Frontera Sur violenta
La inseguridad y la violencia se han vuelto cotidianas en la Frontera Sur de México, la Región donde hace una semanas, el 28 de diciembre último, llegó, vio y se fue, el secretario de Seguridad Pública Federal, Alfredo Durazo Montaño, acompañado de los secretarios de la Defensa Nacional, de Marina y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas.
Surgirían las promesas de siempre para esta faja fronteriza en la cada vez más peligrosa vecindad con Centroamérica. Blindaje total, para impedir que la delincuencia del “Triángulo de Norte” del istmo latinoamericano (Honduras, El Salvador y Guatemala), contaminen territorio mexicano.
Mejoría de la labor interinstitucional de las Corporaciones armadas de los tres niveles de gobierno, para combatir de manera frontal a la delincuencia organizada, que ya opera en la zona agrícola más productiva de Chiapas, habitada por más de un millón y medio de seres humanos.
Todo bien en el papel, con el agradecimiento de los sectores empresariales, que verían con buenos ojos la disposición federal de poner orden en los municipios de Soconusco, afectados también por las caravanas de migrantes centroamericanos, integradas por más de 30 mil personas, que han invadido masivamente desde octubre de 2018, el territorio chiapaneco-mexicano, con efectos negativos para la seguridad de la ciudadanía regional.
El mandatario estatal, un hombre de leyes doctorado en Derecho, quedaría satisfecho por el respaldo de la Federación a su gobierno, para lograr la armonía y recuperar la confianza perdida en la autoridad de la entidad durante los últimos sexenios.
Sin embargo, la fragilidad de la línea imaginaria internacional que divide a México con Guatemala, quedaría pronto de manifiesta a partir del mes de enero, cuando los índices delictivos empezarían a registrar situaciones de extrema violencia inéditas, sin que las comunidades de las diversas municipalidades de la colindancia, observaran una reacción oficial rápida para contrarrestarla.
Una avalancha imparable aproximada de más de 30 mil transmigrantes, de los cuales poco más de 12 mil se someterían al control migratorio, que hacía viable la entrega de una “tarjeta humanitaria de visitante”, y les daba la oportunidad de optar por el empleo ofrecido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Poco duraría el gusto, porque el Gobierno Federal ordenó la cancelación de esta concesión, por el temor de que fuese utilizada en su contra por la oposición, dado que en el país el problema de la cesantía, no solamente no se ha resuelto, sino que se acrecienta por los recortes de personal en las diferentes dependencia federales, que tiene contemplado la eliminación de un 30 por ciento de la plantilla laboral, heredada por la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.
La vigencia de la solidaridad jurídica y de promesa laboral con los hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, internados de manera controlada en el país, en ruta hacia Estados Unidos, duraría muy poco, al grado de que ya no se otorga ni una tarjeta más desde hace cuatro semanas por parte del Instituto Nacional de Migración, derribando por sí sola la intención y la esperanza del asentamiento legal en territorio mexicano.
Hoy se habla que ante tal negativa del gobierno del Movimiento de Renovación Nacional (Morena), los migrantes provenientes del otro lado del río Suchiate, tienen toda la frontera para ellos y la cruzan sin ningún obstáculo.
Los soldados del Ejército Mexicano, únicamente se concretan a observarlos cuando pasan frente a ellos en la ribera poniente donde se encuentran apostados día y noche, como parte de una estrategia de inhibición, que a nadie preocupa de todos aquellos que se internan por ahí con mochilas al hombro, donde no siempre traen ropa, sino estupefacientes que pasan con toda libertad.
Se habla incluso de un flujo imparable más allá más de 40 mil, conformado por niños, jóvenes, mujeres y hombres adultos, que se han internado en Chiapas-México, y dispersado por todo el país, sin control de ninguna índole, en los últimos cuatro meses.
Muchos pandilleros de las maras salvatrucha 13 y barrio 18, infiltrados y confundidos entre las multitudes que toman camino a la frontera con la Unión Americana, y han empezado a quedarse varados en ciudades importantes de la república mexicana, donde han empezado a desarrollar actividades formales como crimen organizado.
Chiapas y especialmente Tapachula, como punto de partida y ejemplo inmediato y visible de las formas de operar de estas bandas consideradas de alta peligrosidad tanto en sus países centroamericanos de origen, donde la justicia los busca por autorías de delitos que van acompañados de la violencia y las armas, desde asaltos, extorsiones, ventas de protección, violaciones sexuales, asesinatos y narcotráfico.
Su permanencia en la ciudad más importante de la Frontera Sur, se manifiesta con la misma sintomatología que en Honduras, Guatemala y El Salvador, que propician un “río revuelto”, que es aprovechado simultáneamente por grupos delictivos provenientes de otras entidades del país, haciendo todavía más complejo y trágico el momento que vive con temor la población.
Clima de violencia que no cesa, pese a las permanentes “mesas de seguridad” coordinadas por la Fiscalía General del estado, en la que participan jefes militares y de las policías federal, estatales y municipales, que parecieran no demostrar efectividad alguna, ante el alarmante avance de una delincuencia que no descansa.
Martes 19 de febrero, de celebración del Día del Ejército Mexicano en las instalaciones del IV Regimiento de Caballería, mientras en el interior del mercado San Juan, el principal centro de abasto de Tapachula, un delincuente solitario acribilla y mata a balazos, al comerciante guatemalteco Ediltzar Humberto Pérez Orozco, de 27 años, dedicado a la venta de frutas y verduras, para darse a la fuga hacia la avenida principal cercana, siendo perseguido por un trabajador inmigrante, a quien dispara y lesiona en una pierna, para luego continuar su huida.
Una vez en la prolongación de la 17 calle poniente, el agresor es alcanzado a bordo de una patrulla, por dos agentes de la policía municipal, quienes se bajan, pero sin desenfundar sus pistolas, mientras el delincuente se esconde detrás de un camión, apuntándole con la pistola en la mano derecha.
El primer uniformado avanza por la parte delantera del transporte donde se ha atrincherado el asesino y al subir a la banqueta, de repente sin desenfundar, frente a frente con el sujeto, quien sin ningún titubeo dispara a la cabeza del guardia, el cual cae sin vida, con el cráneo destrozado por el impacto.
Para entonces, el segundo agente sale encarrerado por detrás, también con la pistola en la funda, pero al escuchar la detonación trata de detener al delincuente, que se abalanza hacia él, disparándole en el pecho, en tanto el desconcertado policía herido de muerte, se dirige tambaleante hacia el carro patrulla, momento que aprovecha el asesino para escapar, sin que nadie más intentara detenerlo en su veloz carrera para perderse en las calles aledañas.
Las impactantes escenas de violencia extrema, fueron grabadas por dos videocámaras instaladas en negocios ubicados en el lugar de los hechos.
Roger Olaf Hernández Díaz, el cumplido representante de la ley, de 27 años, moriría de manera instantáneamente acribillado, en tanto su compañero Gilberto Pérez Robledo, fallecería horas después en un hospital de la ciudad, a consecuencia de la gravedad de sus heridas.
Conmoción e indignación entre la ciudadanía tapachulteca, por los hechos violentos perpetrados en contra de los integrantes de la Policía Municipal, que ofrendaron su vida en el cumplimiento del deber, dejando en la orfandad a sus menores hijos y a sus viudas.
Malestar en la comunidad policial de la ciudad, por las instrucciones superiores que a diario reciben, de no hacer uso de sus armas de cargo, para evitar que sean acusados de violar los derechos humanos de quienes transgreden la ley.
Lo ocurrido, demuestra la falta de apoyo a esta Corporación, por parte de las demás instancias de la Policías Especializada de la Fiscalía General del Estado, así como de las Estatal Preventiva, de Caminos, Fronteriza, además de la Federal, Gendarmería, Ejército Mexicano y Marina, que en teoría, de acuerdo a lo pactado en las Mesas de Seguridad, actúan de manera interinstitucional y en conjunto contra el crimen organizado.
Nadie acudió en auxilio de los dos policías municipales, ni sus propios compañeros, lo cual dio margen a la impunidad de quien en cuestión de minutos asesinó sin misericordia a tres seres humanos e hirió a un cuarto.
Primeras hipótesis, de que se trató de una ejecución realizada por un sicario de la “mara”, a un comerciante centroamericano, que se negó a pagar la “protección por derecho de piso”, como normalmente ocurre en Honduras, El Salvador y Guatemala.
Señalamientos de que se trató de un gatillero profesional, por la forma de actuar a pleno día y entre la gente del centro de abasto, sin importar la presencia de personas de todas las edades que ahí se encontraban.
Aunque también se considera, que puede ser miembro de algunas de las bandas delictivas provenientes de otras entidades, aprovechando la desquiciada coyuntura migratoria, las cuales operan impunemente en Tapachula y los municipios aledaños, desde el pasado fin de año, lo mismo asaltando cuentahabientes, casas habitación, transeúntes, asesinando o atracando centros comerciales transnacionales como “Sam´s Club”.
En los días recientes, han centrado sus actividades ilícitas en el Mercado San Juan y específicamente en la zona de bodegas, donde han despojado de cuantiosas cantidades a sus propietarios que a diario comercializan productos provenientes de diversas partes del país.
Lo ocurrido este martes 19 de febrero en la Frontera Sur,
debe ser una señal inequívoca para que el Gobierno de la República, abandone su actitud pasiva y ordene la inmediata intervención de las fuerzas armadas federales, para enfrentar de manera radical, en estricto apego a la ley, a todo aquél o aquellos que hoy violentan el orden social y jurídico del millón y medio de habitantes de la Frontera Sur.
Por supuesto que no se puede responsabilizar de lo ocurrido al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, pero si está obligado en consecuencia, a evaluar los resultados de los desempeños de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad, que hasta ahora han sido extremadamente negativos, al prevalecer la ley de la selva en lugar del obligado Estado de Derecho, en la colindancia con América Central.
Nadie mejor que el Jefe del Ejecutivo estatal, para responder al interés social que lo exige. Buen momento para corregir de manera oportuna, y dar la respuesta acorde a la norma constitucional, a esta pesadilla que apenas comienza y debe ser cancelada de tajo, con mayor eficacia, capacidad y profesionalismo, que hasta ahora han estado ausentes en las tareas de salvaguarda de vidas, patrimonios y seguridad. Tiene con qué.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y de Comunicadores por la Unidad A.C.