Damnificados de Stan, la tragedia que permanece

En los días en que Luis Enrique Miranda Nava, secretario de Desarrollo Social del Gobierno de la República, permanece en Chiapas por instrucción del presidente Enrique Peña Nieto para coordinar los esfuerzos interinstitucionales de atención a los damnificados por los terremotos del 7 y 19 de septiembre últimos, me permito contarle la siguiente historia, que seguramente le va a interesar:

En una loma distante de la cabecera municipal de de Tuzantán, en la Región Costa de Chiapas, los gobiernos federal y estatal de “La Alternancia”, de Vicente Fox Quesada y Pablo Abner Salazar Mendiguchía, reubicaron a 422 familias, la mayoría descendientes de indígenas de origen Mam, de la Sierra Madre de Chiapas, damnificados por las acciones devastadoras del huracán Stan, el martes cuatro de octubre de 2005.

Tierras en declive, pedregosas y por lo mismo de riesgo, sobre las que se construyeron y entregaron a los desplazados en 2006, “cajones”, que no casas, con material sin calidad, de blocks porosos y sin repello, como tampoco servicios de agua potable, drenaje y electricidad, al que pomposamente denominaron Fraccionamiento “La Flor”, del “Programa de 100 Fraccionamientos Vida Mejor”, en 41 municipios.

Paredes por las que la humedad penetra en tiempo de lluvias muy fuertes, que en la Región ocurren durante ocho de los 12 meses del año. Ah, eso sí, de dos cuartos de tres por tres metros, que dada su pequeñez, han convertido en uno, donde viven hacinados en una “vivienda” de seis .

Obras maestras de las constructoras de los entenados del presidente Fox Quesada e hijos de su pareja Marta Sahagún, de apellidos Bribiesca Sahagún, que se enriquecieron escandalosa y cínicamente con los recursos autorizados por el Congreso de la Unión y donaciones particulares del país y el extranjero, que llegaron a sumar 20 mil millones de pesos, que nunca se transparentaron y que siguen constituyendo el negocio más grande de la historia sexenal de México, destinados a atender una desgracia.

Bueno sería que como titular de la Sedesol federal, conociera este marginado lugar, para el cual deberá usted tener una buena condición física para subir las empinadas “calles”, todas ellas destrozadas al ser erosionadas por el agua, dejando a flor de tierra las grandes piedras que hacen inaccesible el tránsito vehicular, que ya de por sí resulta difícil para la gente.

Me daría gusto también, que el mismo presidente Enrique Peña Nieto estuviera en esta parte del trópico unos momentos, para que pudiera conocer más de cerca “el otro México”, al cual hizo referencia el jueves 28 de septiembre en Puerto Madero-Chiapas, donde firmaría los decretos de Declaratoria de las Zonas Económicas Especiales, que incluyen a Coatzacoalcos, en Veracruz y Lázaro Cárdenas-La Unión, en Michoacán.

La pobreza se siente a cada paso. La gente habla con el columnista. Carecen de empleo fijo, viven en la economía informal, los que pueden, de albañiles, de lo que sea, con el propósito de que sus familias tengan algo que llevar al estómago todos los días.

En “La Flor”, durante seis años carecieron de todo, prácticamente como en la prehistoria, sin electricidad, drenaje y agua potable. Para su fortuna está un río cerca, del cual acarreaban el vital liquido para sus necesidades elementales. Tuvieron que construir sus letrinas y sus cocinas a base de fogones con leña, mientras se alumbraban con candiles. Los hijos a caminar distancias grandes porque no había escuela.

Fue hasta 2012, seis años después de la catástrofe que a todos ellos dejó sin hogar y patrimonio, cuando las autoridades se compadecieron y decidieron otorgarles los servicios básicos, pero se olvidaron de las calles, por lo difícil del terreno.

Para lograr ese objetivo, se vieron en la necesidad de mantenerse unidos y organizados por el luchador social Carlos Tapia Ramírez, presidente de la Sociedad Civil de Soconusco y del Consejo Regional de Damnificados de Stan, que les llevó a manifestarse y realizar plantones de inconformidad en demanda de justicia, ante el Palacio de Gobierno estatal en Tuxtla Gutiérrez, lo mismo que de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México.

Lo lograron, tal vez por enfado de los funcionarios que no quisieron seguir viéndose exhibidos y así finalmente obligados a atender sus justas demandas.

Es la loma, llena de grandes piedras, donde encima de ellas se edificaron estas “viviendas” bajo manufactura de las empresas constructoras de los hermanos Bribiesca Sahagún, que las facturaron y cobraron al precio que se les dio la gana, lo mismo que caminos, puentes, desazolves de ríos, escuelas, sistemas de drenaje, agua potable, instalaciones eléctricas y muchas otras, que en un buen número de casos se pagaron, pero que nunca se realizaron.  

A 12 años de distancia de la más grande tragedia que ha enlutado a Chiapas, ésta continúa, pues un elevado porcentaje de quienes recibieron “casas”, viven en la zozobra, porque aún no les han entregado las escrituras que acreditan la propiedad.

La misma aberrante historia, se repite en cada uno de la centena de “Fraccionamientos Vida Mejor”, conocidos popularmente por los mismos “beneficiarios”, como “Vida Pior”, pues no obstante la promesa de la mancuerna de Vicente Fox Quesada y de Pablo Abner Salazar Mendiguchía, de brindarles un mejor de vida familiar, resultó lo contrario.

Para contar con mayores recursos financieros, ambos gobernantes se pondrían de acuerdo para incrementar, sin sustento, a 41 el número de jurisdicciones municipales afectadas, por lo que para justificar crearon en muchos casos, “fraccionamientos” de 50 “casas”.

Inclusión de lugares distantes del epicentro del fenómeno meteorológico, que tuvo a Tapachula, en la Región Costa, como la principal ciudad siniestrada. Ampliación a otras zonas del estado, como la Sierra, Frailesca, Fronteriza Comitán-Comalapa, y Centro, con Cintalapa, Jiquipilas, Villaflores, Angel Albino Corzo y Montecristo.

Toda una catástrofe que afectaría severamente los ecosistemas de la Sierra Madre, la ganadería al azolvarse pastizales, además del canal intercostero, con daños en la pesca, además de la destrucción de viviendas a por lo menos 10 mil familias, para quienes se estima se hayan construido a su favor unas cinco mil, sin regularización notarial y servicios básicos, sobre todo en las comunidades menos importantes, por lo que tampoco han sido municipalizadas para ser tomadas en cuenta en los programas anuales de los ayuntamientos donde se ubican.

Muchos de los nuevos centros de población, fueron creados en terrenos dentro de espacios de riesgo, inundables y en lugares irregulares e inaccesibles.

El agregado de la corrupción de funcionarios encargados de “hacer justicia a los damnificados”, que no obstante haber comprometido su palabra como presidente Vicente Fox Quesada, de entregar las “casas” de manera gratuita a los afectados, las comercializaron hasta en 10 mil pesos, por lo que una gran cantidad no pudieron tener acceso a ellas.   

Un gran número de alcaldes favorecieron a líderes locales, además de amigos y personas allegadas a las esferas de funcionarios, como ocurriría en Tapachula con el edil panista-perredista Angel Barrios Zea, Huixtla, Suchiate, Frontera Comalapa y otros, que le entraron al quite, al igual que los hermanos de Pablo Abner Salazar Mendiguchía, de contratos millonarios de las obras de Reconstrucción.

Surgimiento con sello oficial de autorización, de constructoras fantasmas, para facturar sin obra de por medio. Obras sin calidad por la ausencia de supervisión. Predominio de centenas de empresas hechas al vapor, que solamente existían en el papel, como quedaría documentada por la Auditoría Superior de la Federación en el último año de Vicente Fox Quesada y de Pablo Abner Salazar Mendiguchía, que por lo mismo serían archivadas en el archivo del olvido de siempre, por el gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, cuya información hasta ahora no ha sido revelada.

Construcción de “plantas de tratamiento de aguas residuales”, que nunca funcionaron y por las cuales se pagaron cuantiosas cantidades millonarias, porque además la gente carecía de drenaje y agua potable.

El mejor de esos centros habitacionales, “San Jorge, en Tapachula, los empresarios constructores siguen aguardando todavía el pago del gobierno, de la deuda de pequeñas casas originalmente no construidas para damnificados, pero que ante la escasez, Pablo Abner Salazar Mendiguchía ordenaría su compra de palabra, que nunca se cumpliría.

Hoy, a la distancia en las Regiones de Chiapas, donde los damnificados por el huracán Stan permanecen en espera justicia, al pastor Pablo Abner Salazar Mendiguchía y a su protector y socio Vicente Fox Quesada, se les recuerda, pero no por sus beneficios sociales, sino por los atropellos cometidos en diversas formas de rapiña desmedida, de los recursos asignados por el Poder Legislativo Federal y donativos de particulares nacionales y extranjeros, depositados en cuentas bancarias, que nunca se informaron a la sociedad nacional.

Permanencia en la memoria de la Frontera Sur de una tragedia convertida en un burdo negocio, en la que murieron más de tres mil personas, muchas de ellas de origen centroamericano, asentados irregularmente en las orillas y cauce del río Coatán, en Tapachula, y que por lo mismo nunca fueron identificadas.

Río revuelto con cuantiosas ganancias para la gente del poder en turno, federal y estatal, que pese a las denuncias realizadas en su contra por los damnificados ante el Ministerio Público de la Procuraduría General de la República, en tiempos del presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, la impunidad prevaleció y continúa en la actual administración federal.

Movimientos de inconformidad de los distintos grupos de miles de afectados, encabezados por Carlos Tapia Ramírez, que el 9 de

junio de 2009, ya concluido el sexenio de Salazar Mendiguchía, interpusieron ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una solicitud de juicio político contra el ex mandatario estatal, por abuso de poder y autoridad.

Días del control cameral por parte del Partido Acción Nacional y sus aliados, que determinaron como improcedente la petición, en una clara muestra de complicidad e indiferencia ante las demandas de justicia de la sociedad.

Fue en esa mitad de la gestión del panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, sucesor de Vicente Fox Quesada y amigo de Salazar Mendiguchía, de quien recibió fuerte financiamiento para su campaña presidencial, en que también se inició la averiguación previa (con número AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XX/133/2009, Mesa II-FECCSPF, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, que no ha prescrito.

Mensaje reciente al presidente Enrique Peña Nieto para reiterar el enojo de los damnificados por el huracán Stan el cuatro de octubre de 2005, porque a cinco años de su gobierno, la Procuraduría General de la República, como ocurriría en los dos sexenios panistas, ha continuado ignorando la exigencia de aplicación de justicia en contra de Pablo Abner Salazar Mendiguchía, en base a la averiguación previa existente.

Demanda al Jefe de la Nación, para que el agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa II-FECCSPF, realice y desahogue las diligencias necesarias para la debida integración de la indagatoria, y que se ejerza acción penal en contra del ex gobernador, que debería ampliarse a Vicente Fox Quesada y sus entenados los Bribiesca Sahagún.

Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.

Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y de Comunicadores por la Unidad A.C.