Corrupción de alcaldes
Del 2001 al 2008, la Auditoría Superior del Estado dio trámite de 989 expedientes relacionados con presuntos actos de corrupción cometidos por alcaldes de prácticamente todos los municipios de Chiapas, fincando sanciones de “resarcimiento de daños y perjuicios” superiores a los dos mil 606 millones que se constituyeron como créditos fiscales que debió cobrar la Secretaría de Hacienda, pero ¿se hizo ese procedimiento?, hasta donde sabemos ningún exalcalde ha sido obligado a regresar el dinero mal habido.
Pensar que 10 o 15 años después van a devolver los recursos desviados de las arcas públicas es hacerle al “tío Lolo”; pero las cosas van más allá, porque del 2009 al 2016 existen abiertos otros 813 expedientes en contra de exalcaldes y actuales ediles, muchos ya prácticamente concluidos y otros en proceso de solución. Los involucrados lo que hacen es ganar tiempo y con ello lograr la impunidad e incluso inmunidad. Algunos de ellos incluso han sido diputados locales, diputados federales o vuelto a ser presidentes municipales, es decir, gozan de protección.
Y es que la información que está en nuestro poder, precisa que la Auditoría Superior del Estado, ha presentado 254 denuncias ante la Fiscalía General del Estado, derivado de las auditorías a las cuentas públicas de municipios desde el 2002 al 2016 y 32 en relación a los poderes estatales, pero hasta ahora, ninguno de los involucrados ha sido detenido o está siendo procesado. Es decir, la impunidad ante los actos de corrupción prevalece.
El actual titular del Órgano de Fiscalización Superior y de la ASE, Alejandro Culebro Galván, una y otra vez ha sostenido que no se protege a ningún presidente municipal, síndico, tesorero o funcionario público que desvíe recursos públicos, incluso el 13 de febrero pasado se dio a conocer que se había presentado denuncias en contra de 23 exediles por no comprobar los recursos asignados durante los años 2013 y 2014. Hoy sabemos que ninguno ha sido ni siquiera citado a declarar ante un Ministerio Público. Es más, en ese entonces en primera instancia se dijo que eran 25 exalcaldes los acusados, entre ellos el del municipio de La Concordia, José Octavio García Macías, quien actualmente es integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, el cual fue sacado de la lista horas después de revelarse el hecho.
De acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas, todos los ayuntamientos están obligados a presentar las cuentas públicas a más tardar en el mes de abril del año posterior al que informan, por tanto no es posible que el OFSCE deje pasar no meses, sino años para actuar en contra de los servidores públicos que incurren en actos de corrupción. Si apenas se está procediendo en contra de aquellos del 2001, a los actuales empezarán a notificarles de todas las irregularidades cometidas en el 2030.
De nada sirve que se hagan las auditorías, se descubran los millonarios desvíos de recursos, las obras inconclusas o que no aparecen por ningún lado, si a los responsables se les protege. Esperar 15 años para tratar de obligarlos a que regresen el dinero público que desviaron es una utopía, porque quizá más de alguno de los involucrados ya pasó a mejor vida. Incluso la propia ley, establece que después de determinado tiempo el delito fenece.
Lo que debe hacer el OFSCE y su titular es proceder conforme a la ley en cuanto se descubren las irregularidades, incluso cuando los alcaldes, tesoreros, síndicos, titulares de obras públicas o los funcionarios involucrados, están en funciones y no esperar a que dejen el cargo, se vayan “locos de contentos con su cargamento” o agarren otro “hueso” que les de inmunidad e impunidad, como ocurre en muchos casos.
Lamentablemente los diputados locales aprobaron reformas electorales para la reelección de presidentes municipales que ya entraron en vigor para los comicios del 1 de julio y no hay necesidad que tengan en orden sus cuentas públicas o solventadas las auditorías practicadas y eso representa un retroceso a la tan cacareada transparencia y rendición de cuentas. El propio Congreso del Estado ha dado a conocer que 14 alcaldes solicitaron licencia y varios más no lo hicieron, pero participarán en el proceso electoral de este año, en busca de la reelección o ser diputados locales, entre ellos algunos que en sus respectivos pueblos les están demandando que “regresen pero lo que se llevaron”. Las autoridades responsables de hacer cumplir la ley en materia anticorrupción simplemente están dejando mucho qué desear, mientras que los ciudadanos cada día exigen que los alcaldes rindan cuentas y en lugar de eso, se les premia y protege.
A escena
Hablando de protección a alcaldes, queda claro que a la de Suchiate, Matilde Espinosa Toledo “La Loba”, a fuerza le quieren dar inmunidad, ello a pesar de que cuenta con un proceso judicial en su contra por la expedición de actas de nacimiento y credenciales de elector a extranjeros. Es más, un magistrado del Tribunal Unitario de Circuito, el 6 de abril del año pasado, habría ordenado la suspensión de sus derechos políticos, pero aun así siguió siendo alcaldesa y ahora ya es candidata a diputada local por el 24 Distrito. Ella tampoco tiene al día la entrega de las cuentas públicas ante el OFSCE. Aparte de todo, el 3 de abril fue denunciada ante la Fiscalía General del Estado que inició la carpeta de investigación 022-089-1302-2018, por los delitos de abuso de autoridad, lesiones, daño moral, físico y psicológico en agravio de Elmer Rodríguez López… La rebatinga en la integración de planillas de Ayuntamientos municipales prevalece en todos los partidos políticos y coaliciones, ello a pesar de que ya debieron de haber sido registrados ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, tanto que se dice que muchos pueden “caer” y llevar a otros que se pueden sacar la lotería sin comprar cachitos… Hasta la próxima.