Fraude de Stan
Pablo Salazar Mendiguchía, el exgobernador de Chiapas acusado por una serie de delitos relacionados con la desviación de cientos de millones de pesos por la reconstrucción durante el paso del huracán Stan hace ya casi 13 años, ve la paja en el ojo ajeno y no en el propio. Ahora, en su aspiración de ser senador por la vía independiente afirma que el gobierno federal ha dejado fuera de atención a más de diez mil familias chiapanecas afectadas por el sismo ocurrido el 7 de septiembre del año pasado.
En la Procuraduría General de la República se encuentra la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XX/133/2009, radicada en la Mesa II de la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en el Servicio Público Federal, misma que fue ordenada ser analizada al encontrarse evidencia suficiente de que no fue concluida en su totalidad; decenas de comunidades de las regiones Sierra Madre y Frailesca, principalmente, devastadas por el meteoro de octubre del 2005 no fueron visitadas por los peritos que debieron de verificar la falta de atención por parte de Salazar Mendiguchía, que ahora no se acuerda que tampoco tomó en cuenta la reconstrucción del ferrocarril costero.
Es más, hoy se sabe que cientos de familias a las que les dieron una vivienda corren el riesgo de ser desalojadas porque la administración de Pablo Salazar no las pagó y por ende, no pueden realizar la escrituración y el documento que les entregaron carece de validez oficial ya sea para traspasarlas o darlas en herencia, menos para venderlas. Así ocurre con el caso del fraccionamiento San Jorge en Tapachula, pero hay casos que se construyeron en terrenos ejidales y la misma Ley Agraria hace que no puedan regularizarse.
El exgobernador que en su administración emprendió persecuciones en contra de periodistas, líderes sociales y políticos, ahora quiere aparecer como una blanca paloma. Habla de la falta de atención a los damnificados por el terremoto de magnitud 8.2, cuando por la devastación del huracán Stan, hasta ahora miles de familias siguen en la incertidumbre, no solamente por el hecho de carecer de seguridad jurídica en la vivienda que ocupan, sino también porque se les entregaron casas sin servicios básicos, con serias deficiencias de construcción y asentadas en terrenos irregulares.
Hoy esos damnificados buscan por todos los medios que el actual gobierno los atienda y ayude a contar con certidumbre jurídica ante el temor de ser desalojados, como el caso de las 300 familias de San Jorge, representadas por María del Rocío del Puerto Chang, quien denuncia que fueron engañados por el exgoberandor Salazar Mendiguchía, al no pagar las casas en su totalidad y por ello, ninguno tiene escrituras.
Las auditorías practicadas a recursos de la reconstrucción por el huracán Stan, en una primera instancia establecieron desviaciones por más de mil cien millones de pesos, solamente de recursos aportados por el gobierno federal, porque de los aportados por la sociedad civil, empresarios y hasta artistas internacionales nunca se supo de su paradero. Hoy Pablo Salazar habla de atención a los damnificados por los sismos, pero no de los que él dejó a su paso por el gobierno que fueron muchos.
No solamente son las averiguaciones en la PGR que existen en contra del exgobernador, también hay otras más en la Fiscalía General del Estado, algunas de ellas ya en el “archivo muerto”, pero ya la Presidencia de la República pidió que sean revisadas y de esa manera pueda salir a relucir el fraude multimillonario cometido con recursos de la reconstrucción del huracán Stan, porque los damnificados lo que esperan es que se haga justicia y se castigue a los responsables.
A escena
Por cierto, llama la atención una declaración hecha por el Auditor Superior del Estado, Alejandro Culebro Galván, cuando afirma que existen expedientes abiertos del 2004, 2005, 2006 –administración de Salazar- y 2007, con desviaciones por montos superiores a los dos mil millones de pesos y más de 270 procesos pendientes de concluir. De los años más cercanos, en el 2016, los resultados preliminares establecen observaciones por más de cuatro mil millones de pesos entre los 122 Ayuntamientos municipales. Lo importante no es tanto que se den a conocer, sino que se aplique la ley a los responsables de esas acciones de corrupción y desviación de recursos públicos. Los ciudadanos demandan transparencia y rendición de cuentas, pero todo pareciera indicar que sigue la protección hacia los alcaldes que le han metido las manos a los presupuestos públicos. ¿Hasta cuándo? Porque hace algunos días dieron a conocer que se iniciaron procedimientos penales contra 23, pero ninguno ha sido detenido… Alfredo Araujo Esquinca, de no muy buenos antecedentes en el Sistema Municipal de de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez, fue designado como el nuevo delegado en Chiapas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), sumándose a los acomodos de las dependencias federales y todo con miras al proceso electoral en marcha. La semana pasada los cambios se dieron en el IMSS, Sedesol, CDI y Prospera… Se dio a conocer que 13 diputados locales presentaron solicitud de licencia al cargo. Ellos son: Cecilia López Sánchez, Sandra Luz Cruz Espinosa, Adacelia González Durán, Rubén Peñaloza González, Jesús Arnulfo Castillo Milla, Hugo Francisco Pérez Moreno, Alberti Ramos Hidalgo, Mauricio Cordero Rodríguez y Viridiana Figueroa García, todos del PVEM; Patricia del Carmen Conde Ruiz y José Rodulfo Muñoz Campero, del PRI; Fabiola Ricci Diestel, del PAN y Magdalena González Esteban, de Morena. Con anterioridad se había despedido Carlos Penagos Vargas, del verde, presumiéndose que todos buscarán ser alcaldes, síndicos o cuando menos regidores para no estar fuera del presupuesto. Del que no se ha confirmado si hizo lo propio es Eduardo Ramírez Aguilar, quien no quita el dedo del renglón de querer ser candidato al gobierno estatal… Hasta la próxima.