Dictadura en Guatemala
A dos meses de cumplir 50 años de edad y a l2 de terminar su cuatrienio iniciado en 2016, James (Jimmy) Morales Cabrera, reafirma sus convicciones de aprendiz de dictador y extremista, al cancelar la presencia de la Comisión Nacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por considerar a sus integrantes, una amenaza para la seguridad nacional.
El excomediante de la televisión, evidenciando un grave desconocimiento del Derecho Internacional, decretaría de manera unilateral el pasado martes 8 de enero, la terminación del Acuerdo firmado en 2006 con la Organización de las Naciones Unidas, para ser coadyuvante en la lucha anticorrupción, que entre otros logros importantes haría posible el encarcelamiento y enjuiciamiento en septiembre de 2015, del general Otto Pérez Molina, el último gobernante militar en el vecino país al sur de México.
Una decisión visceral del presidente guatemalteco, que no soportaría la investigación en su contra, por presuntos delitos de deshonestidad, llevada a cabo de manera conjunta por el grupo de especialistas con rango diplomático, acreditados por la ONU ante el país centroamericano, a petición de de su gobierno, para actuar de manera coordinada con las autoridades judiciales del más alto nivel.
Los trabajos de la CICIG y funcionarios de la justicia guatemalteca, han alcanzado a más de 1000 sindicados o procesados que incluyen diputados de múltiples partidos políticos, funcionarios de cinco gobiernos, municipalidades, jueces, magistrados, militares, policías, empresarios, particulares, un Presidente de la República y su vicepresidenta (Roxana Baldetti Elías).
Un proyecto original de lucha contra la corrupción e impunidad en tierras chapinas, convertido en toda una realidad con resultados altamente positivos por el Ministerio Público, aún en casos complejos, al apoyarse en formas novedosas de responder a la criminalidad, con métodos modernos de investigación.
Todo un esfuerzo conjunto de la ONU y las diversas Administraciones guatemaltecas, que también han contribuido a la creación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad; la Unidad de Métodos Especiales y la Dirección de Análisis Criminal del MP, además de impulsar la implementación de herramientas como interceptaciones telefónicas, equipos de extracción de información forense y la figura del colaborador eficaz.
La transparencia en el ejercicio de las funciones atribuidas, como desde su creación hace 16 años, que consta a los habitantes del país centroamericano, se desarrollaría bajo los auspicios de los Poderes del Estado (Legislativo, Judicial y Ejecutivo), así como del Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos y del Sistema de las Naciones Unidas.
Pero finalmente, como ahora consta, la CICIG encontraría en Jimmy Morales, desde sus días de campaña y a partir de su toma de posesión como Presidente, el mayor obstáculo y amenaza para la continuación de su presencia en el territorio de Guatemala.
No ocultaría en ningún momento su animadversión hacia los miembros de la misión internacional de la ONU, por lo que comenzaría una guerra despiadada y sin fundamente, aún advertido por expertos en Derecho Internacional, en que de no frenar su conducta, tarde o temprano el país se vería involucrado innecesariamente en un conflicto con el máximo organismo mundial que aglutina a todas las naciones del planeta.
Así, después de varios intentos fallidos para expulsar a la CICIG, y avisado de que como mandatario estaba facultado para celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios internacionales, pero no para concluirlo parcialmente, ya que en este caso relevante firmado hace casi 16 años, la autoridad nacional aceptó que solamente las Naciones Unidas podrían hacerlo.
El empecinamiento por echar del territorio guatemalteco a los expertos internacionales, daría señales claras del propósito presidencial, dos días antes, el domingo 6 de enero, luego de la diligencia ordenada por la fiscal General, María Consuelo Porras, para permitir el ingreso de la investigadora de la ONU, Yilen Osorio, a las instalaciones del aeropuerto La Aurora, fue impedida por el director de Aeronáutica Civil, Francis Argueta.
Negativa del funcionario a una orden judicial, argumentando que a partir de esa fecha, los fiscales del Ministerio Público tendrán que hacer de forma obligatoria, los procesos establecidos en los protocolos de seguridad para ingresar a la terminal aérea, si la diligencia lo requiera.
Violación aberrante y anticipada de un Convenio Internacional y de las leyes del país, por parte de un empleado menor que obedecía la consigna del mandatario Jimmy Morales, al expresar las verdaderas razones de su conducta servil:
“En ningún momento estamos diciendo que vamos a dejar de colaborar con ellos. El único cambio es que no estarán más dentro del aeropuerto con una oficina física”, refiriéndose a la Fiscalía que combatía el lavado de dinero y narcotráfico, trata de personas y defraudación aduanera.
De nuevo, por el capricho del jefe del ejecutivo de Guatemala, la puerta abierta de par en par a la delincuencia organizada nacional e internacional, en la terminal aérea más importante del país, donde la acción de la CICIG y autoridades del país, lograron durante el tiempo de operación, el aseguramiento de un millón 623 mil 751 dólares; 438 mil 391 quetzales y 113 mil 915 euros, entre otras monedas.
Lucha frontal de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de la ONU, que haría posible la incautación de importantes cantidades de heroína, cocaína, anfetaminas, marihuana, seudoefedrina, armas de fuego y municipios de diversos calibres, lo mismo que la inmovilización de cuatro aeronaves, 115 personas aprehendidas infraganti y 160 operaciones conjuntas que incluyeron lavado de dinero, narcoactividad y crimen organizado, por citar algunos.
Un desenlace que aunque se temía, no se esperaba que el presidente Morales se atreviera a consumarla, lo cual ha desencadenado no solamente denuncias en el interior de Guatemala, en el sentido de que la eliminación de la CICIG en la lucha contra la corrupción, obedece a que el mandatario no quiere más señalamientos negativos en su contra, hasta que concluya su gestión, sin importar la violación al Estado de Derecho y a los tratados internacionales que hicieron posible la creación de esta Comisión a petición del gobierno chapín, con la aprobación del Congreso.
El convenio establecía que el grupo especial enviado por la ONU, tendría y así lo demostró durante su permanencia, “apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado de Guatemala encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos presuntamente cometidos con ocasión de la actividad de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos, y cualquier otra conducta delictiva conexa con éstos que operan en el país; así como en la determinación de sus estructuras, actividades, formas de operación y fuentes de financiamiento, promoviendo tanto la desarticulación de dichas organizaciones como la sanción penal de los partícipes de los delitos cometidos”.
Innecesariamente, James “Jimmy” Morales Cabrera, enfrenta la enésima crisis, ahora en el último año de un gobierno ya de por sí demasiado conflictivo debido a su soberbia y cerrazón abiertamente dictatoriales, que de persistir podría acortar sus tiempos en el poder.
La posición de la Conferencia del Episcopado de Guatemala, de ha manifestado de inmediato, para advertir que la confrontación en la que ha incurrido el mandatario, pone en riesgo el Estado de Derecho, además de externar su “enorme preocupación y gran indignación”, porque estos hechos son contrarios a los Acuerdos de Paz y a la demanda ciudadana del 2015 (año de elecciones presidenciales).
Los religiosos subrayaron su satisfacción y alivio, las acciones coherentes, realizadas a favor del interés del pueblo, por la Comisión Internacional Contra la Impunidad.
Condena abierta de los obispos guatemaltecos a la actual confrontación y polarización, propiciada por el jefe del ejecutivo nacional, pues con ellas se desperdician energías que deberían emplearse en solucionar los grandes problemas que enfrenta la nación, en salud, desempleo, educación, desigualdad social, entre otros.
Visión del futuro inmediato del alto clero, al citar el proceso electoral de renovación Presidencial y de otros cargos de representación popular, que está por comenzar en unos meses más, por el riesgo que existe de un empañamiento o aborto, como consecuencia de la crisis y por los intereses contrarios al bien común.
Hasta sus correligionarios de la Alianza Evangélica de Guatemala, dirigieron sus críticas al gobernante de religión protestante, convocándolo a la cordura y respeto a la Constitución.
Corriente generalizada creciente en el ámbito internacional, en contra de la decisión unilateral y arbitraria del presidente Morales Cabrera, de cancelar a la ONU el convenio que dio origen a la CICIG y que terminaba formalmente el 3 de septiembre de 2019, en la que se suman Estados Unidos, que expresa la preocupación de la Casa Blanca por el atropello y la indignación de los representantes del Congreso estadounidense, que han declarado persona non grata al guatemalteco.
Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto con el gobierno de Canadá, han patentizado su rechazo a la violación del Derecho Internacional llevado a cabo por el mandatario James “Jimmy”, durante los dos últimos años, en sus afán de menoscabar las capacidades de los expertos de la ONU y autoridades judiciales guatemaltecas, en su lucha contra la corrupción y la impunidad.
La Cancillería canadiense calificaría de exitosa la tarea en Guatemala de la CICIG, al promover la justicia y la rendición de cuentas en el país centroamericano y en la lucha para que los delitos no queden impunes. Habrá que recordar que Canadá es uno de los países donantes de los recursos
que ha utilizado la Comisión de la ONU, lo mismo que ha apoyado a los chapines en programas sociales y de desarrollo, desde 1976.
James “Jimmy” Morales Cabrera está hoy en el ojo de una tormenta que podría pronto convertirse en un huracán de magnitudes impredecibles, que no garantizarán el buen fin de un gobierno que ha dejado ir la oportunidad de mejorar a una de las naciones más atrasadas del continente, al mantenerse hundida en la extrema pobreza, inseguridad, violencia, hambre corrupción. Impunidad y delincuencia organizada.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y de Comunicadores por la Unidad A.C.