Impune el abuso sexual infantil en escuelas
Un tema que se ha convertido en intocable entre la comunidad de poco más de millón y medio de maestros en el país, es el de la “violencia sexual escolar”, como lo denomina la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que advierte que en el 82 por ciento de las recomendaciones que ha emitido al respecto, no se separó oportunamente al agresor del grupo, aún cuando las autoridades educativas conocieron los hechos.
Todo ello, advierte la CNDH, denota una falta grave por parte de los servidores públicos que son responsables de velar por la integridad de las niñas y niños que estudian en los centros educativos a su cargo, dejando en estado de vulnerabilidad a las víctimas y al resto de los alumnos que se encuentran en situación de alto riesgo al quedar expuestos a ser violentados sexualmente por el docente pedófilo.
Lo más preocupante, es que el próximo jueves 18 de junio, entrará en vigor en todo el país, el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado el 5 de marzo de 2014, en el Diario Oficial de la Federación, que lamentablemente no prevé el abuso sexual, entre los delitos calificados como graves, lo mismo que el estupro, el hostigamiento ni el acoso sexual cometido en perjuicio de un menor de edad.
Más aún, que este nuevo marco legal federal no dispone de una protección integral hacia la infancia, ya que únicamente menciona de manera breve en el penúltimo párrafo del numeral 109, que el órgano jurisdiccional o Ministerio Público tendrán en cuenta los principios del interés de los niños o adolescentes, sin precisar la forma en que se deberá proceder o las medidas que se tendrán que tomar para salvaguardar a las niñas y niños que han sido víctimas de algún delito, en especial de tipo sexual.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por expertos en la materia, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se establece que si bien es cierto que todos los estados de la República cuentan con una ley para la protección de las niñas y los niños, no todas consideran medidas especiales para salvaguardar la integridad de los menores de edad que han sido víctimas de algún delito sexual en sus escuelas.
La institución ha corroborado que una vez detectado al servidor público –maestro o prefecto-, que ha violentado sexualmente a algún alumno, en algunos casos se ha permitido que éste continúe en contacto directo con niños y niñas sin que haya de por medio ningún tipo de supervisión de la autoridad escolar, como consta en la recomendación 57/2013, en la que el supervisor de Zona Escolar dispuso que el agresor podía seguir en contacto con los alumnos sin estar sujeto a vigilancia.
Revelación de la existencia de todo un mundo de componendas y complicidades en los planteles educativos de México, al observarse casos sobre hechos de violencia sexual, en los que las autoridades buscan impedir que se haga una denuncia, tal y como está asentado en el documento 76/2012 de la institución defensora de los Derechos Humanos a nivel nacional.
Precedente en el que se reporta que la directora del nivel preescolar, al momento de que la madre de una víctima solicitó información respecto al abuso sexual contra su hijo, la autoridad docente le advirtió que ese era un “caso cerrado”, argumentando que “había que cuidar el prestigio de la escuela y no hacer las cosas más grandes para evitar que los demás padres de familia se enteraran”.
Repetición permanente de historias de violencia sexual en contra de menores de edad en planteles del territorio nacional, como está planteada en la recomendación 55/2013, en la que tanto el director como un profesor del centro educativo, pidieron a la víctima que no comentara con nadie lo sucedido, “porque podía dañar su reputación”.
La CNDH ha expuesto ante las autoridades correspondientes, que obstaculizar la denuncia de abuso sexual infantil se traduce en una grave violación a los derechos humanos de las niñas y los niños que han sido víctimas, además de que conlleva complicidad por parte de los maestros involucrados que incurren en este tipo de prácticas y genera una falta de cultura de denuncia y legalidad.
El organismo califica de preocupante el hecho de que durante el procedimiento de indagación respecto de hechos relacionados con violencia sexual escolar, no se tome en cuenta la opinión de las víctimas, como consta en su acta 66/2013, en la que durante el proceso que llevaron las autoridades educativas para documentar el abuso sexual sufrido por una alumna de un Centro de Atención Múltiple, no se consideró la versión de la víctima al respecto.
Ocultamiento de una realidad grave, en la que predominan las omisiones diversas en las agresiones sexuales a menores de edad en las escuelas, aunado a que las sanciones que reciben los profesores responsables, no resultan del todo adecuadas o son insuficientes acorde a la magnitud del delito.
Reporta este organismo nacional, que ha observado casos en los que una vez comprobada la violencia sexual hacia una niña o un niño, o bien se ha evidenciado que las autoridades escolares con conocimiento de lo acontecido no actuaron en forma adecuada.
Confabulaciones en las que los maestros responsables del ilícito reciben “sanciones” que consisten simplemente en llamadas de atención consistentes en “extrañamientos”, amonestaciones verbales o escritas, así como “notas malas”, suspensión temporal con pérdida de sueldo por algunos días y reubicación.
Seguimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su recomendación 51/2013, en la que hace constar que un docente de primaria abusó sexualmente de tres niñas. No obstante la gravedad del asunto denunciado por los padres de familia, la reacción de la autoridad –dirección y supervisor escolar-, en lugar de imponer sanciones y denunciarlo ante la autoridad de justicia correspondiente, optó por reubicarlo en otra escuela primaria, donde el pederasta continuó impartiendo clases a alumnos de sexto grado, como pudo comprobarse.
Los especialistas de la CNDH subrayan que las sanciones que se apliquen a los docentes pedófilos, son insuficientes para la erradicación del fenómeno de la violencia en los centros escolares del país. Reubicarlos a otro plantel en labores administrativas o ser simplemente objeto de llamadas de atención, suspenderlo temporalmente de sus labores sin pago de salario, para luego, como si no hubiese pasado nada se les reincorpore a las actividades que desempeñaba como maestro, pone en alto riesgo a todas las niñas y niños dado el antecedente de agresor sexual.
A nivel nacional las faltas cometidas por los profesores durante el desempeño de sus actividades, se encuentran previstas en diferentes instrumentos legales, por lo que las sanciones pueden ser por vía administrativa e incluso penal.
Por la vía administrativa, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, aplicadas por las autoridades federales y estatales, prevé como sanciones a quien la infrinja, incluyendo a quienes están al cuidado de menores de edad, multas de uno a 500 salarios mínimos y en caso de reincidencia estas podrán ser hasta el doble, además de procederse al arresto administrativo hasta por 36 horas.
Se incluye también la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que establece como sanciones por faltas administrativas, los apercibimientos, las amonestaciones, la suspensión, la destitución del puesto, sanciones económicas y la inhabilitación temporal.
En materia laboral aplica el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, que indica que las infracciones a esta normatividad jurídica darán lugar a extrañamientos y amonestaciones verbales o escritas, notas malas en la hoja de servicio, pérdida de derecho para recibir sueldos, suspensión de empleo, cargo o comisión, además del cese del nombramiento.
Recomendación al Congreso de la Unión para que evalúe la posibilidad de reformar la Ley General de Educación, e incluya un apartado que aborde de forma específica la temática relativa a la prevención y tratamiento de la violencia escolar, incluida la de tipo sexual en los centros educativos.
Suma del ámbito federal y de la legislatura de la ciudad de México, así como de los Congresos de los estados, para que evalúen la reforma de las legislaciones penales de las entidades federativas, de forma tal que las conductas de violencia sexual por parte de maestros y servidores públicos en general, en contra de niñas y niños, estén tipificadas como graves e imprescriptibles y se prevean medidas de protección a menores de edad víctimas de este tipo de delitos y se contemplen agravantes para los responsables de la esfera oficial.
Recomendaciones que no prosperan, en los días en que el Poder Legislativo Federal soslaya la gravedad del problema del abuso sexual infantil en el sistema educativo nacional, dando prioridad a iniciativas distractoras, como el aumento de las dosis a 28 gramos en el consumo individual de la mariguana o para fines medicinales, además de los matrimonios gay.
Situación que en buen número de casos ha llevado en distintas partes del país, a comunidades que han hecho justicia por propia mano, ante la indiferencia de autoridades frente a responsables de violación sexual de menores, que por lo mismo son linchados de manera tumultuaria y sin ninguna misericordia.
El reciente escándalo de violaciones sexuales a varios niños de preescolar en el colegio privado Montessori Matatena, de la Ciudad de México, cometidas en los últimos cinco años por el esposo de la dueña y directora, que ha reactivado el interés de la Secretaría de Educación Pública Federal, por esta problemática que se había mantenido en la impunidad por la no denuncia de los padres de las víctimas.
Vendría a poner en evidencia a la autoridad educativa federal, que finalmente ha reconocido
que carece de protocolos para prevenir el abuso sexual en los planteles oficiales de la capital del país (cuatro mil 200), y menos en los particulares (cuatro mil 100), “donde existe un boquete” al respecto, lo cual será subsanado en el próximo ciclo escolar con la asesoría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Mucho por hacer, para enfrentar esta problemática de la violencia sexual contra niños y niñas en México, donde en su agravamiento por la impunidad permanente que se observa, tienen mucho que ver las organizaciones sindicales magisteriales, cuyos líderes desarrollan una labor de protección de profesores pederastas que actúan sin ser objeto de castigo alguno.
Lamentable por las víctimas inocentes y sus padres y familiares, que demandan una justicia que se sigue postergando por la subordinación a intereses mezquinos.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013
Premio al Mérito Periodístico del Senado de la República y de Comunicadores por la Unidad A.C.