Conciliación y arbitraje

Las quejas y denuncias en contra de funcionarios de la Junta de Conciliación y Arbitraje Número 2 de Tapachula van en aumento, se cuentan por decenas, tanto que muchas han llegado no solamente a los tribunales federales sino también a la Secretaría de la Funcin Pública, en donde los involucrados demandan se realicen investigaciones por presuntos actos de corrupción e irregularidades en los procesos, en donde se involucran a instituciones como el Colegio de Bachilleres de Chiapas y a empresas privadas.

Los casos de Ramón Esquinca Cancino, Helio de León Aguilar y Sara Ivonne Villalobos Roblero, son solamente tres de las decenas que existen y que acusan a la presidenta de la Junta, María Concepción Hernández Hernández, y al actuario adscrito a la misma, Omar Gómez Farfán, de incurrir en constantes violaciones a las leyes y afectar con ello los procesos que siguen en contra de las empresas que prestaban sus servicios y su economía, porque no pueden cobrar los laudos ante la serie de trabas que les ponen para ello.

Por ejemplo, en el expediente J/O/55/2012 en contra del Cobach, desde el año pasado fue notificado que el 23 de enero pasado se haría el procedimiento de requerimiento de pago o en su caso embargo de bienes para garantizar el mismo, pero resulta que los funcionarios de Conciliación y Arbitraje argumentaron que “no es posible llevar a cabo el procedimiento ya que tienen mucha carga de trabajo”, pero no solamente eso sino que hasta ahora no les otorgan una nueva fecha y ello deja a los trabajadores en estado de indefensión a sus derechos.

En las quejas ante la Secretaría de la Función Pública se establece que los funcionarios estarían cometiendo el delito de abuso de autoridad tal como lo establece el artículo 420 Fracción III de la Legislación en la materia que establece: “cuando indebidamente retarden o nieguen a los particulares el despacho de sus asuntos, la protección o servicio que tengan obligación de prestarles o impidan la presentación de solicitudes o las retarden por negligencia o dolo en el curso de éstas”. Todo ello se enmarca en el caso de la Junta de Conciliación de Tapachula, en la que se dice que es la propia titular, la que al contar con un despacho jurídico, que se encarga de la defensa de las empresas o patrones que son demandados, convirtiéndose en juez y parte, alargando lo más posible las determinaciones.

En octubre del año pasado, el Senado de la República aprobó la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, cuyo decreto ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el que se establece que en tanto se instituyen e inician operaciones los Tribunales Laborales, los Centros de Conciliación y el organismo descentralizado propuestos, las Juntas de Conciliación y Arbitraje y, en su caso, la Secretaría del Trabajo o las autoridades locales laborales continuarán atendiendo los conflictos entre el capital y el trabajo, pero ello es aprovechado por algunos titulares, como el caso de María Concepción Hernández que antes de que eso suceda está haciendo lo que a ella le conviene a sus intereses.

Las quejas están presentadas ante las autoridades competentes y los afectados esperan que se realice una profunda investigación, tomando en consideración que la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento de la ley son fundamentales, para evitar la corrupción y las irregularidades en el organismo laboral que ahora está en entredicho por la actuación de funcionarios que han tomado al mismo como negocio particular.

A escena

Fue realizada la sesión de la Mesa de Coordinación de Seguridad Chiapas encabezada por el gobernador Manuel Velasco Coello en donde uno de los acuerdos fue el fortalecimiento de la vigilancia en las carreteras de la entidad. Acompañado del gabinete estatal del ramo, entre ellos el secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda; de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis LLaven Abarca; el secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Carlos Humberto Toledo Zaragoza y el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, llamó a una mejor coordinación de las instituciones de los tres niveles de gobierno. Y es que la seguridad es clave para garantizar la estabilidad, el orden y la paz social, y con ello impulsar el desarrollo regional… Por cierto, en donde la población está demandando mayor presencia de los cuerpos policíacos es en el municipio fronterizo de Suchiate, en donde se han incrementado los hechos de violencia relacionados con las pandillas de “Mara Salvatruchas” y otros ilícitos, aunque se habla de protección hacia éstas por parte de autoridades municipales que incluso en diversas ocasiones han pedido el retiro de las corporaciones estatales y federales… Quien inició un programa de promoción de las zonas de atracción turística en el municipio de Cacahoatán, es el diputado local Jesús Arnulfo Castillo Milla, y lo hizo con la cascada conocida como “La Sirena”, ubicada en el ejido El Aguila, la cual es considerada uno de los mayores atractivos turísticos de la región del Soconusco… Mucho revuelo ha causado el hecho de que un cocodrilo devorara a un joven en la zona de pesca de la Reserva de la Biósfera La Encrucijada en el municipio de Acapetahua, sobre todo a unos días de la Semana Santa, cuando esa zona es una de las más visitadas por nacionales y extranjeros y que goza de una exuberante belleza natural. La Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (Conanp) informó que el reptil de gran tamaño ha sido capturado y que fortalecerá la vigilancia y los avisos para evitar el ingreso de personas a lugares de riesgo, lo cual es necesario y de esa manera garantizar la seguridad de los visitantes… Hasta la próxima.