Mañana de lunes 1 de abril en el Centro de Atención Migratoria “Siglo XXI”, de la Secretaría de Gobernación, en Tapachula. Los 12 agentes comisionados del resguardo y atención, por el Instituto Nacional de Migración (INM), no salen de su asombro. Se miran unos a otros, se rascan la cabeza. Comentan en silencio y callan resignados, porque el límite de su capacidad de respuesta está rebasada y los mandos superiores no aparecen por ningún lado, dejándoles la responsabilidad, con la ayuda de 15 elementos de seguridad privada.
Las instalaciones de apoyo a los extranjeros indocumentados, ubicadas en la zona norte de la ciudad más importante de la Frontera Sur de México, están saturadas peligrosamente. Su límite de 500 espacios está disparado a más de mil 500. Afuera, en la explanada de acceso, el amanecer de un plantón de 600 africanos, hombres y mujeres con hijos pequeños y decenas jóvenes embarazadas, como resultado de la promiscuidad en que viven desde hace varios meses. Bloquean el acceso principal y el estacionamiento, refugiados en pequeñas tiendas de campaña portátiles.
Adentro, permanecen con severos problemas de incomodidad, unos 550 africanos, poco más de 500 cubanos, seguidos por otros 350 hondureños, además de salvadoreños, guatemaltecos, afganos, iraquíes, de Banglades y de India. La mayoría, preocupados por el férreo control de pandilleros de la “mara salvatrucha 13”.
Desfasamiento en la programación del gasto para su atención, que lleva actualmente a problemas nunca antes enfrentados, al tener recursos financieros insuficientes, para proporcionar la alimentación y paquetes de limpieza corporal y de su ropa, a los extranjeros que han sido asegurados por las volantas en el tramo de Ciudad Hidalgo a Arriaga, o que voluntariamente se han entregado al INM, para obtener un salvoconducto de 30 días, que les permitirá desplazarse por toda la geografía nacional, preferentemente por los estados que limitan con la Unión Americana.
Una movilidad organizada de seres humanos, detrás de la cual se encuentran mafias internacionales, que en las últimas tres décadas han incrementado gradualmente el trasladado de personas a la Región Soconusco, en las que se involucran 52 nacionalidades de los cinco continentes del mundo, como lo tiene registrado oficialmente la Secretaría de Gobernación.
Tapachula, una urbe de un millón de habitantes, donde por lo menos el 40 por ciento de su población actual ha emigrado desde hace cuatro décadas del “Triángulo Norte”, la zona más conflictiva de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala), que se ha asentado irregularmente en la periferia de la ciudad, y que ahora mismo sus habitantes observan como en la época reciente su espacio ha sido invadido adicionalmente por personas de origen cubano, africano y árabe.
Ya de por sí una importante ciudad cosmopolita por la migración alemana, china, japonesa y libanesa, que ahora es refugio temporal de grupos numerosos de extranjeros, que se mantienen instalados en casas rentadas, de huéspedes y hasta moteles, mientras sus enganchadores tramitan salvoconductos para que avancen hacia el norte, a precios cada vez más altos –de dos a tres mil dólares-, con funcionarios del Instituto Nacional de Migración de la ciudad de México o estatales.
Hoy, sobresalen los cubanos, al evidenciar mayor poder económico, del cual hacen alarde en su peregrinar, pues son los que una vez obtenido el documento del INM que los protege contra cualquier autoridad, utilizan el transporte aéreo para desplazarse principalmente a Nuevo León y Tamaulipas, para de ahí introducirse a Texas y dirigirse a la península de Florida, donde se reunirán con sus familiares, que desde Miami contratan a la mafia estadounidense, que los guía a partir de La Habana.
Por ello, resulta por demás interesante el porqué se realizó en Miami y no en otro lugar de la Unión Americana o de México, la reunión entre la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen Nielsen, y la titular de la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero, el pasado martes 26 de marzo, para tratar y estructurar un plan binacional de contención del fenómeno migratorio
La razón pudiera ser, que esa ciudad es territorio de la influyente comunidad cubana, de tendencia mayoritariamente republicana, con gran peso económico-político en la península, después de haber emigrado a la caída del dictador títere de Washington, el dictador Fulgencio Batista, derrocado por el movimiento insurgente encabezado por Fidel Castro Ruz. La creciente emigración inducida desde la isla caribeña, constituye finalmente un golpe mediático en contra del gobierno comunista, aliado de Rusia y China.
De ahí que los cubanos ingresados ilegalmente a México por Chiapas, se amotinaran el pasado sábado 23 de marzo e iniciaran una caravana migrante, a la que se integraron hondureños para sumar más de dos mil 400, un día después de haberse introducido violentamente a las oficinas de Regulación del Instituto Nacional de Migración en Tapachula, obligando el desplazamiento del servicio a Ciudad Hidalgo.
De nuevo la misma película, al llevar como grupo vanguardia a menores de edad, como ha ocurrido en cada contingente extranjero desde mediados de octubre del año pasado. Pero esta vez, a diferencia del pasado reciente, enfrentarían una actitud oficial diferente, al no contar con el apoyo de autobuses, albergues y alimentos, proporcionados en ocasiones anteriores por el gobierno del Presidente Andrés Manuel López, para transportación cómoda y rápida al centro y norte del país.
Avance lento, que les llevaría apenas este viernes hasta la cabecera municipal de Mapastepec, ubicado a la mitad de la Costa, donde la autoridad municipal adecuaría un lugar techado y resguardado, para la pernocta y descanso de la travesía, como parte de la estrategia instrumentada por la Secretaría de Gobernación, que incluiría en ese lugar, la entrega de los salvoconductos requeridos y “tarjetas humanitarias”, a partir de este lunes 1 de abril.
Una vez que los líderes cubanos se percataron, de que a pesar de la promesa del gobierno mexicano, de brindar un trámite rápido a sus solicitudes, todavía por la mañana del lunes no se había instalado la oficina correspondiente, como tampoco el personal para atenderlos, decidieron continuar su viaje, ahora rumbo a Pijijiapan, distante 48 kilómetros, sin tener acceso a ningún medio de transporte, ya que las autoridades lo han prohibido, bajo la amenaza de que quien sea sorprendido, será detenido, confiscado el vehículo y acusado de trata de de seres humanos.
Personal del INM consultado por el columnista, consideraría que el absoluto fracaso de la orden dictada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de conceder la documentación federal a los migrantes, sería resultado de la insuficiencia de personal administrativo y de agentes, pero sobre todo por la precipitación, ya que también hubo inconformidad por haberles autorizado viáticos para alimentación y unidades oficiales para su desplazamiento, advertidos de que deberían utilizar sus vehículos particulares, además de pagar la gasolina, para ir y regresar todos los días, pues Mapastepec carece de infraestructura de hotelera, lo cual debía ser cubierto por los empleados.
Una decisión de la titular de la Segob, que difícilmente podrá hacerse realidad, pues no se sabe de ninguna partida presupuestal multimillonaria y menos del proyecto obligado.
Doble quebranto para cumplir con el compromiso pactado por la Secretaría de Gobernación con la Secretaría de Seguridad Nacional estadounidense, de instalar un muro policíaco con las Policías Federal y de la Gendarmería Nacional, a lo largo del Istmo de Tehuantepec, para cancelar el trámite migratorio de Ciudad Hidalgo y Talismán, en la ribera poniente del río Suchiate.
Sueños guajiros, llenos de lo mejor de la fantasía y de la ignorancia y por lo mismo irrealizables, por lo que bien haría doña Olga Sánchez Cordero, en ponerse de acuerdo con quien manda a estos contingentes, el secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo Montaño y los secretarios de la defensa y Marina, para que en coordinación con el gobernador de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas y los alcaldes de la Frontera Sur, lleven a cabo una alianza interinstitucional real y efectiva, para brindar en principio la salvaguarda de vidas y patrimonios de la población y mantener a raya a la delincuencia internacional, local y del resto de la república, que mantienen aterrorizados a los chiapanecos-mexicanos.
Por supuesto que dentro de esta nueva logística propia y no sujeta a la consigna de la Casa Blanca, sustentada como ya lo plantea Andrés Manuel López Obrador, en su nueva doctrina de las relaciones diplomáticas de México con la Casa Blanca, en el símbolo de “Amor y Paz” Presidencial, el Gobierno de la República debe tener también como prioridad, el restablecimiento urgente del Estado de Derecho violentado impunemente por los migrantes extranjeros, al agredir sin el menor de los respetos a las autoridades federales e ingresar arbitrariamente a un país tradicionalmente hospitalario para ellos.
Mayor atención a la situación altamente delictiva de las pandillas “maras”, que de manera masiva están migrando a territorio mexicano, por lo que resulta urgente que el Gobierno de México establezca mayor comunicación con sus vecinos de Guatemala, Honduras y El Salvador, para obtener la obligada información del fichero de estas mafias, que han logrado infiltrarse entre las caravanas migrantes, con predominio en Chiapas y su Frontera Sur, dada la facilidad que les permite el cometer ilícitos que llegan hasta el asesinato y tráfico de drogas y armas, e internarse en Guatemala, solamente con pasar el río Suchiate, a cualquier hora del día o de la noche.
La abogada Olga Sánchez Cordero, deberá dar mayor importancia a la presencia exageradamente mínima del número de agentes
operativos del INM a su cargo, que hasta hace poco eran 250 para todo el estado, más 100 administrativos distribuidos en las oficinas de Ciudad Hidalgo, Talismán, Tapachula, Huehuetán, Villa Comaltitlán, Echegaray y Arriaga, en la Costa, mientras que en el Centro, en la Sierra, en Motozintla y Frontera Comalapa; en la planicie, en Ciudad Cuauhtémoc, Comitán, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, así como en Palenque y Benemérito de las Américas, en la Zona de la Selva Lacandona.
¿Cómo entonces puede hablarse de un control efectivo para blindar migratoriamente a la Frontera Sur?
Ese, es precisamente otro de los absurdos del abandono que desde siempre ha mantenido el Gobierno Federal hacia Chiapas y especialmente a su Región colindante con el Istmo Latinoamericano.
Se puede concluir que lo que se pretende en al Istmo de Tehuantepec, es crear fundamentalmente un filtro policíaco y no precisamente migratorio, lo cual conllevaría sin duda a propiciar un nuevo esquema de corrupción todavía más amplio que el actual.
La Frontera Sur, Presidente Andrés Manuel López Obrador, requiere de una respuesta integral a su exigencia de solución a los problemas de violencia, inseguridad e impunidad que enfrenta. Se necesita una mayor infraestructura humana y física para la atención, control y seguimiento de la ubicación de las diferentes corrientes migratorias de todo el mundo, que dadas las medidas adoptadas por Donald Trump, deben obligar a considerar que en su mayoría se van a asentar en nuestro vasto territorio nacional.
La fuerza armada civil y militar, tiene que reforzarse en toda la línea divisoria de Chiapas con Guatemala, para mantener una presencia que en principio inhiba a la delincuencia organizada, y que en determinado momento, sea el apoyo que se requiera e intervenga para hacer respetar el orden jurídico, hoy quebrantado por la misma complacencia oficial.
Es hora, de que los chiapanecos dejen de ser tratados como mexicanos de segunda.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y Comunicadores por la Unidad A.C.