectiva de otorgamiento del asilo a los más de nueve mil centroamericanos hacinados en albergues oficiales en la ciudad de Tijuana, por un tiempo que desde ahora se considera peligrosamente indefinido y que podría agravarse en cuanto a la conducta de inconformidad que manifestarán de manera riesgosa para la seguridad local, los migrantes extranjeros, que intencionalmente serán obligados a esperar meses o años, el turno correspondiente.
Situación, que el próximo mes de enero se agravará, al arribar más caravanas de gente de las cuatro nacionalidades involucradas, como la que ha partido desde Honduras en los últimos días de diciembre, para internarse por Chiapas a territorio nacional y transitarlo hasta llegar a la Frontera Norte, con la intención de hacer todavía más presión sobre La Casa Blanca, para atender con mayor prontitud sus demandas de internación legal, utilizando la figura jurídica del asilo.
En automático, luego de la aceptación de las condiciones del Departamento de Estado norteamericano, México reafirma la condición de traspatio de Washington, al delegar al gobierno azteca la obligación de asumir control del orden de los migrantes, mientras se determina su aceptación o rechazo.
Fiel al estilo actual de los dimes y diretes de los funcionarios, líderes partidistas y del mismo Jefe del Ejecutivo Federal, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Gobernación, Tonatiuh Guillén, ha afirmado que para cumplir con lo dispuesto por el gobierno de Donald Trump, se hace necesaria una reforma de la Ley de Migración, que permita recibir en territorio mexicano a extranjeros que soliciten asilo en Estados Unidos.
Contradice a lo manifestado por la Cancillería, de que México permitirá que las personas extranjeras permanezcan en territorio nacional bajo la condición de “estancia por razones humanitarias”, que pretende, aún sin actualizar la norma constitucional, convertirse en una medida que permitirá al migrante entradas o salidas múltiples de territorio nacional, cuando sean requeridos por las autoridades estadounidenses.
Incluso el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de electo, antes de su toma de posesión el 1 de diciembre, declararía en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que su gobierno sería solidario con los centroamericanos, no solamente permitiendo su estancia legal, sino otorgándoles empleo, lo cual motivaría el rechazo de la mayoría de los extranjeros en tránsito, argumentando que los salarios que se pagan aquí son muy bajos y por eso mantendrán su intención de cruzar a Estados Unidos, al precio que sea necesario.
Hay convicción, por la experiencia de miles de sus compatriotas que les han antecedido en el intento, de que el muro que se ha construido para definir
los límites binacionales de México y Estados Unidos, no es obstáculo que los detenga, considerando que la terminación, en el supuesto caso de que le sean otorgados los recursos suficientes a Donald Trump, llevará todavía muchos años.
Una elevada valla metálica ,que se empezó a levantar en el gobierno demócrata de Bill Clinton en 1994, y que comienza en la playa de Tijuana y se prolonga hacia el este, hasta llegar a Tecate y Mexicali, yendo más allá en los estados de California, Arizona y Nuevo México, actualmente vigilado por sistemas sofisticados de cámaras con sensores térmicos, de rayos x, bajo la responsabilidad de más de 20 mil agentes de la Patrulla Fronteriza y en algún momento de la Guardia Nacional.
Donald Trump está obsesionado por terminar con este muro de la ignominia y decidido a todo tipo de chantaje al Congreso estadounidense, para cumplir con su principal promesa de campaña, que ratifica con vehemencia rumbo a su intención de ser ratificado a una reelección al concluir su cuatrienio.
En el inicio de su gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no deberá permitir el sometimiento de la soberanía nacional, como ya lo ha adelantado su homólogo de Washington, en un tema que si bien es cierto atañe de manera solidaria, pero la responsabilidad principal es de Estados Unidos, al imponer al mundo y especialmente a Centroamérica, su estrategia empobrecedora y radicalmente aniquiladora, de Globalización de la Economía Mundial, que también por supuesto afecta severamente a México y aumenta el riesgo de más exportación de connacionales, miles de ellos chiapanecos.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y de Comunicadores por la Unidad A.C.