Sinar, la ejecución de una voz de protesta
Desde Arriaga, en la Costa de Chiapas, su voz se volvió molesta para la gente del poder, porque hablaba con la verdad, por los sin voz, con el valor civil que le caracterizó y le identificaba como una de las más críticas en la entidad de Belisario Domínguez, el prócer de la libertad de expresión en México.
Una bala, disparada por un profesional del crimen, fue suficiente por la noche del pasado jueves 3 de enero, para dar fin, en pleno centro de la ciudad, a la vida de un luchador social, que lo mismo protestó antes y después de la destrucción en 2013, del mercado de gran valía arquitectónica de la ciudad, “Belisario Domínguez”, construido en el primer año de gobierno del doctor Manuel Velasco Suárez (1970-1976), que también encabezaría las justas demandas por mejores servicios de agua potable y drenaje de la Ciudad de los Vientos o de mejores servicios de salud para la población desamparada.
Sinar Corzo Esquinca, abanderaría la causa de los damnificados del terremoto del 7 septiembre de 2017, que afectaría severamente a miles de familias de Arriaga, Tonalá y Pijijiapan, que un año cuatro meses después, siguen aguardando que se cumpla el compromiso de reconstrucción de viviendas, escuelas y centros de salud.
Personaje combativo y combatido, que junto con compañeros de su lucha, sería encarcelado por el gobierno estatal, bajo los cargos de motín, asonada, rebelión, alteración del orden social y asociación delictuosa. Ante la falta de pruebas, Sinar y sus “cómplices”, tuvieron que ser liberados.
Un líder nunca de extremos, pero sí de demandas precisas, como las reiteradas a favor de quienes perdieron sus viviendas y patrimonios, en la primera semana de septiembre de 2017, por lo que desde la esfera del poder gubernamental, sería advertido que de mantener su posición, sería nuevamente privado de su libertad, antes del proceso electoral del 1 de diciembre de 2018.
En esa ocasión, Corzo Esquinca daría a conocer una declaración grabada en video, en la que fijaba su posición: “Si el gobernador del estado no ha entendido que los defensores civiles somos ciudadanos que lo que procuramos es ayudar a nuestra comunidad, que lo que procuramos es ayudar al gobierno para que los conflictos sociales encuentren un cauce institucional y su solución, estamos perdidos.
“Los defensores civiles no somos agitadores ni delincuentes. Somos ciudadanos que ayudamos a otros ciudadanos a luchar para resolver sus problemas que tiene que ver con su dignidad como personas, como es el caso de sus casas que debieron de recibir por parte del gobierno.
“Pero si el gobernador del estado me manda a decir: Te voy a meter preso por defender la causa ciudadana, yo le digo, señor gobernador, si usted suelta los leones, usted amárrelos, es su problema. Usted como gobernador es responsable de la vida de los damnificados. Usted como gobernador es el responsable de que a esas pobres gentes se les entreguen los recursos que se les adeudan para las obras. Usted como gobernador, es el que ha desviado los recursos para los damnificados, para apoyar sus campañas de sus candidatos. Esa es la realidad”.
Advertía entonces al mandatario estatal Manuel Velasco Coello: “No es a garrotazos, ni deteniendo a los dirigentes que de buena fe acompañamos al pueblo, como va a usted a resolver el problema que usted solito se ha metido señor gobernador.
“No es con amenazas con los que hemos levantado las banderas apoyando al pueblo. Mi casa está en pie. De mi casa yo me encargo. No quiero un peso para mí, de eso yo me encargo. Es la casa de las gentes que no tienen techo. Es la casa de los que ahora con los tiempos de agua, están sin techo y atención. A ellos, lo que hay que darles es el apoyo que merecen”.
Sinar argumentaba: “Ayer vinieron las personas de Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, territorial y Urbano), a decirnos que el 60 por ciento que al gobierno federal correspondía dar a los damnificados ha sido entregado, y que si algo se debe para pagarles en su tarjetas de debito es responsabilidad del gobierno del estado. Eso ocurre porque usted gobernador, no se los ha dado y lo ha desviado.
“Está usted muy equivocado. No va a tener usted tantos garrotes para poder garrotear a los cuatro mil damnificados de Arriaga, así como a los de Tonalá y a los de Pijijiapan. Olvídese, no es a garrotazos. No es una dictadura a su medida”.
“Le digo: Yo ya me retiré. Si usted cree que agarrándome preso a metiéndome a la cárcel es como va a resolver el problema de los damnificados de Arriaga, yo me retiro del movimiento. Vale más mi libertad. Yo ya colaboré con usted. Ya le ayude a destrabar el tema del mercado, el de la carretera, de la clínica”.
Sinar Corzo Esquinca, dejaría en claro su participación como luchador social: “De parte de los defensores civiles, su gobierno lo único que ha recibido de nosotros es colaboración positiva para atender los problemas del pueblo. Es una chingadera que a cambio nos mande a ofrecer cárcel y garrotazos.
“No señor gobernador, existe un Chiapas profundo que tiene dignidad y que por supuesto no representa su pantalla de candidato Eduardo Ramírez Aguilar. En Chiapas existe dignidad, y una parte de esa dignidad, la tengo yo en mi corazón. Hasta ahí el pleito. Si usted me ofrece cárcel, yo le digo arregle su asunto, yo me retiro. Pero lo hago responsable a usted de la vida de la seguridad y de las casas y patrimonios de mis compañeros y compañeras arriaguenses, que usted ha despojado, que usted ha robado el dinero de los damnificados para sus campañas, para apoyar sus candidatos, para darles docenitas de láminas o costales de cemento a los que voten por Parada, por Lencho o por Noé López Duque, que son los que usted ha consentido, y que en los eventos públicos la gente ha calificado de mentirosos y tramposos”.
Un mensaje de poco más de siete minutos, que con su asesinato adquiere mayor trascendencia, en el que afirma que “la gente de Chiapas tiene dignidad y yo soy uno de ellos, pero también ya estoy viejo para ir a la cárcel. Adelante, le doy la prioridad. Si a la cárcel vamos, primero va usted mi amigo, primero va usted. Yo me retiro y a ver como amarra usted a sus tigres.
“Ahí la dejamos, Yo seguiré luchando por mi pueblo y les ratifico lo que siempre les he dicho: Todo movimiento que los defensores civiles encabezamos, hemos dado garantías a los funcionarios, de que no serán retenidos, de que no serán amarrados, golpeados, de que no será vejada su dignidad.
“Esas mismas garantías que nosotros les hemos ofrecido a sus funcionarios, son las mismas que usted voltea. Nos ofrece daños, cárcel y palos. No hay equidad. Nosotros no negociamos bajo amenazas. Nosotros ni lo amenazamos, ni aceptamos sus amenazas.
“Ya le informamos: Atiéndalo usted. Yo, me voy a mi rancho. Usted creó el problema, usted resuélvalo. Ya deje de chingar a los chiapanecos. Con todo respeto señor gobernador. Ni una palabra más”.
El atentado que ha costado la vida a Sinar Corzo Grajales, se suma a la lista de indeterminado número de luchadores sociales urbanos y rurales, que han muerto por defender causas populares, de comunidades ancestralmente marginadas, víctimas de caciques, de gobernantes o de poderosos intereses de empresarios privados que han atentado contra el patrimonio indígena-campesino, como lo harían las mineras Caracol y su “socia” canadiense Black Fire, con el apoyo del gobernador Juan Sabines Guerrero, en Chicomuselo, en la Sierra Madre de Chiapas.
Ahí, el 27 de noviembre de 2009, sería acribillado en la puerta de su casa (matones dispararon a quemarropa y huyeron a bordo de una moto), el líder del movimiento antiminero, Mariano Abarca Roblero, cuyo crimen sería el detonante social que derivaría en mítines, marchas, plantones, bloqueos carreteros, pintas, denuncias públicas y movilizaciones cada vez más enérgicas, que obligarían al gobierno estatal a clausurar las instalaciones de Caracol y Black Fire, el 7 de diciembre de ese mismo año.
Una acción criminal, ocurrida luego de que con el propósito de desactivar la resistencia de los opositores a la explotación de sus riquezas, contando con la complicidad de las autoridades, las poderosas empresas mineras, acusaron a Abarca Roblero de haber incurrido en los delitos de “asociación delictuosa, ataques a las vías de comunicación, delincuencia organizada, atentado contra la paz, daños y perjuicios”, por lo que sería encarcelado el 17 de agosto de 2009.
Para entonces, Mariano Abarca Roblero y su movimiento, tenía el respaldo de organizaciones antimineras, que lograron la respuesta inmediata del entonces presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, que ordenó al gobernador Juan Sabines Guerrero, la libertad del popular luchador social.
Los autores materiales del atentado y sus protectores desde el poder, seguramente pensaron que el atentado sería intrascendente, considerando que Chicomuselo se ubica en la Sierra que divide a la Costa con la Planicie Central de Chiapas.
Caracol y Black Fire, habían iniciado desde 2003, la extracción de barita y titanio, provocando de inmediato contaminación de suelos, aire y ríos, lo cual sería denunciado ante las autoridades estatales, que harían caso omiso de la inconformidad que incluía daños a la salud de la población por las peligrosas substancias químicas utilizadas.
Para sus operaciones de explotación, una vez llevado a cabo las tareas de exploración y ubicar exactamente los yacimientos de los dos minerales, comprarían a la comunidad de 13.5 hectáreas, mediante promesas de construir una mejor carretera, centro de salud, un edificio para la Comisaría Ejidal, un parque y proyectos productivos, así como la creación de mil empleos, lo cual finalmente resultarían un engaño.
Surgiría entonces el liderazgo de Mariano Abarca Roblero, quien no cedería a las tentaciones millonarias ofrecidas por Caracol
y Black Fire, que según la vox populi, se convencerían que la mejor solución del problema, era eliminando físicamente al defensor de los campesinos-indígenas de Chicomuselo, orquestándose así su ejecución, sin que hasta ahora, nueve años después, se haya dado por la vía de la autoridad judicial, tanto estatal como federal, con los autores materiales e intelectuales.
Sinar Corzo Esquinca y Mariano Abarca, han pasado a la historia de Chiapas, como dos luchadores sociales, que al encabezar con gran valor civil, las mejores causas de sus conciudadanos, no dudaron en ofrendar su vida para hacer de Chiapas un estado donde la justicia no siga siendo el derecho de minorías todopoderosas.
El gobernador Rutilio Escandón tiene hoy en sus manos el primer reto de hacer justicia, a menos de un mes de su Administración, para lograr el pronto esclarecimiento y dar con los responsables, del atentado que ha costado la vida a Sinar Corzo Esquinca.
Un crimen, que como lo ha afirmado el mandatario, no puede ni debe quedar impune y se hará justicia.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y Comunicadores por la Unidad A.C.