Hartazgo e indefensión nacional
La mayoría de los 120 millones de mexicanos está en el límite de su paciencia por el enojo social prevaleciente, ante tanto político que desde siempre, no cumple sus compromisos, menos sus obligaciones y sí, en cambio, abusa cada vez más del poder omnímodo.
Disgusto, porque cualquier hijo de vecino inmigrante desquiciado abre la boca y nuestra economía tiembla, y el país se desestabiliza por la voluntad ajena que no solamente avasalla, sino que humilla ante la pasividad de una clase gobernante sumisa y entreguista.
Hay coraje por la cada vez más escandalosa, cínica e impune corrupción del binomio gubernamental y privado nacional e internacional, que con la culminación de Reformas Estructurales en materia Energética despoja a toda una nación de sus riquezas petroleras para beneficio de las potencias extranjeras, que pronto convertirán al trabajador nacional en esclavo.
Impotencia por la existencia de leyes a modo, que no se aplican a los poderosos y sí a los más débiles. Por el montaje de farsas espectaculares que finalmente se convierten en llamaradas de petate, en la que ningún corrupto es castigado e incluso premiado con cargos diplomáticos.
Por el encarcelamiento permanente e injusto de indígenas, que por su ignorancia y marginación social no pueden defenderse, al negárseles el derecho constitucional a un abogado y traductor, que por lo menos le diga de que se le acusa, purgando en consecuencia condenas injustas.
Que en nombre de una guerra contra el narcotráfico que dura ya 11 años, que no se consultó en lo más mínimo al pueblo y que por lo mismo no autorizó contra el narcotráfico, hayan muerto más de 100 mil mexicanos, muchos de ellos inocentes, sin lograr abatir el trasiego de estupefacientes a los Estados Unidos, como tampoco la violencia e inseguridad, que a pesar delo que se diga oficialmente, continúa elevando la cifra de víctimas mortales.
Desamparo por el crecimiento alarmante de la demanda interna de estupefacientes, bajo la protección y auspicio de autoridades de todos los niveles en todo el territorio nacional, que ha repercutido en pugnas radicales entre los cárteles, por la expansión y control de espacios de distribución y consumo que llega a centros de educación superior, media y hasta niños de escuelas primarias.
Enojo, en cuanto al hecho de que transcurrida más de una década, las Fuerzas Armadas no sean regresadas por su Comandante Supremo, el Presidente de la República, a sus cuarteles y se mantengan en las calles haciendo labores que por ley corresponden a los civiles.
Más aún el malestar, cuando se sabe que su presencia fuera de las instalaciones militares ha estado al margen de la Carta Magna, por lo que en lugar de crear en ese lapso de tiempo Corporaciones Policíacas civiles, profesionales, con armas adecuadas y sobre todo con salarios que eviten en lo posible tentaciones de la delincuencia organizada, se insiste hoy desde los altos mandos castrenses en la necesidad de crear una Ley de Seguridad Interior, que legalice la sustitución que hacen de los cuerpos policíacos establecidos por el marco legal constitucional.
Irritación, porque simplemente porque al entonces presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa se le ocurrió sacar de los cuarteles a soldados y marinos, para hacer de las ciudades y el medio rural lugares de batallas encarnizadas contra los cárteles de las drogas, incurriendo en muchos casos en violaciones a los derechos humanos cometidos en perjuicio de la población civil, que por no parar en un retén donde no se sabían si se trababa de autoridades o sicarios, eran víctimas de las balas oficiales. Como se ha documentado con el paso del tiempo.
Enfado ante la cerrazón de las Fuerzas Armadas demostrada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en diversos casos de supuestas violaciones a los derechos ciudadanos, como en Tlatlaya, estado de México, donde elementos castrenses dieron muerte mediante ejecución masiva, a más de 20 personas, presuntamente integrantes de una banda de secuestradores, que en su momento fue denunciada por una sobreviviente.
Disgusto con las versiones de que en algunos de los enfrentamientos con los sicarios y sus cabecillas, se argumentaba que éstos llegaban a poseer armas superiores a las de los militares, y ahora se sabe que no ha sido así, pues en el período 2011-2015, la compra de armamento moderno y sofisticado por parte del gobierno mexicano para sus Fuerzas Armadas creció 331 por ciento comparado con el de 2006-2011, mientras en el resto de América latina, como en Venezuela y Colombia, las adquisiciones descendieron en 18 por ciento.
Los mexicanos están hartos de que sus autoridades federales los traten como retrasados mentales para justificar su incapacidad y encubrimiento de la corrupción de sexenios anteriores, como ahora ocurre con los “gasolinazos” que contradicen gravemente las promesas gubernamentales de gasolinas, diesel, gas y electricidad baratas.
Repudio a una clase gobernante que sigue montada en su macho de que las medidas de incremento a los combustibles, “son dolorosas, pero necesarias”, ya que de no hacerse obligarían a la cancelación de importantes programas sociales, incluido el combate a la pobreza.
Descontento cuando el Gobierno federal reitera que los “ajustes” a los precios de los energéticos no son inflacionarios, mientras la realidad dice lo contrario, al aumentar todo tipo de alimentos y servicios como el de transporte, ropa, colegiaturas,
Furia porque sus “representantes populares”, diputados federales y locales, así como senadores, además de partidos políticos, no han sido capaces de poner un alto a las iniciativas Presidenciales, que al ser aprobadas mediante el generoso “maiceo” correspondiente, ponen en riesgo la soberanía e independencia nacional.
Repudio al mundo de complicidades y traiciones a la patria, de poderosos intereses vinculados con el exterior, que han inducido al abandono de las seis refinerías de Petróleos Mexicanos, más que suficientes para procesar los hidrocarburos y producir las gasolinas y diesel que requiere el consumo nacional, pero que al dar preferencia a jugosos contratos con empresas estadounidenses, hoy solamente tienen un rango de producción de 30 por ciento y el resto se importa de la Unión Americana a precios por demás elevados ante la creciente devaluación del peso frente al dólar.
Exasperación debido al incremento constante de las tarifas eléctricas, una vez que la Comisión Federal de Electricidad, sin tener la necesidad extrema, compra obligadamente y comercializa por consigna superior, compra el total de la energía -50 por ciento de la demanda nacional, que producen transnacionales extranjeras encabezadas mayoritariamente por la española Iberdrola, además de la Unión Americana y Japón-.
Sublevación de comunidades campesinas, frente a la indiferencia a sus demandas de justicia, por parte del Gobierno de la República que permite la destrucción de Reservas Naturales Protegidas por la Organización de las Naciones Unidas, como ocurre en El Triunfo y La Encrucijada, en las Regiones Costa y Sierra del estado de Chiapas.
Justicia por propia mano ante los abusos que cometen compañías mineras en los municipios de Acacoyagua, Acapetahua y Esciuintla, donde han contaminado con químicos cancerígenos el subsuelo, los ríos, el aire, la flora y la fauna, al realizar operaciones de explotación a cielo abierto.
Bloqueos desde hace más de ocho meses de los accesos a las minas concesionadas por el Poder Ejecutivo Federal, para la explotación de oro, barita, fiero y titanio, éste último que había empezado a generar ganancias multimillonarias en dólares, al ser exportado a China, desde Puerto Chiapas, sin ningún beneficio para los campesinos que habitan la zona de influencia, como tampoco para las municipalidades ni gobierno del estado, en cuestión de impuestos.
Más cólera cuando saben que los grandes consorcios mineros representados por Grupo México de Germán Larre y Peñoles de Carlos Slim Helú, apenas si pagan poco más del uno por ciento de sus ganancias a la Secretaría de Hacienda federal, lo mismo que las compañías transnacionales encabezadas por Canadá, que lo mismo extraen oro, plata, cobre, titanio, barita, fierro y otros de gran valor, que no reditúan utilidades al pueblo de México, dueño de esta riqueza, según la Constitución.
Insurgencia que se ha repetido en la Región Sierra de Chiapas, donde en noviembre de 2009 tuvo como respuesta el derramamiento de sangre y asesinato de Mariano Abarca Roblero, líder del movimiento opositor a las operaciones de explotación de la minera canadiense Black Fire, apoyada incondicionalmente por los gobiernos federal de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y estatal de Juan Sabines Guerrero.
Brotes de inconformidad transformados en actividades de resistencia social en un gran número de municipios de Chiapas, en protesta por las elevadas tarifas que aplica injustamente la Comisión Federal de Electricidad a campesinos e indígenas, olvidando que es la entidad la que más aporta el fluido eléctrico derivado de las cuatro centrales hidroeléctricas más importantes de México (Angostura, Mal Paso, Chicoasén y Peñitas), construidas sobre el aún caudaloso Río Grijalva.
Enojo de los chiapanecos por la falta de reciprocidad de la Federación, a la que pertenece desde su incorporación en 1824 y Soconusco en 1842, dejando atrás su pertenencia a Centroamérica, no obstante la aportación al país de sus importantes riquezas naturales adicionales, como el petróleo y el gas.
Convicción de la población, de que más le hubiera valido a Chiapas mantenerse como una nación independiente y hoy sería una potencia económica sobresaliente en la Región del Istmo Latinoamericano, superior a todos los países de la Zona por sus aún invaluables recursos que la naturaleza le ha dado, entre ellas el de tener en la Selva
Lacandona la reserva de hidrocarburos más grande en la historia de México, lo mismo que uno de los mayores yacimientos de cobre del planeta, éste último objetivo de mineras nacionales y extranjeras.
Esto último, en lo particular, representa una gran oportunidad para el gobernador Manuel Velasco Coello, de negociar con el Gobierno Federal mayores beneficios para sus paisanos, considerando que la entidad está clasificada, contradictoriamente, como una de las tres más pobres de México, que en 2013 obligaría al presidente Enrique Peña Nieto a iniciar en la Zona Indígena de Los Altos Chiapas (Zinacantán), la Cruzada Nacional contra el Hambre, con resultados favorables, pero todavía no satisfactorios para los casi dos millones de integrantes de los diversos grupos étnicos.
México vive tiempos sumamente difíciles, como consecuencia de la polarización preocupante de la riqueza de pocos y la miseria de muchos.
No se puede seguir hablando de que las medidas adoptadas por el Gobierno de la República favorecen el bolsillo de las familias mexicanas, cuando la prioridad gubernamental es el fortalecimiento de una macroeconomía que no responde al interés nacional, sino a la de sus países de origen.
En la cercanía de la sucesión Presidencial, Enrique Peña Nieto tiene grandes retos por los compromisos aún no cumplidos con la sociedad nacional. Deberá responder positivamente a los justos reclamos sociales, para concluir bien su sexenio y dar con ello margen a la continuidad del Partido Revolucionario Institucional en Los Pinos.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico del Senado de la República y Comunicadores por la Unidad A.C.