El abuso Federal en Apatzingán
No lo dicen partidos políticos opositores al Gobierno, lo afirma la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de que lo ocurrido en Apatzingán, Michoacán, la madrugada y mañana del 6 de enero de este año que termina, elementos de la Policía Federal cometieron violaciones graves a los derechos humanos de la población civil, apoyados por contingentes del Ejército Mexicano.
Después de más de 10 meses de investigaciones, la CNDH revela que en ellas participaron visitadores adjuntos, peritos en medicina forense, criminalística, criminología, planimetría y psicología, que constataron el uso excesivo de la fuerza, que derivó en la privación de la vida de cinco personas y la ejecución extrajudicial de una más.
Y como si al Gobierno de la República le hicieran falta más problemas adicionales a las masacres cometidas contra presuntos secuestradores, por militares y marinos en Tlatlaya, estado de México y por policías y sicarios del crimen organizado que secuestraron y asesinaron a 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, ahora surge la denuncia que hace la institución defensora de los derechos humanos en México, derivada del abuso del poder institucional armado, en la entidad michoacana.
Situaciones, según los expertos de la CNDH, ocurridas en dos etapas de aquél fatídico día, el primero entre las dos horas con 30 minutos y las siete horas con 40 minutos, mientras que el segundo fue de las siete horas 46 minutos, prolongado hasta las 11 horas con 31 minutos.
En la primera, intervinieron 44 policías federales y 287 elementos del Ejército Mexicano, para realizar un operativo en las inmediaciones de la Presidencia Municipal de Apatzingán, luego de ser informados que en ese lugar se encontraba un grupo de personas armadas, como en su momento se aseguró de manera oficial.
La versión oficial de las autoridades federales, precisaba que se detuvo a 44 personas, de las cuales el juez de la causa determinó posteriormente auto de libertad, con la reserva de ley a 37 adultos y un menor de edad, mientras que a cinco se les dejó libre provisionalmente, una vez pagada la fianza correspondiente, mientras que a uno se internó en el Cefereso número 4, sujeto a proceso.
Se diría que en las primeras horas del 6 de enero, resultarían lesionadas 18 personas, 2 policías federales y 16 civiles, tres de ellos por balas de arma de fuego –dos policías y un civil-, mientras que una perdió la vida en el estacionamiento localizado a un costado del palacio municipal, por un hemotórax secundario a laceración de ambos pulmones.
Comunicado de aquél día, en el que se daba a conocer el aseguramiento de 19 armas de fuego –4 cortas y 15 largas-; 1 granada de fragmentación; 71 cargadores y mil 762 cartuchos de diversos calibres.
Sin embargo, luego de múltiples quejas y denuncias en redes sociales y ante la CNDH y organismos internacionales de derechos humanos, de que en Apatzingán se habían cometido crímenes de lesa humanidad, los investigadores enviados a Michoacán por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, documentaron hechos violatorios graves cometidos por las fuerzas federales.
Violación al derecho a la vida de una persona, al ser atropellada por un vehículo de la Policía Federal, en el interior del estacionamiento a un costado de la Alcaldía; al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, por la detención arbitraria de cinco personas no identificadas que se encontraban en el jardín ubicado frente al palacio municipal, como quedó grabado en las cámaras de C4, realizada por la Policía Federal y elementos castrenses, según consta en el parte informativo interno de ambas instituciones, al que se agregó el aseguramiento de otras 30.
Según los representantes de CNDH, en esas horas de la madrugada y entrada la mañana, se violó el derecho a la integridad personal “por el trato cruel, inhumano y degradante por las lesiones innecesarias que se infligieron a ocho personas detenidas, de las cuales dos atribuyeron los hechos a elementos militares, cinco a policías y una a ambas autoridades”.
Involucramiento en estas irregularidades, de la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán, al negarse a proporcionar a los investigadores, las fotografías relativas a la necropsia que se le practicó al cadáver, además de inconsistencias en el levantamiento del mismo y omisiones en el protocolo de su autopsia.
Lo interesante del caso, es que en la primera parte de su reporte, los enviados de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no refieren que la acción de policías federales y soldados, se da en contra de miembros de las llamadas autodefensas, sino hasta el reporte de la segunda parte de las fricciones, la más violenta, a partir de las siete de la mañana con 46 minutos y hasta después de las 11 y media, con resultado de nueve muertos.
El reporte gubernamental de entonces, establecía que el enfrentamiento armado se suscitó entre el personal de la Policía Federal e integrantes de “Autodefensas”, que iban a bordo de una camioneta pick up color blanco; una camioneta Acadia negra, en la avenida Constitución, entre Luis Moya y Plutarco Elías Calles, con saldo de nueve civiles fallecidos; siete quedaron en el lugar de la balacera, uno cuando era trasladado en ambulancia y otro más que apareció fuera del Hospital General de Apatzingán, que inicialmente resultó muerto en el interior de un restaurante.
Parte policíaco-militar, en el que se informaba el aseguramiento de cuatro armas largas; 40 cartuchos útiles; 298 casquillos; 14 fragmentos de proyectil de arma de fuego; 28 eslabones de carrillera y 4 cargadores reabastecidos.
Las conclusiones del equipo interdisciplinario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre el segundo hecho violento, establecen que las violaciones graves a los derechos humanos fueron los correspondientes a la vida, “por el uso excesivo de fuerza, que derivó en la privación de la vida de cinco personas, así como la ejecución extrajudicial de una más, atribuida a policías federales”.
Asimismo, el irrespeto al derecho a la integridad personal, por la dilación en la solicitud de auxilio para la atención médica prehospitalaria a cuatro personas, de la que se responsabiliza al personal paramédico de la Policía Federal, lo que provocó que sufrieran choque hipobolémico, mismo que a pesar de la atención médica que se le proporcionó a una de ellas en el Hospital General de Apatzingán, no pudo ser revertido, toda vez que falleció durante su traslado a un nosocomio de tercer nivel en Morelia.
La CNDH asegura que hubo trato cruel, inhumano y degradante por parte del personal militar, que obligó a una persona detenida, a arrodillarse ante ellos, para tomarles fotos, por lo que ha solicitado a la Secretaría de la Defensa Nacional colabore con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que presente a sus subordinados involucrados en los acontecimientos del 6 de enero último, que cometieron lesiones innecesarias a civiles, a quienes se deberá reparar el daño sufrido.
Igual solicitud a la Comisión Nacional de Seguridad, así como a los gobiernos del estado Michoacán y del municipio de Apatzingán, para esclarecer lo ocurrido. A las Fuerzas Armadas y a la Policía Federal les recomienda que en cada una de sus acciones conjuntas de uso de la fuerza, dispongan de un dispositivo de cámaras fotográficas, de videograbación y de audio.
Pero lo que la CNDH sugiere se hace ya desde hace bastante tiempo en cada uno de los operativos, por lo que solamente deberá requerir a los mandos militares y civiles, la entrega de las grabaciones que personal especializado lleva a cabo y que por lo visto le fue negado a propósito.
La versión extraoficial de lo acontecido el 6 de enero, no considera los detalles de fondo del origen del problema que ha tenido un desenlace fatal para los civiles, debido a la brutalidad ejercida en su contra por la Policía Federal y el Ejército Mexicano.
Una historia distinta, en la que no se refiere que quienes se encontraban en plantón en el jardín frente a la Alcaldía, eran miembros de las Fuerzas Rurales, que tenían como antecedente haber sido parte de las autodefensas, que habían sido integradas de manera oficial por el Gobierno federal en un nuevo grupo al que se denominó G250.
Su creador, el entonces comisionado Federal para la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, les asignó la misión de buscar y capturar en la sierra michoacana al capo conocido como “La Tuta”, lo cual hicieron durante ocho meses, hasta que el 15 de diciembre fue disuelto por el ahora belicoso comisionado Nacional del Deporte.
Su reacción de inconformidad se manifestaría el mismo día de su desintegración, al apostarse frente al Palacio Municipal de Apatzingán, el cual tomarían por asalto, para demandar la desarticulación del cártel de Los Caballeros Templarios y se pusiera un alto a sus actos extremadamente violentos contra la población civil.
Denuncia pública de que durante el cumplimiento de la consigna de atrapar a “La Tuta” en la sierra, en su calidad de Fuerzas Rurales armadas, contingentes militares obstruyeron su trabajo en las comunidades donde sabían que se encontraba el delincuente.
Ante su negativa de no dar marcha atrás en sus exigencias, se daría tres semanas después de iniciado su plantón, la intervención conjunta de la Policía Federal y el Ejército Mexicano, para desalojarlos con violencia extrema como ha comprobado la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Hoy se tiene conocimiento de que se cometieron ejecuciones extrajudiciales contra civiles desarmados. En la versión no oficial se precisa que existen tres actas de defunción; la mitad de ellas demuestran que los cadáveres fueron llevados a igual número de ciudades distintas a Apatzingán, a dos y tres horas de distancia, para tratar de borrar huellas de la masacre (Zamora, Lázaro Cárdenas y Morelia), víctimas de balas expansivas detonadas a una
distancia de 10 a 20 centímetros.
La barbarie cometida por autoridades federales en Apatzingán, Michoacán, da idea de que a pesar de lo que tanto se ha divulgado en comunicados oficiales, en cuanto a que sus integrantes han recibido permanentemente cursos para el respeto a los derechos humanos, pareciera que no han surtido efecto en quienes desde los altos mandos ordenan a sus subordinados actuar, sin importar las consecuencias en pérdidas humanas.
Tal vez, porque tanto la Policía Federal y el Ejército Mexicano tiene el mismo origen, pues la primera institución fue constituida totalmente en su origen por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Armada, sin mayor preparación, más que la disposición y acatamiento de la consigna de que las órdenes no se discuten, simplemente se cumplen.
Ese es el problema principal de la aplicación de la ley en México, cuando queda a merced de militares.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013
Premio al Mérito Periodístico 2015, del Senado de la República