Libertades minadas por corrupción e impunidad

Escuchaba no hace mucho a un joven amigo capitán del Ejército Mexicano, que me expresaba su indignación por la corrupción que impera entre agentes del Ministerio Público, especialmente de las zonas del país controladas o en disputa por los cárteles de las drogas, donde más tardan los militares en capturarlos y entregarlos a la autoridad civil, que ésta a la brevedad, ponerlos en libertad.

Las quejas de los soldados rasos y mandos menores, que también capturan a sicarios, con armas y estupefacientes, quienes incluso los insultan y se burlan de ellos, advirtiéndolos que mejor los suelten, porque bastará con una llamada, para que sus superiores les ordenen soltarlos, como luego ocurre.

Inconformidad por el deterioro de su imagen institucional, sobre todo desde los tiempos del presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, que los ha convertido en protagonistas de una guerra callejera en contra de un crimen organizado, que ha permeado las estructuras del poder, dejando a la mayoría de los militares en condición desventajosa, desde un inicio plagada por errores derivados de su ignorancia en materia de derechos humanos, guiándose por la consigna de que en el medio militar las órdenes de los mandos altos se ejecutan y no se discuten.

Todavía en el sector castrense se recuerdan las graves fallas internas, que han llevado a sus familias a quedar en estado de indefensión y correr el riesgo de ser víctimas del crimen organizado, como ocurriría con la de Melquisedec Angulo Córdova, tercer maestre de las Fuerzas Especiales de la Armada de México, que participó en el operativo de captura del capo Arturo Beltrán Leyva, que al oponer resistencia fue asesinado junto con varios sicarios, en Cuernavaca, Morelos, el 16 de diciembre de 2009.

En ese enfrentamiento moriría el mando de la Armada y sus restos serían enviados a sus familiares, en el municipio de Paraíso, Tabasco, donde le fueron rendidos los honores correspondientes. Poco antes de la medianoche del 22 de diciembre, un grupo de sicarios arribaría fuertemente armados a la modesta vivienda habitada por Irma Córdova Pérez, madre del marino, quien sería ejecutada junto con dos familiares más, dejando heridos  otros tres de gravedad.

Sería hasta el 25 de noviembre de 2011, se sabría que el responsable de la masacre había sido Santos Ramírez Morales, quien también se hacía llamar Sergio Ramírez Torres, “Santos Sapos”, identificado por un grupo policíaco-militar interinstitucional, como el jefe de “Los Zetas”, en el estado de Tabasco, detenido en Ocozocuatla, Chiapas, su centro de operaciones de secuestros y ejecuciones, donde era dueño de varios ranchos y diversas propiedades inmobiliarias.

Desde entonces, cada vez que cae en el cumplimiento de su deber un miembro de las Fuerzas Armadas, se tiene cuidado de divulgar su origen, para evitar la repetición de represalias para sus familias.

Está el otro lado de la moneda, la de las decenas de miles de viudas, madres, hijos y demás familiares de los integrantes del crimen organizado, víctimas indirectas de los combates de los cárteles de las drogas en su disputa de espacios, que se ha extendido a muchas más que han quedado en medio de los fuegos cruzados de los capos o de los  enfrentamientos de éstos con militares.

Una guerra de intereses e ilegalidades sin precedente, en la que los estadounidenses han acrecentado su demanda de estupefacientes para fortalecer su jerarquía de principal consumidor mundial, que lleva casi dos décadas, en los que ha contribuido en mucho a esta aberrante situación, al poner las armas y las balas y los mexicanos algo así como 100 mil muertos.

Epoca de derramamiento de sangre entre hermanos, que tienen en su parte medular la adoración al Dios del Dinero, como objetivo principal y que ha hecho chorrear tinta roja a todos los medios impresos del país, que han involucrado en esa gran dinámica a miles de reporteros, que lo mismo han escrito las notas informativas de los hechos del momento, que reportajes y crónicas, que han dado margen a la elaboración de artículos, columnas, editoriales y libros sobre esta compleja problemática.

Condición de escribidores de la historia de un México que nadie hubiera querido y quiere, que desde entonces los ha ubicado como el jamón del sándwich, al convertirse en relatores de historias que se mueven al vaivén de los intereses de la gente del poder político, del dinero y de la violencia de las armas de las mafias.

No se olvida aún, la injerencia de la misma autoridad, que ha llevado a cabo “ajusticiamientos” contra periodistas, como el del columnista de EXCELSIOR, Manuel Buendía Tellezgirón, el 30 de mayo de 1984, que fuera asesinado a balazos en un estacionamiento de la Zona Rosa, en la capital nacional, y que se descubriría finalmente que el autor intelectual de la ejecución fue el entonces titular de la Dirección Federal de Seguridad (Policía Política y de Inteligencia), de la Secretaría de Gobernación, entonces al mando de Manuel Bartlet Díaz y Miguel de la Madrid Hurtado, en la Presidencia.

Paso a la pertenencia de las estadísticas de muertos de una coyuntura, que lo mismo proviene de “los malos”, que de “los buenos” de todos los niveles, en las diferentes Regiones del país, que se amalgaman para aprovechar el momento caótico a propósito, del México en llamas.

Cifras que se repiten como constante del estado de indefensión de quienes cumplen con la noble tarea de informar, en lo posible, a una sociedad demasiado indiferente y de una clase en el poder sin credibilidad, que a cada comunicador caído le rezan la letanía de que “su crimen no quedará sin castigo” y que “se llegará hasta las últimas consecuencias”.

El último asesinato de un periodista, el sexto en las últimas 12 semanas en el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, corresponde al sinaloense Javier Valdez Cárdenas, asesinado a pleno día en céntrica calle de la ciudad de Culiacán.

Otra vez, la cruel muerte de un ser humano, independientemente de su condición como parte activa de la sociedad sinaloense, ejecutado de 12 tiros, por asesinos profesionales, sin que nada ni nadie los detuviera.

Indignación de los comunicadores de periódicos, revistas, noticieros de radio, de televisión y páginas cibernéticas, del territorio nacional, para alzar la voz y lo mismo protestar que condenar el atentado, con el respaldo de organizaciones de periodistas de todo el mundo, que obliga, por instrucción Presidencial, al secretario de Gobernación Miguel Angel Osorio Chong, a convocar para el miércoles 17 de mayo, una reunión urgente entre los gobernadores del país con el Gabinete Nacional de Seguridad y el Jefe del Ejecutivo Federal.

Reunión al mediodía,  en el Salón Adolfo López Mateos, con el lema de “Acciones para la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores”, con la presencia de los miembros de la Conferencia de Gobernadores (Conago), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, además de miembros del Gabinete Federal e integrantes del Cuerpo Diplomático acreditado en México.

Ahí, el Jefe de la Nación afirmaría que “la violencia perpetrada contra periodistas y defensores de derechos humanos ha abierto una profunda herida en nuestra sociedad”, reafirmando su compromiso de “combatir la impunidad, para que la muerte de periodistas no quede impune y se encuentre a los responsables”.

Sin mencionar en ningún momento de su discurso el nombre del último comunicador asesinado el lunes 15 de mayo, Peña Nieto habló en plural, para convocar a los presentes “a guardar un minuto de silencio por todas las personas, periodistas y defensores de derechos humanos, que lamentablemente, en el ejercicio de su tarea, de su lucha, han caído en el cumplimiento de ese deber y de esa tarea a la que se han entregado”.     

Se dejarían escuchar entonces las voces en tono elevado de los fotógrafos y reporteros que cubrían la información, con la exigencia justicia ante la ola de crímenes en contra de sus colegas.

A ellos se dirigiría inmediatamente concluido el momento que dejaría de ser solemne, dado el enojo de los comunicadores de la “Fuente de Presidencia”: “Señoras y señores representantes de los medios de comunicación. Y me permito llamarles aquí, a quienes están presentes, amigos, porque éste ha sido un Gobierno que se ha distinguido precisamente por ser respetuoso de la libertad de expresión. Aquí están presentes quienes me han acompañado a lo largo de esta Administración y de la de los Gobernadores, Gobernadora y Jefe de Gobierno de la Ciudad de México”.

Adecuando su discurso al tenso momento, el Primer Mandatario expresaría: “Y entiendo su indignación, a la que nos sumamos, con la que nos solidarizamos. Y la razón de estar hoy aquí reunidos es precisamente, no para dirigir discursos, sino sí para reafirmar un firme compromiso, llevarnos tarea y compromiso para combatir la impunidad, para que la muerte de periodistas no quede impune, se encuentre a los responsables”.

Vendría la “más enérgica condena del Gobierno de la República, por estos lamentables sucesos que lastiman a México y que han generado una gran indignación. La violencia no puede ser parte de nuestra vida cotidiana. Cada crimen contra un periodista es un atentado contra la libertad de expresión y de prensa, y contra la ciudadanía”.

Agregaría que “como ciudadano, comparto la exigencia de justicia del gremio periodístico y de la sociedad entera. Y, como Presidente de la República, les digo que actuaremos con firmeza y determinación para detener y castigar a los responsables”.

Convicción de Enrique Peña Nieto, de que una democracia plena requiere que nadie calle su voz. Tienen razón quienes afirman que no se mata la verdad, matando periodistas. Como país, no podemos, ni debemos ceder ante la violencia.

Mensaje en el que subrayaría que “sociedad y Gobierno tenemos que asegurar

que la fuerza de la razón, y la verdad, prevalezca sobre la sinrazón de la violencia y el miedo. Es obligación del Estado mexicano en su conjunto otorgar garantías a los periodistas para el desempeño de su profesión, especialmente ante la amenaza que hoy representa el crimen organizado, en ocasiones, infiltrado en instancias de gobiernos locales, en ciertas regiones del país”.

Diría que el homicidio de periodistas y defensores de los derechos humanos muchas veces es síntoma de un fenómeno mayor de impunidad al que se debe poner punto final, a partir de la acción coordinada de los tres poderes y órdenes de Gobierno.

Reconocería que “a la ciudadanía no le interesa a qué autoridad le compete perseguir un delito, lo que las personas esperan son resultados, es el combate a la impunidad. Es que ninguno de estos delitos cometidos quede impune, y los agresores, y quienes cometieron tal delito, escapen a la justicia”.

Más aún, que “la impunidad y el rezago en el esclarecimiento de los crímenes son, precisamente, lo que más indigna a la sociedad, el que no se tengan resultados lo más pronto posible y, sobre todo, que muchos casos queden auténticamente en la impunidad. Lo que los ciudadanos demandan es que los culpables sean detenidos y reciban el castigo que merecen”.

Sin duda, una tarea compleja para quien tiene la principal responsabilidad de que el país marche bien, con el inconveniente del juego de poderosos intereses económicos, políticos y empresariales, inmersos en el mundo de la delincuencia organizada, que precisamente ha hecho que el 98 por ciento de los crímenes contra periodistas se mantengan en la impunidad.

No obstante, se reconoce y apoya el propósito, con la esperanza de que la ley se aplique pronta y expedita en México.

Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.

Premio al Mérito Periodístico 2015 del Senado de la República y de Comunicadores por la Unidad A.C.