Impunidad y justicia, los desafíos
A tres años del inicio del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, que se cumplen este martes 1 de diciembre, se considera que los dos principales desafíos que existen en México, son combatir la impunidad y avanzar en la justicia cotidiana.
En el borde del principio del cuarto año de su gestión, el jefe del Gobierno de la República reitera lo que de una u otra forma sus antecesores también han aceptado sin obtener logros importantes en sus periodos correspondientes: “Tenemos que lograr que la procuración de justicia sea puntual, efectiva, rápida, y esté a la altura de la demanda ciudadana”.
Discurso del Primer Mandatario al inaugurar la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, este jueves 26 de noviembre, en el que expresaría que el combate a la impunidad tiene que ver con que “cuando tengamos a alguien que presumiblemente es responsable de la comisión de un delito, no sólo se logre la aprehensión del mismo, sino que el proceso que se le siga esté debidamente soportado por una adecuada averiguación, y también con el debido proceso ante las instancias judiciales”.
Agregaría: “Eso nos permitirá avanzar en el fortalecimiento y plena vigencia del Estado de Derecho. Eso es lo que dará mayor certidumbre y confianza a la nación que representamos”.
Una declaración presidencial, que no se apega a la realidad en el caso de la impunidad de la que hoy se vanaglorian los últimos dos exgobernadores de Chiapas, Pablo Abner Salazar Mendiguchía y Juan Sabines Guerrero, no obstante existir todas las pruebas fehacientes acumuladas en su contra en las instancias correspondientes, que han sido archivadas por los órganos de Auditoría de los Congresos Federal y Estatal, en las administraciones de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y la actual, de sus fechorías, siendo ésta última la que incluso ha premiado al extodopoderoso mandamás chiapaneco, con el cargo de cónsul de México en Orlando, Florida.
Los dos gozan de cabal impunidad con las fortunas amasadas de manera delictuosa, sin que nadie los toque ni con el pétalo de una rosa, salvo por aquél episodio ejemplificado por las venganzas entre estos dos personajes, cuando Sabines Guerrero encarceló a Salazar Mendiguchía “para que se apaciguara”, en la prisión de “alta seguridad de El Amate”, en el municipio de Cintalapa, que curiosamente Pablo Abner mandó a construir durante su sexenio (2000-2006), para encerrar ahí a sus enemigos y demostrar la dimensión de sus odios y traumas, pasando por encima de la ley, pisoteándola a su antojo.
Pero ni su padrino protector y hacedor, el panista Vicente Fox Quesada, como tampoco el sucesor de la segunda parte de “La Alternancia en el Poder”, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, atendieron las exigencias de justicia de los chiapanecos, especialmente de los miles de damnificados por el devastador huracán Stan, en la Costa de Chiapas, el 4 de octubre de 2005, a los que despojó de miles de millones de pesos, destinados por el Congreso Federal para su beneficio y reconstrucción de las zonas afectadas.
La Impunidad y la Justicia a las que se refirió el presidente de la República, ante los presidentes de Tribunales y procuradores de Justicia de la República, son letra muerta en Chiapas por la falta de voluntad para aplicarla sin distingo, de una Procuraduría General de la República, donde existen las denuncias aún vigentes en contra de Pablo Abner Salazar Mendiguchía y Juan Sabines Guerrero.
Ocurre lo mismo en la Auditoría Superior de la Cámara de Diputados que sigue firme en su intención de mantener en la “congeladora” los expedientes que demuestran la culpabilidad de los dos exgobernadores, y que a “nuestros nuevos representantes populares” en el recinto de San Lázaro, tampoco interesa, porque la cola de dinosaurio que arrastran, les inhibe a exigir al estilo foxista, “el destape de la cloaca chiapaneca”, al estar de por medio el ilícito en el manejo de decenas de miles de millones de pesos emitidos por las arcas federales.
¿Qué autoridad moral puede tener, por ejemplo, el ex alcalde de Tapachula, Samuel Alexis Chacón Morales, para enarbolar esta causa, cuando es señalado por sus exgobernados, como responsable de conductas delictivas que le permitieron enriquecerse escandalosamente en menos de tres años, lo cual le mantiene en condición de ser desaforado y puesto tras las rejas ante el alud de denuncias de su sucesor también priista, Neftalí Del Toro Guzmán, así como de los sectores empresarial y social?
No se puede afirmar que en México existe aplicación de la ley y combate a la impunidad, cuando en la actual administración, no obstante la exhibición de pruebas contundentes por actos de corrupción y enriquecimiento derivado, no solamente se haya liberado a Raúl, el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, sino devuelto la mayoría de los más de 100 millones de dólares, que se sepa, depositados con identidades falsas y la propia en bancos suizos e igualmente entregadas múltiples cuantiosas cuentas bancarias y bienes inmuebles en el país.
Encarcelamiento de Raúl Salinas de Gortari, en su momento, al principio del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, como desquite contra su antecesor, quien le entregó una administración caótica, que a las tres semanas de haber tomado posesión, provocaría una de las más graves devaluaciones que ha tenido México, a la que se conoce como “el error de diciembre”, en 1994, que tambaleó al recién estrenado presidente.
De nada servirían las “huelgas de hambre” del exmandatario Salinas de Gortari, en Chalco, estado de México o en Monterrey, para exigir la liberación de su hermano Raúl, argumentando que los cargos que se le atribuían eran injustos, incluyendo la autoría intelectual en el asesinato de su cuñado Francisco Ruiz Massieu, siendo secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional y ex gobernador de Guerrero, padre por cierto de la actual secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu Salinas.
Raúl Salinas de Gortari “pasaría” los 12 años de la Alternancia del Partido Acción Nacional con Vicente Fox Quesada y Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en un penal de “alta seguridad”, donde de vez en cuando las dos empresas televisivas más importantes del país, transmitían “en vivo” entrevistas exclusivas en sus noticieros de la noche, con el llamado “hermano incómodo”, detrás de las rejas, que siempre se veía sonriente y de buen humor, con la piel dorada, producto de sus constantes asoleadas en las playas de Cuba, donde vivía espléndidamente con su hermano Carlos, “autoexiliado”, en una mansión otorgada en calidad de amigo personal del comandante y presidente Fidel Castro Ruz.
¿Cómo se puede hablar de combate a la impunidad y vigencia del Estado de Derecho, cuando se libera a uno de los ejemplos más cínicos de la corrupción y la impunidad en la historia del país, ligado familiarmente con el titular del Poder Omnímodo, lo mismo que del excarcelamiento de otro de los protagonistas más importantes de la delincuencia organizada, “por errores de un juez”, el capo Rafael Caro Quintero, que ahora se ha convertido en prófugo de la justicia cuando estuvo más de dos décadas en prisión por delitos contra la salud?
Otro caso, el de zar de la mariguana, debido a la protección de la cúpula del poder político, con la injerencia del Ejército Mexicano, que abiertamente cuidaba el mayor sembradío que se haya conocido hasta ahora en el país, en la comunidad de Búfalo, Chihuahua, con un sistema de riego sofisticado, en el que laboraban más de ocho mil personas traídas de Sinaloa y Oaxaca.
Los comerciantes de Ciudad Jiménez serían directamente beneficiados al ser el centro de abasto de alimentos para los jornaleros que lo mismo sembraban, cosechaban y empaquetaban la droga para enviarla a los Estados Unidos, bajo la bendición de los militares e incluso con el abasto directo de Petróleos Mexicanos, que enviaba permanentemente pipas cargadas de combustibles para las operaciones de la comunidad flotante.
Involucramiento con Rafael Caro Quintero y su lugarteniente Ernesto “Neto” Fonseca, de agentes de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA), que en determinado momento llevaría al capo a cometer el error de ordenar el asesinato de uno de ellos, Enrique “Kike” Camarena, que provocaría la ira de Washington, exigiendo la detención del hasta entonces intocable mafioso, lo cual conllevaría a la destrucción de la plantación.
Para entonces el capo número uno de México, había escapado a Costa Rica, con la ayuda de sus aliados gubernamentales, llevándose consigo a su novia, que resultaría sobrina del entonces gobernador de Jalisco, Guillermo Cossío Vidaurri.
Allá sería aprehendido por la Interpol y traído al país, donde fue juzgado y liberado “por buena conducta” en la actual administración, pasando por alto más cuentas pendientes, por las que ahora se ofrece una recompensa millonaria por su captura, tanto del gobierno mexicano como de Estados Unidos.
Después de su salida de la prisión, se sabría que la fortuna acumulada por Caro Quintero, fue dirigida por él junto con su familia, para invertirla en empresas inmobiliarias, que actualmente son de las más importantes del estado de Jalisco y en el resto de la República.
Es entonces cuando la sociedad nacional vuelve a preguntarse, ¿por qué la ley únicamente se circunscribe al “castigo” de la privación de la libertad, mas no de la afectación de los multimillonarios bienes, producto de la delincuencia en que incurren estos personajes, para ser destinados en beneficio de las comunidades más pobres de México?
¿Por qué diputados y senadores, incluyendo los actuales, se han abstenido de crear un nuevo marco legal que impida que los líderes del crimen organizado se sigan manteniendo por encima de la ley y en la absoluta impunidad, al mantenerse intocables sus propiedades y todo tipo de riquezas que resultaría imposible comprobar a sus familiares, su origen lícito?
La
corrupción es la asignatura pendiente más importante que aún no se toca en México, a la mitad del sexenio del actual Gobierno Federal, origen de la impunidad y de la ausencia de una justicia que solamente se aplica a los más débiles, mas no a las cúpulas gubernamentales-políticas-privadas, que mantienen un maridaje imbatible.
No se puede hablar de credibilidad ni de confianza en la autoridad federal, cuando prevalecen los ejemplos más aberrantes que contradicen el discurso oficial, como hoy se sigue demostrando con la fuga inverosímil de Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera, de un penal de “alta seguridad”, por segunda vez –la primera fue a los pocos días del inicio del gobierno de Vicente Fox Quesada-, y que ahora se pasea con absoluta libertad por todo el territorio nacional.
El presidente de la República debe recordar que el poder no se sustenta solamente en discursos, sino básicamente en el cumplimiento de compromisos y demandas sociales. Eso, es lo que México necesita, si el PRI quiere seguir en Los Pinos después de 2018.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013
Premio al Mérito Periodístico 2015, del Senado de la República