Sé que es políticamente incorrecto hablar en estos tiempos de evaluación, especialmente, de la evaluación docente. Este término lo empezó a satanizar la CNTE, partiendo de la premisa de que la evaluación que actualmente se le practica al magisterio es “punitiva”. Las razones que tuvo la CNTE son obvias: combatir la reforma educativa, que les quitó el poder que ostentaron en décadas de administrar los cerca de 20 mil millones de pesos anuales del IEEPO, así como las 80 mil plazas de docentes, y la facultad de nombrar a directores, supervisores y hasta, secretarios de Educación. Esta intervención del sindicato también ocurría en Chiapas, Michoacán y Guerrero y, en menor grado, en otros estados. A este tipo de injerencia del sindicato magisterial, Carlos Ornelas (investigador de la UAM) lo denominó la “colonización” de la educación” y Gilberto Guevara Niebla (futuro subsecretario de Educación) lo refirió como la “verdadera privatización” de la educación pública.
La pregunta que me hago es si la evaluación de los docentes en realidad es punitiva. No lo creo. El término evaluación alude a la recolección de evidencias para medir los atributos de una persona, una institución o un programa, a fin de valorar el grado en que se poseen dichos atributos, con base en criterios previamente establecidos. Por su parte, el término punitivo alude a la intención y acción de castigar a una persona; como sería el caso de quien infringe la ley o por un acto de venganza.
En el caso de la educación ninguna evaluación tiene un sentido punitivo, dado que su propósito no es castigar a nadie, a pesar de que sus consecuencias pueden ser negativas. Por ejemplo, el que un docente repruebe a su estudiante en una evaluación de fin de cursos tiene consecuencias negativas, ya sean académicas, sociales o personales; tales como el abandono escolar, el “bullying” o la baja autoestima. A pesar de ello, no se considera que la evaluación del docente sea punitiva, independientemente de sus consecuencias.
En el caso de algunas profesiones, ciertas evaluaciones se utilizan para certificar las competencias necesarias para poder ejercer la profesión. Estas evaluaciones se realizan principalmente con el propósito de proteger al público que utiliza estos servicios profesionales. Por ejemplo, el examen de certificación médico tiene el propósito de garantizar que los futuros doctores posean las competencias profesionales que no pongan en riesgo la salud de sus pacientes. Las evaluaciones a los profesionistas les pueden traer consecuencias negativas por no acreditarlas. Sin embargo, como ya se dijo, la evaluación cumple la función de proteger al usuario del servicio y, por lo tanto, no se le considera como punitiva. No me gustaría pensar que los médicos obtuvieran sus puestos por razones ajenas a sus competencias profesionales, tales como la presión sindical o alguna recomendación. La misma racionalidad se debería aplicar a todos los servidores públicos.
Declarar que le evaluación docente es punitiva —como lo ha aseverado AMLO y colaboradores—, es partir de la idea de que el Estado (representado por el Ejecutivo federal y por las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y PRD) tuvo la perversa intensión de castigar a los docentes por algún motivo perverso. Si éste fuera el caso y existieran las pruebas para sostenerlo, no solo habría que abrogar la evaluación docente, sino que habría que castigar a los artífices de diseñar maquiavélicamente una acción orientada a lastimar a todos los profesores del país. Dudo que éste sea el caso, pero quien acusa está obligado a aportar pruebas para sostener sus argumentos. Tampoco creo que habrá una explicación racional de lo punitivo de la evaluación docente. En cambio, sí creo que este componente de la reforma educativa vaya a cambiar sustancialmente.
En cualquier caso, es muy importante que el nuevo gobierno nos diga cómo va a proteger a los principales usuarios de la educación, los niños y jóvenes del país, garantizando su derecho aprender, sin instrumentos equivalentes que se utilizan en otras profesiones.