Aterrador desempleo federal
La tijera de la cesantía federal, ha empezado y hace realidad el proyecto de recorte de un 70 por ciento de los 258 mil trabajadores de confianza del Estado (de poco más de de millón y medio de burócratas), de acuerdo con el programa de reducción de la plantilla laboral, durante el sexenio 2018-2024.
Dentro de los 50 puntos de austeridad planteados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, desde antes de tomar posesión, la primera acción emprendida para adelgazar este rubro, es la cancelación de plazas de altos y medios mandos, que según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, constituían al cierre del primer semestre de 2018, un conglomerado de 69 mil 454 plazas, de los cuales la cesantía afectará en principio a 48 mil 618 personas.
Quienes, por lo pronto, no sean despedidos, se tendrán que sujetar a cambios que incluyen laborar de lunes a sábado, en sus horarios, prestaciones y salarios a la baja.
Aquellos que pierdan su trabajo, como ya ocurre desde la tercera semana de diciembre, tendrán derecho a una indemnización de tres meses de sueldo y 20 días de salario por cada año de servicio prestado, tal y como lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al convertir en jurisprudencia en febrero de 2016, el fallo que diera a favor de 16 mil trabajadores de confianza del Estado, que en 2015 corrían el riesgo de ser despedidos.
La desesperación de los primeros miles que han sido echados a la calle y la zozobra de quienes siguen en la lista del masivo desempleo en oficinas de gobierno federalizadas, no solamente de los de confianza, sino de base, en una especie de psicosis aterradora en las 319 instituciones de la Administración Pública Federal, donde tampoco los nuevos mandos han explicado los mecanismos a utilizar para evitar congestionamientos en el otorgamiento de servicios al público, así como el pago de las indemnizaciones.
Una estrategia de la nueva Administración Federal, que hasta donde se tiene información, se ignora el costo que tendrá monto total de las indemnizaciones, así como también del respaldo de la partida presupuestal correspondiente, para el pago del cese laboral de la dimensión programada.
Decisión del Jefe del Ejecutivo Federal, que por cierto no ha tomado en cuenta la experiencia de lo ocurrido con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, desaparecida por decreto Presidencial del 10 de octubre de 2009, en los días del gobierno panista de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, y con ella el “peligroso foco subversivo comunista” de los combativos trabajadores de la empresa mexicanizada por el Primer Mandatario Adolfo López Mateos, cuyas liquidaciones aún no concluyen por el alto costo de los juicios laborales, tipificados como despidos injustificados.
Lo que sí queda claro, es que como Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ha dado comienzo al mismo esquema que aplicó durante su período de cinco años de jefe de Gobierno de la ciudad de México, de disminuir sueldos y la estructura de la burocracia capitalina, para lo cual no requiere llevar a cabo un cambio constitucional, ya que se trata de posiciones laborales que dependen de él en su designación.
Sin embargo, por lo visto pareciera no haber dimensionado la diferencia entre los niveles de población burocrática de la Administración capitalina de entonces, con la gigantesca estructura laboral del Estado, con el agravante de que no existe, por lo menos así se observa, una evaluación precisa que respalde su iniciativa de la cesantía de empleados gubernamentales federales.
Otro dato por demás importante, es que frente al propósito Presidencial de disminuir sueldos, debajo de los 108 mil pesos mensuales que se ha auto asignado, así como prestaciones a los trabajadores de confianza, éstos se mantienen protegidos por el artículo 123 de la Constitución Política nacional, que establece que aunque no gocen del derecho a la estabilidad en el empleo, como los de base, disfrutarán de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social, entre ellos los servicios de salud, aguinaldos, bono por quinquenio, seguro de enfermedades y maternidad, riesgo de trabajo, préstamos para la adquisición de casa estipuladas en su apartado B, fracción XIV.
Para evitar el surgimiento de mayor número de frentes de inconformidad laboral, se ha adelantado que los trabajadores de base o sindicalizados, no serán afectados, pues hacerlo implicaría un elevado costo económico, dada su gran mayoría e incluso, en caso de demandas laborales, el pago de salarios caídos y la obligación del Estado de reinstalarlos bajo las mismas condiciones salariales antes de su despido.
En caso de ver violados sus derechos constitucionales, los empleados de confianza, podrán demandar.
La poda de esta parte importante de la burocracia federal, adquiriría tintes dramáticos, cuando a partir del 21 de diciembre, más de dos mil empleados del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en la mayoría de los estados del país, serían llamados durante las horas de mañana y tarde, para ser informados que a partir de ese momento dejaban de pertenecer a la plantilla laboral, por los nuevos jefes pertenecientes al nuevo partido en el poder, Morena.
Relatos semejantes de los desempleados, en cuanto a que sin aviso previo eran llamados por los jefes de Recursos Humanos, que sin mediar explicación les solicitaban su renuncia voluntaria, ya que de no aceptar serían cesados sin los pagos que ordena la ley, además de ser boletinados para evitar su recontratación en alguna instancia federal.
Los argumentos esgrimidos en defensa del empleo, en cuanto a que habían votado a favor de Andrés Manuel López Obrador para que fuese Presidente de México, de nada servirían, por lo que una vez consumada su separación laboral, externaban su decepción, por ser contraria a su promesa de ayudar a la clase trabajadora y no perjudicarla, como lo estaba haciendo con ellos.
De nada servirían las lágrimas derramadas por la desesperación y la impotencia de madres solteras, de hombres que pedían una explicación y una oportunidad para continuar laborando o de aquellos cercanos a los 60 años, conscientes de que fuera del SAT, no obstante su gran experiencia, la oportunidad de un nuevo trabajo es mínima tanto por la edad, como por las altas tasas de desempleo a nivel nacional.
Las súplicas de continuidad de hombres y mujeres, entre los que habían muchos jóvenes, chocaron con la frialdad y dureza de sus verdugos que se multiplicaron por todas la oficinas hacendarias de las ciudades más importantes de la República.
Había prisa por su desalojo, pues en los despidos masivos se pasaría por alto las celebraciones de la Navidad, a escasos tres días, que se transformaron para todos los afectados, en una pesadilla, al quedar sin la oportunidad del sustento para sus familias.
Primeras escenas angustiosas, lo mismo en la capital nacional, que en Tapachula, Los Mochis, Los Cabos, Tuxpan, Puerto Vallarta, Cuernavaca, Guanajuato, Guadalajara, Piedras Negras, Saltillo, Monterrey, Ensenada, Irapuato, Ciudad Guzmán, Tepic, Acapulco, Chihuahua, Puebla, Toluca, Hermosillo, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí, entre otras.
Hasta septiembre de 2018, el SAT contaba con 35 mil 660 empleados, cuya nómina ascendía a nueve mil 309 millones 625 mil pesos. La plantilla la integran el titular de la institución; 13 administradores generales; 139 administradores centrales; 930 administradores; dos mil 776 sub administradores; cuatro mil 803 jefes de departamento; 17 mil 57 enlaces y nueve mil 942 operativos.
Brotaría de inmediato la inconformidad de los despedidos, que en grupos se desplazarían desde temprana hora, hasta plantarse frente a Palacio Nacional, para desplegar sus pancartas de rechazo, aprovechando que el Presidente Andrés Manuel López Obrador su conferencia de prensa diaria, de las siete de la mañana.
Desde su tribuna personal en la sede del Poder Ejecutivo Federal, respondería que ordenaría de inmediato investigar todo lo concerniente a los ceses, para evitar injusticias, mientras el coordinador general de Comunicación de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, precisaría que en ningún momento se estaba despidiendo a ningún trabajador de base, sino “solo a personal de confianza y a eventuales cuyas labores no son imprescindibles”.
Han sido los ministros, magistrados y trabajadores del Poder Judicial de la Federación, los primeros en interponer un amparo federal y ganarlo, para quedar protegidos en contra de las decisiones del Presidente López Obrador, lo cual en principio ha sido interpretado como un enfrentamiento entre ambos Poderes, al ser censurados frontalmente en su actitud de defensa de sus derechos, por el Ejecutivo, al que se ha sumado para hacer un frente común, el Legislativo.
Ante la ofensiva en su contra, por sus desacuerdos con la decisión Presidencial, el pleno de los ministros de la Suprema Corte y su presidente Luz María Aguilar Morales, solicitarían al Presidente Andrés Manuel López Obrador y al Poder Legislativo, respetar al Poder Judicial de la Federación: “Respetamos a los otros poderes y órganos del Estado en el ámbito de sus competencias y responsabilidades constitucionales, pero hoy más que nunca requerimos que nos respeten”.
Vendría el pasado 2 de enero, el cambio de liderazgo en el Poder Judicial y asumiría la presidencia el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien asumiría de inmediato la defensa de la independencia de la institución, así como una posición conciliadora, para iniciar un diálogo constructivo y fructífero con los otros dos poderes de la República.
Precisión, de que “independencia no es aislamiento; independencia no es intolerancia; independencia no es romper el diálogo. Dialogaremos siempre, partiendo del supuesto de la defensa de nuestra independencia”.
En
cuestión de menos de una semana, el Pleno de los 11 ministros de la Suprema Corte, bajo la batuta de Zaldívar Lelo Larrea, demostraría su disposición de mejor entendimiento, al anunciar que reducirán 25 por ciento de sus salarios.
Una decisión que de manera global suma 60 por ciento, considerando la suma del descuento de 35 por ciento, del Impuesto Sobre la Renta al salario mensual neto de 269 mil 215 pesos, lo cual ubicaría su nuevo ingreso en 107 mil 686 pesos, o sea, 314 pesos menos que el Jefe del Ejecutivo Federal, aunque habría que considerar que no dejan en claro si incluirán en su recorte, los beneficios agregados, por prestaciones de ley, pago por riesgo de sus funciones, fondos y seguros de ahorro, seguro a la persona y condiciones de trabajo, vigentes en 2018, que acumulaban a su favor un total de 578 mil pesos al mes.
Dejan muy en claro que “las percepciones que reciben los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pueden ser diferenciadas ni pueden ser disminuidas por actos provenientes de los otros poderes, pero ello no impide que en ejercicio de su independencia y autonomía de gestión presupuestal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza una autorregulación de las remuneraciones de sus integrantes bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que la propia Constitución establece”.
Por lo pronto, el cese del movimiento de las aguas turbulentas con tintes de linchamiento hacia la Suprema Corte, de donde ha surgido la prudencia inteligente, por el bien de la estabilidad y armonía del país.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y de Comunicadores por la Unidad A.C.