No más impunidad en asesinatos de periodistas
La voz de enérgica de protesta por los asesinatos de periodistas en el país, viene ahora del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers. La eleva para exigir un alto a la impunidad en crímenes contra comunicadores en el país.
Se había tardado, pero finalmente lo hace, con la autoridad moral que siempre ha caracterizado a los responsables de la Máxima Casa de Estudios de nuestra Nación, que demanda un castigo ejemplar a los responsables y en especial a los tres ejecutados en el mes de marzo último (Miroslava Breach Velducea, 54 años, de Chihuahua; Cecilio Brito Pineda, 38 años, de Guerrero y Ricardo Monlui Cabrera, de 57 años, de Veracruz).
Advertencia de que en México, el periodismo serio se ve amenazado por los vientos del populismo que soplan sobre las democracias con verdades maniqueas y por la banalidad de la posverdad, ante lo cual es fundamental fortalecer la libertad de prensa y el ejercicio periodístico.
Tenemos un periodismo serio, reconocería, comprometido con la libertad de expresión y con el derecho a la información.
Preocupación del hombre de ciencia y responsable del rumbo de la UNAM, porque este 2017 ha experimentado uno de los inicios más violentos al ser asesinados tres periodistas en menos de un mes, solidarizándose con el gremio periodístico al exigir el alto a la impunidad predominante y el castigo ejemplar para los responsables.
Comentario acertado y oportuno de Graue Wiechers, en el quinto año del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que ha empezado de manera trágica para quienes han sido víctimas del juego de poderosos intereses mezclados y decididos a eliminar a quien represente riesgo para sus actividades delictivas a cielo abierto.
Acumulación en los últimos 17 años de 123 asesinatos a periodistas en diferentes partes de la república mexicana, de los cuales 30 se han cometido en los últimos cuatro años tres meses, con toda la saña que se pueda imaginar.
Protestas, marchas, mitines, desplegados en periódicos y plantones, todos con sentido de enojo, inconformidad y exigencia del ¡Ya Basta! de atentados contra quienes cumplen con el apostolado de informar del acontecer diario de un México convulso que no cambia porque no existe y por lo visto no se dará la voluntad política para esclarecer tantos crímenes aberrantes.
¿Cuál fue el error que causaría la muerte de Miroslava Breach, una periodista profesional muy prestigiada, corresponsal en el estado de Chihuahua, del periódico La Jornada, de la Ciudad de México y colaboradora del diario Norte de Ciudad Juárez?
El que haya sido, motivó la conducta asesina de quién o quiénes ordenaran a un grupo de tres sicarios que dieran fin a su vida, con ocho disparos de arma de fuego a corta distancia, cuando salía de su casa a bordo de su automóvil, frente a su hijo, al que llevaba a la escuela por la mañana del 23 de marzo.
Tal vez el reportaje publicado el 4 de marzo de 2016, en el que daba a conocer las amenazas en contra de al menos nueve aspirantes a alcaldes en ocho municipios de Chihuahua (Bachíniva, Chínipas, Namiquipa, Urique, Uruachi, Guazaparez, Guachochi, Batopilas y Buenaventura), con presencia del narcotráfico.
Denuncia de que el crimen organizado impondría candidatos a ediles en la entidad, tanto del PRI como del PAN, entre ellos de manera sobresaliente a Silvia Mariscal Estada, suegra de Arturo Quintana “El 80”, en Bachíniva, o en Chínipas, en la baja Tarahumara, a Juan Salazar Ochoa, “El Juanito”, sobrino de Crispín Salazar Zamorano, dirigente del grupo delictivo “Los Salazares”.
Otra de sus investigaciones sobre la delincuencia organizada en los 67 municipios de Chihuahua, fue difundida en las páginas de La Jornada, el 6 de agosto del año pasado, en la que revelaba: “Destierra el narco a centenares de familias de la sierra de Chihuahua. Se asienta en la zona para sembrar amapola, cultivo que desplazó a la mariguana. Con amenazas de muerte les impiden regresar; se apropian de sus casas, ganado y tierras. Al alza, crímenes en municipios serrano, reconoce la Fiscalía General del Estado; se cometieron mil 770 de 2011 a 2015”.
La valentía de Miroslava Breach, la convertiría en una estadística más de los asesinatos por la narcopolítica en México, por su valor de publicar:
“En los tres años recientes se incrementó la presión sobre los habitantes de la serranía. Los cabecillas de grupos criminales en la región, han aniquilado familias completas en su ambición por el control de la producción y compraventa del enervante.
“Los asesinatos vinculados al crimen organizado habían repuntado en los municipios serranos, pero desde abril pasado hubo un incremento en las principales urbes del estado, donde se había tenido una disminución de homicidios en el pasado.
En las zonas urbanas, las víctimas de las disputas entre grupos de narcotraficantes, se cuentan con facilidad, mientras los medios de comunicación hacen que la estadística oficial sea más realista, pero aún así no existe una cuenta exacta de las personas ultimadas en los pueblos de la sierra. El terror hace que las familias callen y se resignen a enterrar a sus muertos”.
Las historias de terror e impunidad que se pierden entre las zonas montañosas, recuperadas por el profesionalismo de la periodista Miroslava Breach: “Desde finales de 2012, la banda delictiva ‘Los salazares’, comandada actualmente por Crispín Salazar Zamorano, emprendió una ‘limpia’ de presuntos enemigos en la región que tiene bajo su control, desde los pueblos de San Rafael, Bachichivo, Guazaparez, Temoris, Chínipas, Milpillas, la Lobera, Las Chinacas y El Huicochi, en la zona limítrofe con Alamos, Sonora.
“Moisés Velderrían Chávez y seis de sus hijos, fueron asesinados por presuntos sicarios de Crispín, después de que su sobrino Alfredo Salazar Ramírez y su hermano Adán Salazar Zamorano, fueron aprehendidos en el último año del expresidente Felipe Calderón. Sólo tres hijas de Moisés sobrevivieron a la venganza del capo”.
Publicación de más capítulos de terror en un Chihuahua sin ley, donde el actual gobernador Javier Corral Jurado no ha podido imponer el obligado estado de derecho, desde el 4 de octubre de 2016, en que tomó posesión, culpando al gobierno de Enrique Peña Nieto, de la situación de violencia que enfrenta el estado.
A este mandatario de extracción panista confió la comunicadora, su temor por las amenazas contra su vida por parte del crimen organizado representado por las mafias del narcotráfico en la entidad, molestas por sus trabajos periodísticos.
Sin embargo, Corral Jurado, quien después de su muerte declararía que Miroslava era su amiga y que le había informado oportunamente de sus temores, que finalmente le costaron la vida, en ningún momento dispuso la protección de la comunicadora.
Y por si faltara, con la desfachatez que le caracteriza, se mostraría “atribulado” afirmar que había estado unido a “su amiga” por el oficio y la amistad de tres décadas, por lo que no duda que “este crimen milimétricamente planeado, fue un silenciamiento en venganza por su trabajo periodístico, al ser víctima de la narcopolítica.
No desaprovecharía tampoco el momento para justificar su incapacidad y corresponsabilidad, para curarse en salud, aseverando que el trabajo que la periodista documentó, reveló “las relaciones del narcotráfico con el PRI”.
Lamentable, que el gobernador Javier Corrales Jurado no vaya a fondo y solamente se dedique a aprovechar el momento para culpar al ahora partido opositor de todos los males, que desde hace seis meses debió haber empezado a atender y solucionar.
Ejecuciones de comunicadores en marzo, que incluye a Ricardo Monluí Cabrera, asesinado a balazos por dos sicarios que certeramente dieron en su cabeza, cuando salía de un restaurante en Yanga, Veracruz, el domingo 19, acompañado de su familia.
Su trayectoria periodística era reconocida por sus colegas, al presidir la Asociación de Periodistas y Reporteros Gráficos de Córdoba, donde escribía su columna “Crisol”, en los diarios El Sol de Córdoba y Diario de Xalapa, dando prioridad a temas de la industria azucarera de la región.
Antes, Cecilio Pineda Brito, también corresponsal del periódico La Jornada, sería la primera víctima en el mes de marzo, al ser asesinado el día 2, mientras esperaba la entrega de su camioneta en un servicio de lavado de vehículos en Ciudad Altamirano, Guerrero, vecina del estado de Michoacán.
Pese a haber sufrido un atentado del que salió ileso en septiembre de 2015, al ser atacados por dos hombres que le dispararon al llegar a su casa, no recibiría la protección gubernamental. Hoy, la sospecha principal de la autoría de su muerte, al publicar recientemente los nexos del diputado local Saúl Beltrán Orozco, con Raybel Jacobo de Almonte, “El Tequilero”, jefe de una banda de secuestradores en la zona de San Miguel Totolapan, prófugo de la justicia.
Terminó marzo y lo más que se hizo por parte del Gobierno Federal, fue el ordenar la Procuraduría General de la República “atraer” como lo hace en “casos relevantes”, las investigaciones de los crímenes que seguramente engrosarán la lista de casos no resueltos hasta ahora, como el martes 4 de abril lo reconociera el fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Celso Nájera Herrera.
El funcionario daría idea de la eficacia de la PGR, en el esclarecimiento de los atentados criminales a periodistas: “De los 48 casos de homicidios contra periodistas que ha atraído, sólo ha logrado sentencias condenatorias a tres personas”.
Reunión en San Lázaro con los integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas de la Cámara de Diputados, en la que la subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Sara Irene Herrerías, recurría a las
reiteradas frases de que “en los años recientes se ha presentado una situación de inseguridad grave para quienes ejercen la libertad de expresión en México, en especial para los periodistas”.
Y como si lo realizado por la autoridad federal fuera efectivo, argumentaría que “a las víctimas se les garantiza el acceso a la justicia, porque desde que reportan los hechos hechos de agresión, la fiscalía abre inmediatamente una carpeta de investigación y se está en contacto con los fiscales y procuradores de los estados para colaborar con ellos en la indagatoria”.
Y…
El reporte de la Federación Internacional de Periodistas, como bien lo señala el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, ubica a México como uno de los cinco países de mayor riesgo para el ejercicio de la profesión. En 2016, sólo Iraq y Afganistán, registraron mayor índice de homicidio de comunicadores.
¿Hasta cuándo la impunidad y el ataque a quienes se atreven a ejercer la libertad de expresión en México, como a Don Belisario Domínguez Palencia, a quien no solamente le cortaron la lengua sino que lo asesinaron en nombre de una “democracia dictatorial”?
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 del Senado de la República y de Comunicadores por la Unidad A.C.