Chiapas, tierra de buenas intenciones

Recorrer Chiapas es siempre volver a los mismos matices de una realidad social que duele, porque no cambia, que se maquilla cada seis años y que mantiene una tendencia irrenunciable al atraso, la pobreza, el hambre, la desnutrición que ofende en pleno siglo XXI, en el contexto de la marginación y de la explotación del ser humano, para hundirlo más en su miseria ancestral, que contrasta con su todavía exagerada riqueza natural, que al igual que ayer, es aprovechada por una minoría privilegiada.

Planes, programas y proyectos, que se ha vuelto costumbre queden en el camino sembrado de promesas inalcanzables, como testimonios que finalmente sirven para el análisis del incumplimiento oficial, que es fácil encontrar en los textos donde la palabra permanece y permite al columnista hurgar, para encontrar en la escritura de la historia chiapaneca, un documento de 1995, que avala esta reflexión:

“Chiapas no sólo es una entidad con problemas y rezagos, con marginación y pobreza, es también un estado pródigamente provisto de recursos para establecer un proceso de integración y desarrollo de gran amplitud.

“Además de contar con una abundante fuerza laboral, disponibilidad de materias primas y amplias posibilidades comerciales, Chiapas es también un territorio de importancia estratégica para apoyar, principalmente, una política de desconcentración de las actividades productivas nacionales. La ubicación geográfica de Chiapas otorga múltiples ventajas para extender relaciones económicas con los países de Centroamérica, del Caribe, América del Sur y de la Cuenca del Pacífico.

“Debido a ello, el cambio en nuestra estructura productiva no sólo es ya indispensable sino inevitable para contar con una economía sana, equilibrada, próspera, capaz de garantizar el desarrollo del enorme potencial de los chiapanecos”.

Un lenguaje intemporal contenido en la Presentación del “Programa de Desarrollo Industrial 1995-2000”, escrito por el entonces gobernador interino de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, luego de que por presiones de la “guerrilla zapatista”, el mandatario constitucional Eduardo Robledo Rincón, fuera obligado por el presidente en aquellos días, Ernesto Zedillo Ponce de León, a solicitar licencia al Congreso para retirarse del cargo el 14 de febrero de 1995, el cual había asumido el 8 de diciembre de 1994.

Transcurrir 22 años de un propósito que no se transformaría a favor del interés de los 3.2 millones de habitantes de esa época, y que por lo mismo sigue entre los interminables pendientes por cumplir, al convertirse en un reciclaje de compromisos de cada inicio sexenal.

Y como si fuese hoy, el planteamiento de una perspectiva ambiciosa: “La modernización económica de Chiapas es inconcebible sin el avance de su sector secundario. Como primera premisa, el cambio estructural de nuestra economía requiere de un sector industrial más sólido, más productivo y más competitivo. Desafortunadamente, este sector presenta hoy serias deficiencias y debilidades estructurales que deben corregirse para sentar las bases de un sano y mayor crecimiento.

“Las potencialidades y perspectivas de desarrollo de la industria y de las agroindustrias chiapanecas nos permitirán trazar el rumbo adecuado para avanzar en el fortalecimiento sectorial. Además de buscar un crecimiento acelerado del sector, nos proponemos fortalecer el desarrollo de subsectores y ramas que han sufrido rezago en los últimos años, especialmente aquellos proyector industriales que emplean mayor cantidad de mano de obra o que cuentan con un alto potencial exportador”.

Demasiado optimismo, en los días en que el país se derrumbaba, al sucumbir el peso frente al dólar, en una devaluación sin precedente que provocó la quiebra de cientos de miles de cuentahabientes de un sistema bancario usurero que embargaría bienes patrimoniales, al convertirse en impagables las deudas cuyos créditos se habían disparado sin misericordia, causando la ruina de toda una nación.

El “error de diciembre de 1994”, como estreno del nuevo primer mandatario, Ernesto Zedillo Ponce de León, al que le estalla la grave crisis económica heredada por su antecesor Carlos Salinas de Gortari, quien durante todo su sexenio (1988-1994), hizo creer a los mexicanos que, “ahora sí”, íban a despegar sustentados en la modernidad de una  nueva doctrina neoliberal que resultaría todo un fracaso, al ser impuesta por los poderosos intereses estadounidenses, que de paso harían firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con la participación de Canadá.

Un país de rodillas, la obra cumbre de Carlos Salinas de Gortari, que reformaría la Constitución General de México, para dar margen a la participación del capital privado en terrenos vedados por décadas, como la destrucción del ejido, al poder venderse las parcelas a los inversionistas privados nacionales y extranjeros, para volver al latifundio y la explotación de la minería, además de injerencias en la riqueza del subsuelo en forma de petróleo y gas, de vuelta como en el Porfiriato.

El tapachulteco Julio César Ruiz Ferro, se estrenaba como gobernador de un Chiapas todavía más incierto, complicado en su pobreza extrema, por la ausencia de una actividad industrial generadora de empleo.

Aún así, en medio de la incertidumbre y desconfianza social en la autoridad, lanzaría su “Programa de Desarrollo Industrial 1995-2000”, bajo tres líneas estratégicas fundamentales, “para traducir los propósitos en acciones concretas que permitan la apertura de los canales, donde se manifieste el potencial industrial de nuestra entidad”.

En la primera, ubicaba “las acciones prioritarias e inmediatas capaces de lograr el aprovechamiento y rehabilitación de la infraestructura ociosa, tanto de industrias inactivas, como las de los parques industriales que disponen y cuentan con un avance considerable de infraestructura.

“La segunda línea estratégica está orientada al fortalecimiento de la industria existente a través de acciones encaminadas a la organización de cadenas productivas regionales y sectoriales y de empresas integradoras. La modernización tecnológica, la capacitación técnica y administrativa y los nuevos esquemas e instrumentos de financiamiento, constituirán acciones integrales de esta línea estratégica”.

Un proyecto inviable, al nacer inmerso en la vorágine del colapso económico-financiero del México de las eternas crisis sexenales, provocadas por nuestros vecinos del norte para frenar el desarrollo del país, aprovechando la arraigada corrupción de la clase gobernante mexicana, que en Raúl Salinas de Gortari, el “hermano incómodo” del Presidente de la República, se convertiría en el principal símbolo de la deshonestidad e impunidad nacional.

El tercer objetivo, refería “al fomento de nuevas industrias a través de la promoción de inversiones en las ramas que cuentan con ventajas comparativas. La agroindustria, la industria maquiladora y la industria minera presentan las mejores perspectivas y un gran potencial que debemos y vamos a aprovechar con la mayor eficiencia. Para ello, hemos incorporado importantes estímulos y apoyos para el desarrollo de nuevas empresas, que van desde aspectos legales y fiscales y de desregulación administrativa, hasta nuevas y mayores líneas de financiamiento y de cooperación”.

Hace 22 años, el gobernador Ruiz Ferro remataba en su mensaje relativo a su Programa Industrial 1995-2000, subrayando: “Desde todos los ámbitos y formas a nuestro alcance, sociedad y gobierno no claudicaremos en nuestros empeños comunes para hacer realidad una nueva situación de progreso para todos. Esta es también la concepción de una sociedad más justa, más solidaria y participativa que los chiapanecos hemos demandado”.

Julio César sabía que a partir de su toma de posesión tenía los días contados, pues la inestabilidad social creada por el mismo gobierno de Carlos Salinas de Gortari en Chiapas, al crear “la guerrilla zapatista” y al “subcomandante Marcos”, como cortina de humo para su “fin de sexenio exitoso”, que fracasaría, al constituirse en toda una debacle de muy alto costo para los mexicanos.

Estaba claro que no bastaría a los “zapatistas”, que la salida de Eduardo Robledo Rincón de la gubernatura, no sería suficiente para frenar a los “guerrilleros”, que para entonces tenían como área de influencia principal a los indígenas de la Región de Los Altos.

Ruiz Ferro gobernaba Chiapas atado de mano, ya que toda la estrategia de control, la manejaba personalmente desde la ciudad de México el presidente Zedillo Ponce de León. Llegaría el principio del fin del político tapachulteco, el 22 de diciembre de 1997, cuando en la comunidad de Acteal, en el municipio de Chenalhó, 45 indígenas tzotziles, hombres mujeres y niños, pertenecientes a la organización  denominada “Las Abejas”, fueron asesinados en el interior de un templo religioso, por supuestos rivales étnicos, aunque luego se sabría que se trató de un grupo paramilitar.

Rodaría de nuevo la cabeza de un gobernador chiapaneco, por orden presidencial. Julio César Ruiz Ferro dejaría de ser mandatario el 7 de enero de 1998, para dar paso a Roberto Albores Guillén, quien también con muchas dificultades, llevaría la nave a buen puerto, no sin antes enfrentar el devastador embate del huracán “Mitch”, ese mismo año.

Albores entregaría el mando el 8 de diciembre de 2000, al Partido Acción Nacional y sus asociados menores, al “mesías de la alternancia”, el pastor evangélico de la Iglesia del Nazareno, Pablo Abner Salazar Mendiguchía, que durante seis años haría imperar su ley, sustentada en la venganza, el atropello y la violencia extrema que significaría también cárcel y acoso, a quienes repudiaron que se ostentara como abogado por más de dos décadas, sin haber terminado la carrera en la Universidad Autónoma de Puebla.   

Todo un sexenio perdido

por la incapacidad y corrupción de Salazar Mendiguchía, quien se enriquecería escandalosamente, junto con su protector el panista presidente Vicente Fox Quesada y sus entenados hijos de su pareja Marta Sahagún, con los casi 20 mil millones destinados a ayudar a los damnificados por el huracán “Stan” en octubre de 2005.

Juan Sabines Guerrero sería “la segunda estrella de la alternancia”, que vendría igualmente a saquear las arcas estatales que concentraron los más de 21 mil millones de pesos de empréstitos, que nunca se sabría su destino real.

Fracaso en la industrialización y el desarrollo general de Chiapas, hasta llegar a 2017, en que por fin, el Presidente Enrique Peña Nieto, decreta en septiembre la creación de las Zonas Económicas Especiales en Puerto Madero-Chiapas, Coatzacoalcos, Veracruz y Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Los dos últimos, con avances muy importantes en su operación como detonantes del desarrollo de sus Regiones de influencia, no así el ubicado en el municipio de Tapachula, donde aún falta mucho por hacer en materia de infraestructura, no obstante que como dijo el secretario de Hacienda federal José Antonio Meade Kuribreña, “la mesa está puesta” con todos los incentivos de exenciones con rango cero, para inversionistas extranjeros y nacionales.

Un panorama, en el enésimo fin de sexenio, nada alentador para los bolsillos de los chiapanecos, cada vez más preocupados por el sustento de sus familias ante el desempleo, pero también para las nuevas generaciones de profesionistas, que al no encontrar lugar para sus carreras, continuarán emigrando hacia otras partes del territorio nacional, como resultado del fracaso de compromisos gubernamentales.

Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.

Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y de Comunicadores por la Unidad A.C.