Auditoría cafetalera
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que en el 2016 se registraron irregularidades y desviaciones de recursos en programas relacionados con el café por más de 445.3 millones de pesos, afectando a miles de productores de todo el país y en particular de Chiapas, en donde más del 50 por ciento de las solicitudes de apoyo no fueron atendidas el año pasado.
En los programas Componente Procafé e Impulso Productivo al Café se detectaron pagos injustificados a beneficiarios, proveedores no autorizados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y hasta facturas apócrifas, lo cual merece una profunda investigación, porque no basta con que se informe de las desviaciones de los recursos públicos, sino castigar a los responsables, que desafortunadamente no sucede.
Dirigentes del Frente Estatal de Organizaciones Productoras de Café y de la Asociación de Cooperativas Unidas para Estar Bien han venido denunciando presuntos actos de corrupción en los programas del sector, sobre todo cuando se instrumentó un programa fallido para el combate a la roya naranja en el 2013, 2014 y 2015, incluso se entregaron plantas supuestamente resistentes a la plaga pero que ya estaban contaminadas con el hongo.
Ante el informe de la ASF los productores chiapanecos quieren conocer de fondo lo que ha ocurrido, porque miles de ellos, principalmente del sector social no han sido beneficiados con los programas denominados “de atención integral al café”, mediante la entrega de plantas, recursos y paquetes tecnológicos que les permitan renovar sus cultivos y con ello poder a corto plazo mejorar la producción del aromático que se vio afectada con el surgimiento de la roya naranja que todavía representa un alto riesgo, sobre todo por los cambios climáticos que se están presentando.
Los productores y la sociedad en su conjunto no se explica el motivo por el cual las autoridades no actúan en contra de quienes incurren en actos de corrupción y permite la impunidad, sobre todo al descubrir las desviaciones de recursos millonarios como ocurre en la Sagarpa en los programas que deberían de beneficiar a cientos de miles de productores de los 12 estados productores del aromático. Solamente en Chiapas más de un millón de personas dependen de la cafeticultura y la gran mayoría son de municipios de alta o muy alta marginación e indígenas.
Pero la impunidad no solamente ocurre en las dependencias federales, sino también en los municipios, en donde también la Auditoría Superior de la Federación ha encontrado una gran opacidad en el manejo de los recursos públicos, falta de transparencia y rendición de cuentas, incumplimiento de programas de combate a la pobreza y desviación de fondos específicos por parte de los alcaldes. La sociedad está cansada de que solamente se hagan los anuncios del descubrimiento de los actos de corrupción y que no haya ningún funcionario o servidor público procesado por ese motivo.
El caso del café merece especial atención al tratarse de un sector, por lo menos en Chiapas, de los más importantes en materia productiva y económica, generador de empleos y de ingresos de recursos por las exportaciones del aromático, por tanto no basta con saber que sí se cometieron actos de corrupción sino castigar a los responsables, eso sería lo más importante.
A escena
En Chiapas el ambiente político se pone interesante, cuando desde el gobierno federal se mandan mensajes claros que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) está retomando el control de las dependencias federales. De esta manera en los últimos dos días se han dado cambios en delegaciones de diversas dependencias, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en donde Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, exdiputado federal por el PVEM y exalcalde tuvo que renunciar y en su lugar pusieron al priísta Horacio Ruiz Ruiz; otro caso fue el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde el nuevo delegado es Arturo Pacheco Meza, actual diputado federal suplente y consejero político del PRI; en Prospera otro caso, el exalcalde Jorge Constantino Kanter, suplió a Sasil de León Villard y en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) fue nombrado Víctor Hugo Ruiz Guillén. Las cartas se están acomodando ante el proceso electoral en marcha… Al diputado federal Enrique Zamora Morlet le aceptaron la licencia para separarse del cargo y con ello queda claro que buscará la candidatura a la alcaldía de Tapachula. Como presidente de la Comisión Sur-Sureste de la Cámara de Diputados estuvo promoviendo su imagen en las últimas semanas. A nivel local, Carlos Arturo Penagos Vargas, hizo lo propio y no se duda que pueda ir en busca de la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez… Por cierto en la capital chiapaneca se siguen viviendo momentos críticos por la suspensión de la recolección de basura por parte de la empresa Proactiva que demanda el pago de supuestos adeudos superiores a los 300 millones de pesos heredados de la pasada administración, pero que los ciudadanos están pagando las consecuencias por la contaminación ambiental y que podría agravarse con problemas de salud, ante lo cual es urgente que las autoridades competentes intervengan y encuentren la solución… En las últimas horas el fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, dio a conocer la creación de la Fiscalía para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, con el compromiso de agilizar la búsqueda de quienes han sido reportados como desaparecidos y que suman varios casos en la entidad en las últimas semanas, siendo designado en la misma al abogado Roger Vicente Reyes Estrada. Asimismo se dieron rotaciones en las Fiscalías de Distrito y se designó a Rogelio Estrada Heleria, Fiscal contra la Corrupción; Horacio Reyes Pérez, Fiscal contra la Tortura; Olger Villanueva Ovando, Fiscal de Abigeato y Darinel Niño Alegría, Fiscal de Adolescentes… Hasta la próxima.