Conciliación y arbitraje
Un serio problema jurídico existe en la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Tapachula, en la que se involucra directamente a la actuaria María de Lourdes Bravo Munza, de no contar con título y menos cédula profesional de licenciado en derecho, como lo establece la ley, por lo que todas las acciones que haya ejecutado desde que fue designada pueden ser impugnadas y carecer de validez legal, ante lo cual ya se está dando trámite a las denuncias por usurpación de funciones y de profesión, y lo que resulte en contra de ella y de la presidenta de la misma, María Concepción Hernández Hernández, por encubrimiento.
Ante la Secretaría de la Función Pública federal y del estado se presentó una solicitud de investigación en ese organismo, en virtud a que están en riesgo cientos de casos de trabajadores que pueden haber sido afectados o cuyos procesos hayan sido amañados para beneficiar a los patrones, toda vez que en la queja advierten que la funcionaria también lleva diversos casos en forma directa y los atiende desde la oficina a su cargo, sobre todo aquellos en donde los involucrados son empresarios reconocidos o instituciones públicas.
Ese es el caso de los expedientes J/O/352/2007 y E/L/03/2010, en donde la propia Junta de Conciliación y Arbitraje dio veredictos a favor de los demandantes a los que les tendrían que indemnizar con cantidades cercanas al millón de pesos, siendo el 01 de agosto del 2012 que solicitaron requerir el pago y embargar a la parte demandada y fue acordado de conformidad, sin embargo a la actuaria “se le pasó” hacer los trámites y en abril del 2014, el patrón interpone un incidente no especificado de prescripción de ejecución de laudo, bajo el argumento que desde el 13 de abril no se daba impulso a ejecutar el mismo, con lo cual causaron agravios y violaciones a los derechos humanos de los trabajadores. Como este existen muchos casos en esa oficina, violentando constantemente la Ley Federal del Trabajo y el debido proceso en cada uno de los expedientes que ahí se atienden.
Los agraviados acusan a la presidenta de la misma, de tolerar y proteger a la actuaria Bravo Munza, quien no cuenta con la patente de licenciado en derecho y la cédula profesional para ejercer dicha profesión, como lo marca la ley, lo cual fue corroborado ante la Secretaría de Educación Pública, lo cual es motivo para dejar sin validez los procesos que se cuentan por decenas. Su conducta podría dar lugar al delito de usurpación de funciones, atento al artículo 409 y 410 del Código Penal para el Estado de Chiapas, mientras que la presidenta de encubrimiento al ser omisa o permitir las irregularidades, porque además acusan que la funcionaria lleva a cabo asuntos de trabajo y ello tampoco lo permite la ley.
Ante todo ello, las autoridades fiscalizadoras tienen la obligación de realizar una profunda investigación del caso, porque son decenas de expedientes laborales que se manejan en la Junta de Conciliación y Arbitraje en Tapachula, en donde hay quejas incluso de la colusión de abogados con funcionarios ya sea para defender al trabajador o al empleador; lo que es cierto que las irregularidades cada día surgen más y ponen en entredicho la impartición de la justicia laboral.
A escena
El gobernador Manuel Velasco Coello reiteró una vez más su compromiso con la infancia chiapaneca, para darles una mejor educación, salud y servicios básicos, implementando programas enfocados a brindarles las herramientas que garanticen la igualdad y las mismas oportunidades para todos los niños y niñas, como el de útiles, mochilas y uniformes escolares que se han entregado a más de un millón 400 mil de ellos de los niveles preescolar, primaria y secundaria, ayudando también la economía de sus padres. En el marco de la celebración del Día del Niño, acompañado de su esposa Anahí Puente, ha recorrido y entregado obsequios para festejarlos, aunque ha dejado en claro que la educación está por encima de cualquier diferencia política o ideológica y la formación de las nuevas generaciones es primordial para tener un Chiapas exitoso, de progreso y desarrollo… Cinco tapachultecos distinguidos: Lidia del Carmen Abarca Pinzon, José Antonio Toriello Martínez, Jorge Morales, Ildefonso Navarro y Víctor Manuel Pimentel González, fueron reconocidos en una primera acción realizada por la Fundación AMA Chiapas, que inició actividades desde Tapachula, tomándole la protesta a sus directivos encabezados por Clemente Miguel López Zepeda, el senador Luis Armando Melgar Bravo. Se dijo que ese organismo emprenderá acciones en beneficio de sectores vulnerables. En ese mismo evento, se hizo un reconocimiento especial al exalcalde de Tapachula y exsenador, actual notario público Antonio Melgar Aranda… Por cierto, el senador Luis Armando Melgar abrió otra oficina de la Red Melgar, ahora en la cabecera municipal de Cacahoatán desde donde impulsará acciones para todos los municipios de la zona fronteriza… Ayer se realizó el desfile con motivo del Día del Trabajo y a pesar de que se dijo que habría disturbios todo transcurrió en tranquilidad. En Tapachula marcharon juntos autoridades y dirigentes de diferentes organismos sindicales y el único ausente, como ha ocurrido en los últimos meses, fue el diputado federal Samuel Alexis Chacón Morales, quien sigue sin entregar sus cuentas públicas, aunque ya se le venció el plazo. Ahora falta que el OFSCE y el Congreso del Estado verdaderamente actúen y las declaraciones de los diputados en el sentido que van a actuar para que haya transparencia y rendición de cuentas sean en serio y no solo para taparle el ojo al macho. Hasta el momento, se sabe que solamente cinco de los 122 Ayuntamientos municipales han entregado sus cuentas públicas en tiempo y forma, mientras que el resto busca que les den más prórrogas, bajo el argumento que los exalcaldes que concluyeron sus periodos el 30 de septiembre del 2015 no hicieron ni siquiera el proceso de entrega-recepción… Hasta la próxima.