Cuentas sin cumplir
No cabe duda que los alcaldes le han tomado la medida al Órgano de Fiscalización Superior y al propio Congreso del Estado; el último informe dado a conocer por la presidenta de la Comisión de Vigilancia de la legislatura local, Patricia del Carmen Conde Ruiz, señala que solamente 90 de los 124 Ayuntamientos han cumplido con la entrega de las cuentas públicas del año pasado. La mayoría de los presidentes municipales solicitaron ampliaciones del término para poder realizar ese procedimiento y resulta que 34 no lo hicieron, mientras que el resto que lo hizo, no significa que sus informes estén bien y no tengan irregularidades.
Ni el OFSCE ni el Congreso estatal han aplicado sanciones a los responsables que incluiría a alcaldes, síndicos, regidores, tesoreros, administradores y directores de obras públicas; todo ha quedado en advertencias de que les impondrán multas de hasta 500 salarios mínimos, así como se les practicarán auditorías para determinar si han desviado recursos públicos. Hasta hoy, han sido solamente amenazas y las denuncias que se han presentado ante la Fiscalía General del Estado han quedado como un mero trámite.
La falta de transparencia por parte de las autoridades municipales se deja ver, pero también la falta de aplicación de la ley por parte del OFSCE y el Congreso, cuando la población demanda que se castigue a los funcionarios que incurren en actos de corrupción e irregularidades en las administraciones; la impunidad es grave y los organismos empresariales, productivos y sociales lamentan que no se actúe en consecuencia, acusando de irresponsabilidad a quienes tienen la obligación de proceder a aplicar las sanciones.
Es más, se sabe que la mayoría de los Ayuntamientos en las auditorías que se les practicaron para los periodos 2015 y 2016 se les encontraron irregularidades y siguen en el proceso de “solventación”, es decir, les dan tiempo para que arreglen todo documentalmente, aunque las obras queden suspendidas o simplemente no aparezcan por ningún lado. Ya no digamos de quienes fungieron entre el 2012 al 2015, a los que les descubrieron millonarias desviaciones de recursos públicos y siguen muy campantes, muchos haciendo campaña política.
El Congreso del Estado y el OFSCE se tiran la bolita de quienes deben de aplicar las sanciones, pero ambas tienen obligación de proceder a las auditorías y al encontrar irregularidades presentar las denuncias formales ante la Fiscalía. Hasta hoy, ningún alcalde o exedil, de un total de 23 que fueron acusados en meses pasados ha sido molestado, tanto que se considera que fue solamente como una medida de presión ante el proceso electoral que está en marcha.
La transparencia y la rendición de cuentas han quedado solamente como un mecanismo propagandístico, porque en realidad, en el caso de los Ayuntamientos existe mucha opacidad y a pesar de las irregularidades que detecta la Auditoría Superior de la Federación y su similar del estado, no proceden en contra de los responsables y mientras eso ocurra, los alcaldes y sus colaboradores seguirán haciendo como que la virgen les habla.
A escena
A poco más de 20 días de que se realicen las elecciones para la Presidencia de la República, gubernatura del estado, senadurías, diputaciones federales, locales y Ayuntamientos, en Chiapas la Secretaría General de Gobierno reiteró su compromiso de colaborar con el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade) para que se respete la voluntad ciudadana, advirtiendo que no habrá tolerancia con los funcionarios que vulneren la ley, intervengan de manera ilícita o hagan uso indebido de recursos públicos, humanos, financieros o materiales a favor de partidos políticos o candidatos. Los obispos de las Diócesis de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla; de San Cristóbal de Las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez, y del administrador Diocesano de Tapachula, Arnulfo Quintanar Monroy, han demandado que las campañas y comicios se realicen con plena transparencia, equidad, certeza y legalidad, respetando el voto de los ciudadanos el 1 de julio… Por cierto, ante el paro que realiza el magisterio chiapaneco, el gobierno estatal pidió a las secretarías de Gobernación y Educación Pública federales que designe a funcionarios que participen en mesas de diálogo con las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Mario Carlos Culebro Velasco pidió al magisterio que las manifestaciones no afecten a la ciudadanía y comprometió mantener la atención de los temas educativos… Aristeo Trinidad Nolasco, el alcalde de Pijijiapan que fue exhibido por dar una golpiza a su esposa, ya no tiene fuero al haber solicitado licencia indefinida y con ello, la Fiscalía General del Estado podría detenerlo, aunque se dice que traspasó el río Suchiate, en tanto que negocia un amparo… Asimismo, después dos meses y medio la LXVI Legislatura aprobó la designación de Carlos Molano Robles como alcalde interino de Tuxtla Gutiérrez, sustituyendo en el cargo a Fernando Castellanos Cal y Mayor que ya anda en plena campaña para la gubernatura del estado... En Tapachula organismos sociales y productivos han solicitado a las autoridades estar muy atentas a los procesos electorales ante el riesgo de violencia, ya que algunos militantes de partidos políticos andan desatados y no aceptan la crítica hacia sus candidatos… Hasta la próxima.