Gasoducto
En el Programa Nacional de Infraestructura del Gobierno Federal 2014-2018 se contempla la construcción de un gasoducto de Salina Cruz, Oaxaca, a Tapachula, Chiapas, de unos 400 kilómetros de longitud, que de acuerdo con el proyecto principal estaría en operaciones en el año 2019, pero a la fecha no se ha construido un solo metro, cuando contar con gas natural es vital para impulsar la industria, la agroindustria y el desarrollo, tal como fue el objetivo por el que crearon la Zona Económica Especial.
El desarrollo de ese proyecto pasó de ser considerado social a comercial. El titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las ZEE, Gerardo Gutiérrez Candiani, ha dicho que la reconversión del mismo permitirá que capital de la iniciativa privada sea aplicado para su ejecución, pero hasta ahora no se sabe cuándo se iniciará la obra, menos ahora, a unos meses de que concluya la actual administración.
De acuerdo con especialistas, el gasoducto no concluiría en Puerto Chiapas sino que llegaría hasta Honduras y tendría entre los beneficiados a los sectores eléctrico y manufacturero, con un alcance regional. Desde el 2015 en Centroamérica se hizo el anuncio y se generaron grandes expectativas para el impulso de la industria y la generación de empleos. Se trata de un proyecto que comenzó a gestarse a finales de la década de los años noventa y las proyecciones eran que se iniciaría a construir en el 2016 y comenzaría a operar en el 2019. Hasta hoy, solamente es anuncio.
Gutiérrez Candiani ha dicho que seguir impulsando la construcción del gasoducto tiene un gran sentido, porque puede conectar a Centroamérica, además que daría servicio a dos de las Zonas Económicas Especiales, la de Salina Cruz y la de Puerto Chiapas, pero ahora al reconvertirlo de social a empresarial, es el sector privado el que tendrá que meterle el dinero si es que quiere, aunque se trata de una infraestructura básica para promover las inversiones en el sector industrial y agroindustrial, además de exportar gas a Centroamérica.
En el Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018 del Gobierno Federal se contempla invertir en al menos 133 proyectos estratégicos para la región Sur-Sureste y entre ellos está precisamente el gasoducto de Salina Cruz a Tapachula, con extensión a Centroamérica. El proyecto consta de 400 kilómetros de longitud y de 20 pulgadas de diámetro, con una inversión aproximada de 442 millones de dólares, mismo que de acuerdo con las autoridades contribuiría al desarrollo económico de los estados de Oaxaca y Chiapas con la atracción de inversiones y la instalación de plantas productivas.
La Zona Económica Especial de Puerto Chiapas fue decretada por el Ejecutivo Federal el 28 de marzo del 2017, abarcando una superficie de 8,612 hectáreas, contando con un Predio Federal con una extensión de 523 hectáreas. Además de la extensión de este polígono amplio, se contempló un Área de Influencia involucrando a los municipios aledaños, que para el caso de Puerto Chiapas son: Tapachula, Tuxtla Chico, Suchiate, Huehuetán, Mazatán, Frontera Hidalgo y Metapa. La ZEE de Puerto Chiapas destaca por su dinamismo fronterizo derivado del intercambio comercial y de servicios que existe con Centroamérica, Latinoamérica y Asia, además de contar también con conectividad con el resto del territorio nacional por la red vial y ferroviaria, identificándose vocaciones productivas para la agroindustria, la industria eléctrica y electrónica, pulpa, papel y autopartes, aunque para su instalación y operación requieren del gas natural.
El gasoducto es de vital importancia para ello y Centroamérica tiene interés, tanto que el 13 de marzo del 2015 fue firmado un acuerdo entre los presidentes de México, Enrique Peña Nieto; el de Guatemala, Otto Pérez Molina y de Honduras, Juan Orlando Hernández, en el que se establecía que “la derrama de beneficios que traerá el gasoducto para los países centroamericanos es gigante, ya que puede originar industria, electrificación en zonas rurales, bajas tarifas de luz, generación de empleos e incluso combate a la pobreza y a los daños a la salud, porque en países pobres la gente usa la leña como energético. El gas natural se usa para construir plantas de ciclo combinado, con las cuales se pueden extender las redes de electrificación en zonas rurales y la electrificación funciona también para combatir problemas de inseguridad pública”.
En la actualidad el proyecto sigue siendo una promesa, una obra que es vital para el desarrollo del Sur de México, pero que ni siquiera ha iniciado y no se sabe hasta el momento si existen empresarios interesados en meterle dinero, porque ya quedó claro que el gobierno federal no lo hará y menos, cuando le faltan menos de cinco meses para que concluya.
A escena
El proceso de transición no solamente se empieza a dar en el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos municipales, sino también en el Congreso del Estado, en donde la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Silvia Lilian Garcés Quiroz, ha dejado establecido que la entrega del Poder Legislativo será transparente y con finanzas sanas, dejándoles los recursos necesarios para que concluyan el año fiscal, porque las actividades de los entrantes inicia el 1 de octubre, para lo cual se corrobora que todo esté en orden, no falta nada y se deja cero deudas a proveedores… Los legisladores tienen la obligación de hacer que los Ayuntamientos salientes hagan lo mismo y transparenten el uso de los recursos públicos, porque muchos de ellos no han entregado las cuentas públicas del 2017 y algunos ni siquiera realizaron el proceso de entrega-recepción del inicio de la administración, sin que el Órgano de Fiscalización Superior haya hecho algo para que cumplieran con la ley, aunque ya se dijo que la nueva administración estatal tendrá prioridad en el combate a la corrupción… Hasta la próxima.