CFE, el despojo a la Nación
En este espacio hemos publicado desde hace varios años, el desmantelamiento y privatización de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al consumarse su entrega gradual al extranjero y a poderosos empresarios del país por parte de los Presidentes de la República, a partir de Carlos Salinas de Gortari.
Una historia perversa de despojo de sus bienes básicos a una Nación, hoy de más de 120 millones de habitantes, de los cuales un poco más allá de la mitad se encuentra en situaciones de pobreza agravada a lo largo de 30 años.
Ha correspondido destapar esta cloaca descomunal, a Manuel Bartlett Díaz, director de lo que queda de la paraestatal que todavía en 1992 proveía el 100 por ciento de electricidad al territorio nacional y que actualmente ha cedido el 50 por ciento de su producción a Corporativos extranjeros en mayor porcentaje, en la que se han incorporado en escala menor los de capital nacional, con todo tipo de privilegios y ventajas.
Lunes 11 de febrero, día dispuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, para revelar que de acuerdo a la Ley de la Industria Eléctrica promulgada en 2013, se establece que los contratos firmados con empresas privadas deberán de respetarse y estarán vigentes hasta 2039, lo que representará pérdidas para la CFE por 164 mil 220 millones de pesos.
Este nuevo marco legal, que deja a la CFE en calidad de gerente de las transnacionales, la ha obligado a crear una filial que hace el trabajo operativo y administrativo a sus propios competidores, sin que a estos les cueste un solo peso.
Hasta ahora se han incorporado al sistema eléctrico nacional 303 centrales de producción bajo este esquema de privatización, con regalías exorbitantes, además de que la empresa sobreviviente del Estado mexicano, se ha convertido simplemente en “Suministrador de Servicios Básicos”.
Como consecuencia de los compromisos adquiridos por los ex Presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, el gobierno de México dejó de construir centrales eléctricas propias y a cambio la Comisión Federal de Electricidad compró a productores externos esta energía a 31 nuevos consorcios.
Todo un engranaje oficial al más alto nivel, por demás sospechoso, que hizo posible que los productores externos obtuvieran sin ningún inconveniente, los permisos que les permitieron comercializar la energía excedente con tarifas de transporte muy bajas, todo ello por encima de las más elementales normas de concesiones.
Como “Suministradora de Servicios Básicos”, la CFE tiene la responsabilidad de proporcionar energía eléctrica a 44 millones de usuarios en la república mexicana. Una operación realizada con demasiados tintes de corrupción, al grado que esta subsidiaria tuvo pérdidas en 2018, del orden de los 119 mil 585 millones de pesos, que seguramente deberán ser motivo de investigación por parte de la nueva Administración Federal.
Toda una serie de canonjías al inversionista privado por parte de la CFE, que está obligada por ley, a garantizar la compra de su producción, además de cubrir todos los costos por desastres naturales, mientras que en el ámbito rural, la paraestatal tiene a su cargo de manera exclusiva el suministro.
Hace tres décadas, la CFE era autosuficiente en la producción de electricidad para todo México. Al reformarse la constitución y permitir en ella la inversión privada nacional e internacional, se ha visto obligada a comprarle a todas las empresas que se han instalado en el país.
Normatividad jurídica a favor del capital Corporativo definidos como generadores privados, que tienen el beneficio de diferir sus entradas de operación sin penalizaciones, mientras la CFE debe pagarlas por incumplimiento de los contratos.
Con el respaldo de los acuerdos con la paraestatal, este sector empresarial ha obtenido y lo sigue haciendo, financiamientos para aumentar la capacidad de sus centrales, lo que les permite comercializar libremente el excedente de generación, sin un costo de inversión.
Evaluación del titular de la paraestatal, Manuel Bartlett Díaz, que le permite afirmar que el proceso de privatización iniciado a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, en base a la Reforma de la Ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica en 1992, dio comienzo el ingreso de productores extranjeros, que vendrían eliminar finalmente a los de la CFE.
Dato por demás relevante el revelado por uno de los funcionarios de mayor confianza del Jefe del Ejecutivo Federal, es el concerniente a que esta situación, comprometió a México a comprar todo lo necesario para las empresas públicas en licitaciones internacionales, que dio margen a la apertura ilimitada de importaciones, que hicieron quebrar a un elevado porcentaje de los fabricantes asentados con anterioridad en el país.
Apertura de la información gubernamental en la conferencia de prensa mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que reconocería que el deterioro de la CFE afecta a los mexicanos, porque se tiene que pagar más por la luz.
Desde que se entregó una parte importante del mercado a empresas particulares, acusaría, en vez de mejorar, hemos empeorado en esta materia. Son de los saldos negativos de la llamada política neoliberal que estamos enfrentando, como ocurriría con Petróleos Mexicanos, que también ha sido un rotundo fracaso.
Afirmación sin posibilidad de refutación por los involucrados, cuando asevera que estas empresas particulares abastecen el mercado con costos muy elevados, al grado de que México tiene que pagar más cara la energía eléctrica que la que se consume en Estados Unidos, y antes no era así.
A su pregunta de ¿qué ha sucedido?, el mismo Andrés Manuel la responde: “Se han hecho negocios jugosos al amparo del poder público, se han celebrado contratos leoninos, contratos para favorecer a particulares. Ultimamente se dieron contratos para la construcción de gasoductos, porque en este periodo se genera la mayor parte de la energía eléctrica con gas. Pero esos contratos que se entregaron, además de ser particulares, de ser privados los ductos, la Comisión Federal de Electricidad es la garante de la compra del gas, tiene el compromiso de comprar el gas”.
Y es aquí donde entra la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que impone una obligación privatizadora a la CFE, ya que en ningún momento puede ser propietario del transporte de combustible para generación (gasoductos), pues solamente se le permitirá arrendarlos, con pagos equivalentes a 86 mil 500 millones de dólares durante 25 años. En 2017 el alquiler de esta red privada fue de tres mil 500 millones de pesos, mientras que en 2018 ascendió a cinco mil 800 millones de pesos.
López Obrador pone el dedo en la llaga de la corrupción, pues según los contratos totalmente desventajosos para la CFE, si las obras no se pueden construir, como está sucediendo en siete grandes gasoductos, se tiene que pagar a las empresas privadas, aunque no haya gas.
Convenios que en ningún momento contemplan el pago de las transnacionales encabezadas por la española Iberdrola, por la utilización de la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad para la transmisión de la energía a los centros de consumo, y lo increíble, que la paraestatal tiene que subsidiar el mantenimiento de las generadoras particulares.
Sin citar a ninguno de los ex Presidentes de la República, que son realmente quienes han marcado la pauta en el desmantelamiento de la CFE, el Primer Mandatario responsabilizaría a ex funcionarios del sector energético de la afectación de las finanzas de la empresa oficial, calificándolos de inmorales, sobre todo también porque al terminar su desempeño en el sector público, se incorporan en dichos Corporativos, que los contratan como pago a los beneficios otorgados.
Correspondería a Manuel Bartlett Díaz, dar una relación de algunos de los ex funcionarios, que desde sus posiciones se beneficiarían de los vastos recursos de la CFE, encabezados por José Córdoba Montoya, ex jefe de la Oficina de la Presidencia en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, dueño de la empresa Proveeduría de Servicios de Energía S.A., de C.V.
Jesús Reyes Heroles González Garza, ex secretario de Energía y director general de PEMEX, en la Administración de Ernesto Zedillo Ponce de León, quien ejercería como presidente del Corporativo EnergeA, así como integrante de los Consejos de Energy Intelligence Group, Morgan Stanley Energy Partners, entre otros; Carlos Ruiz Sacristán, secretario de Comunicaciones y Transportes con el mismo mandatario, y luego presidente del Consejo y director general de North American Infraestructura Group, de Sempra Energy e IEnova.
Luis Tellez Kuenzler, secretario de Energía con Zedillo y de Comunicaciones y Transportes con Calderón Hinojosa, convertido posteriormente en asesor senior de Kohlberg Kravis Roberts; Alfredo Elías Ayub, director general de la CFE en los gobiernos de Vicente Fox, Zedillo y Calderón, actualmente consejero independiente de Avangrid.
Una lista en la que aparece el ex Presidente Felipe Calderón, quien fungiera como secretario de Energía de Vicente Fox, y después consejero independiente de Avangrid; Georgina Kessel Martínez, secretaria de Energía con Felipe Calderón, para pasar a ser consejera independiente de Iberdrola.
En la relación de empresas beneficiadas por los gobiernos reciente que les han antecedido, no se mencionó en ningún momento el nombre de Ricardo Benjamín Salinas Pliego, propietario de TVAzteca, actual consejero del Presidente de la República, que produce energía eólica y que en la actualidad le permite no pagar los consumos de todas sus empresas en el territorio nacional (televisoras, Salinas y Rocha, Banco Azteca y Elektra, entre otras).
Finalmente,
todo quedaría en un golpe mediático, porque el Jefe del Ejecutivo Federal, precisaría que se respetarán los contratos, como en el caso de los entregados para la explotación petrolera, argumentando que “no queremos actuar con ninguna medida que vaya a servir de pretexto para crear nerviosismos. Al final de cuentas va a ser decisión de las empresas, si ellos dicen: ‘No, no quiero’, no hay ningún problema. Nosotros vamos a buscar la forma de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad”.
Lo que estamos buscando, explicaría, es que se logre, en el marco de la ley, una reestructuración de acuerdos y de compromisos de manera voluntaria. Estamos exhortando a las empresas que tienen acuerdos con la Comisión Federal de Electricidad para que conjuntamente celebremos un convenio, se revisen contratos y, sobre todo, se haga el acuerdo de que no van a aumentar los precios de la energía eléctrica.
Una tarea nada fácil, dada la voracidad demostrada por las Transnacionales generadoras de energía eléctrica, que prácticamente se han apoderado del mercado nacional. El Estado mexicano tiene el compromiso de no aumentar los precios de la energía eléctrica a los consumidores, pero queremos que las empresas particulares ayuden en este propósito.
Adelanta que de ninguna manera se va a hacer por la fuerza, queremos que sea una participación voluntaria. Se va a convocar a ese propósito a las empresas particulares, en un plan de conciliación para buscar reparar el daño.
Por lo pronto, están las buenas intenciones del gobierno mexicano. Y hasta ahí.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y de Comunicadores por la Unidad.