El costo de la energía eléctrica aumenta gradualmente, bajo la presión de las empresas extranjeras, mayoritariamente la española Iberdrola, que actualmente producen casi la mitad de la electricidad que se consume en el país, la cual venden al Estado mexicano, imponiendo sus tarifas a la Comisión Federal de Electricidad, en perjuicio de la economía de la población nacional.
Chiapas, es uno de los tres estados más afectados del país, por su condición de extrema pobreza, en situación cada vez más compleja si se considera que una tercera parte de los poco más de cinco millones de habitantes, son indígenas que carecen de un ingreso fijo.
Pobres entre los pobres, condición que fue subrayada por el Presidente Enrique Peña Nieto, al iniciar aquí la “Cruzada Nacional contra el hambre”, dirigida a las diferentes etnias que subsisten en el territorio chiapaneco.
Situación de marginación, ante la cual la autoridad federal sigue sin considerar factores adicionales que vulneran todavía con mayor severidad a este sector importante de la población estatal, que bimestralmente enfrenta su imposibilidad de pagar las facturas fuera de su realidad, que les hace llegar a sus hogares la paraestatal del Gobierno de la República, que ha dejado de cumplir con los objetivos de solidaridad social, establecidos por la nacionalización de esta industria, dispuesta por el Presidente Adolfo López Mateos.
Incrementos en general a los usuarios chiapanecos, que en los últimos años han visto con impotencia cómo sus “consumos” se han elevado desde un 100 a 300 por ciento o más, sin ninguna justificación real por parte de lo que queda, a poco más de medio siglo, de la mexicanización del sector eléctrico.
Consultas con mandos de primer nivel de la CFE, revelan que han sido y son tales los compromisos y contubernios de encumbrados funcionarios de esta empresa gubernamental, con los inversionistas extranjeros, que aunque la institución oficial ha tenido suficiente capacidad para atender la demanda nacional, compra a los extranjeros su producción.
Y mientras Iberdrola y demás compañías obtienen ganancias de miles de muchos millones de dólares anuales, el enojo del consumidor mexicano crece hasta convertirse, como una ocurre en Chiapas, en una lucha de resistencia social en contra de lo que verdaderamente constituyen actos arbitrarios de la Comisión Federal de Electricidad, por sus cobros abusivos.
Hasta ahora, de nada ha servido que los sectores de la sociedad más afectados en sus bolsillo, hayan salido a manifestar su inconformidad a las calles, avenidas, plazas e incluso hasta tomar instalaciones dela CFE, para exigir un alto a estos atropellos, pues el Gobierno de la República, a dos años y medio de ejercicio, no ha cumplido con su compromiso de conceder una atención preferencial a los consumidores de la entidad.
Tampoco se ha obtenido la respuesta a la exigencia popular de sus representantes en el Poder Legislativo Federal, los senadores Roberto Albores Gleasson (PRI), Zoé Robledo Aburto (PRD) y Luis Armando Melgar Bravo (PVEM), como de los diputados federales (12 de mayoría y 7 plurinominales), Simón Valanci Buzali (PRI), Antonio Díaz Athié (PRI), Arely Madrid Tovilla (PRI), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (PRI), Luis Gómez Gómez (PRI, Francisco Grajales Palacios (PRI), Harvey Gutiérrez Alvarez (PRI, Hugo Mauricio Pérez Anzueto (PRI), Juan Jesús Aquino Calvo (PAN), Carlos Octavio Castellanos Mijares (PVEM), Lourdes Adriana López Moreno (PVEM), Héctor Narcia Alvarez (PVEM), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (PVEM), Oscar Eduardo Ramírez Aguilar (PVEM), Amilcar Augusto Villafuerte Trujillo (PVEM), Martha Edith Vital Vera (PVEM), Héctor Hugo Roblero Gordillo (PT), y Sonia Rincón Chanona (PANAL).
Los únicos que están facultados por la Constitución para llevar a cabo las reformas a la ley correspondiente, para que los habitantes Chiapas puedan ser considerados para recibir un trato especial en el costo del consumo de electricidad, son el Presidente de la República Enrique Peña Nieto y los legisladores de ambas Cámaras, que por supuesto deberían ser encabezados por los chiapanecos, lo cual no ha ocurrido, traicionando la confianza de una ciudadanía que con su voto los llevó, por lo visto, solamente a calentar sus curules y a grillar para el “moche” por sus gestiones y seguir de “chapulines”, con cargo al presupuesto.
Inconformidad totalmente justificada de los chiapanecos que no acaban de entender cómo a pesar de aportar más del 40 por ciento del fluído eléctrico generado por hidroeléctricas (Angostura, Chicoasén, Mal Paso y Peñitas), así como petróleo y gas a los mexicanos, se mantienen en condición de olvido, en contraste con los extraordinarios subsidios que se otorgan a las entidades del norte del país, sea para temporadas de calor que se alternan con la de frío, de tal manera que el apoyo es permanente.
Los “norteños”, se dice aquí, no aportan a la Nación, ninguna de las riquezas que Chiapas entrega al país, y a cambio tienen electricidad sumamente barata, comparada con la que cobra la CFE en toda la geografía del estado limítrofe con Centroamérica.
Incluso, desde finales del reciente sexenio de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, parte de la energía eléctrica producida por el río Grijalva, se vende a precios muy bajos a Guatemala, política que hoy se mantiene.
Son, insistimos, los indígenas y los campesinos, en principio, los más agredidos en sus bolsillos, los que más padecen esta injusticia, porque no tienen garantizado un salario mínimo (68 pesos diarios), como tampoco aquellos que habitan en las zonas urbanas, principalmente de las Regiones Costa, Sierra y Soconusco, donde la inversión productiva no ocurre y la existente se mantiene estancada, debido a la prolongada crisis en los cultivos tradicionales como el café y el cacao, afectados por plagas provenientes de Centroamérica, a las que tampoco la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), ha brindado la atención necesaria.
La misma CFE ha reconocido que el grueso de los morosos chiapanecos está en las diversas zonas indígenas, donde habitan más de tres millones y medio, pero no acepta las pruebas de los abusos en sus cobros que comete contra ellos, como en su momento, como el mejor ejemplo, lo demostró la indígena tzotzil, Marcela Arias Pérez, de Chenalhó, quien hizo público el recibo bimestral a su nombre, por 23 mil 241 pesos, con 50 centavos, por supuesto, imposible de pagar.
Pero los deudores están en todo Chiapas, incluyendo a los gobiernos de los 122 municipios y el estatal, que ante su incapacidad de pago, la paraestatal les cancela con bastante frecuencia el suministro de la electricidad, no solamente en sus edificios de oficinas, sino también del alumbrado público.
Gritos, protestas, reclamos y más de una mentada que se han dejado escuchar, con dedicación a la Comisión Federal de Electricidad y al Gobierno de la República, desde Reforma, Pichucalco, Palenque y Catazajá, en el norte de la entidad, hasta Ocosingo, Benemérito, Frontera Corozal o Marqués de Comillas, en la región Selva Lacandona, lo mismo que en Comitán, Independencia, Trinitaria, San Cristóbal de las Casas, Teopisca, Amanetango del Valle, Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, Berriozabal, Ocozocuautla, Cintalapa, Venustiano Carranza y La Concordia, en el altiplano.
Quejas que igualmente se desoyen desde Arriaga hasta Suchiate, en la Costa, pasando por Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec, Villa Comaltitlán, Acacoyagua, Escuintla, Huixtla, Tuzantán, Huehuetán, Mazatán, Tapachula, Tuxtla Chico, Cacahoatán, Unión Juárez, Metapa y Frontera Hidalgo, mientras que las posiciones se radicalizan también en Belisario Domínguez, Motozintla, Chicomuselo, El Porvenir, La Grandeza, Mazapa de Madero, Niquivil, Pavencul y Amatenango de la Frontera, en la sierra.
Movimiento social que no decae y al contrario se fortalece con tintes que tienden a ser preocupantes por los ingredientes inestabilidad social que han demostrado tener, en respuesta a la continuidad de los aumentos graduales e imprudentes
Suma de más de tres décadas de resistencia que se mantienen efervescentes en el ánimo de una población ninguneada por la autoridad federal, no obstante las acciones violentas de usuarios que han llegado al extremo de incendiar las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, como aconteció en enero de 2008, en la cabecera municipal de El Porvenir.
Represiones violentas al pueblo chiapaneco mediante el uso de la fuerza pública, como permanente respuesta de la “empresa de clase mundial” y de la autoridad federal, que han puesto tras las rejas a los líderes sociales, sin derecho a fianza y los cuales aún purgan condenas injustas, como ocurrió, entre otros lugares, en el porteño pueblo de San Benito, perteneciente a Tapachula.
¿Cómo entender que un trabajador que gana 68 pesos de salario mínimo, que le hacen acumular menos de dos mil pesos al mes, pueda pagar consumo de 500 pesos o más, a los que habrá de agregar el pago de renta, alimentación, ropa, calzado, educación y demás?
Es el México de la ficción, de la economía fracasada de siempre para los que menos tienen y para una clase media atrincherada en salarios que no corresponden al desempeño de su trabajo en una actividad económica, en la que no siempre se cuenta con los derechos que obliga la ley laboral a los patrones.
Prolongación de apatías oficiales desde el centro de la república, que mantienen en la zozobra a la mayoría de los cinco millones de chiapanecos, que empiezan nuevamente a no estar dispuestos a continuar siendo atropellados arbitrariamente en sus derechos por la CFE, y hacen encender los focos rojos de alerta de la Administración estatal.
De ahí, que el pasado domingo 24 de mayo, el gobernador Manuel Velasco Coello, haya asumido, por fin, una actitud de respaldo a las justas
denuncias del pueblo chiapaneco, por los cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad, que advirtió, deben ser atendidas de manera pronta por la paraestatal.
El mandatario se ha manifestado por el otorgamiento de una tarifa preferencial para Chiapas, tomando en cuenta la aportación que la riqueza de la entidad a la CFE y en general al resto de los mexicanos con su Cuenca del río Grijalva, donde operan cuatro hidroeléctricas, sin considerar la construcción de la quinta presa de Chicoasén II.
Buen momento para reiniciar la justa lucha de los chiapanecos contra la marginación ancestral.
*Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013