Explotación de menores
San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula son las ciudades de Chiapas en donde se tiene detectado que se está presentando la explotación de menores de edad en situación de calle. Son cientos de niños que son utilizados para la venta de dulces, golosinas y cigarros, limpiar parabrisas o bolear zapatos y en muchos casos, quienes los inducen a ello son sus propios padres o familiares cercanos; se trata en su mayoría de indígenas en el caso de Los Altos y Centro del estado y de centroamericanos en la Frontera Sur.
Los reportes del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) afirman que en los últimos cinco años en la entidad 83 mil menores fueron sacados de la explotación, pero más de 107 mil siguen en esa situación y no solamente se trata de actividades informales, sino también casos de empresas agrícolas. La Secretaría del Trabajo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y hasta el Instituto Nacional de Migración, en años pasados realizaron verificaciones en las fincas cafetaleras en donde llegan familias completas a realizar las labores culturales y el corte del aromático y generalmente los padres reciben la ayuda de sus hijos para de esa manera poder obtener más ingresos.
Pero en el caso de las ciudades, la explotación es más grave. Se sabe que existen investigaciones abiertas por parte de la Procuraduría General de la República y de las autoridades laborales, pero no hay resultados que permitan establecer su erradicación. Es más, en las tres ciudades más importantes del estado, se ha detectado que a los chicleros o boleros les entregan sus cajas marcadas, presumiéndose que las autoridades locales saben quién es el que controla el negocio, pero poco hacen para castigarlos.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) contempla que para el año 2030 se elimine por completo la explotación infantil, y en el caso de Chiapas se ha integrado la Comisión Interinstitucional en esa materia y en los próximos meses –antes de que concluya la actual administración- estaría en operación el Observatorio para la Erradicación del Trabajo Infantil en México, segundo en América Latina, que se encargará de dar seguimiento a los casos e integrar las políticas públicas y estrategias que lleven a dar mejores resultados.
Ha faltado por parte de todas las instituciones –federales, estatales y municipales- la coordinación de acciones y programas que ataquen el problema de fondo. Los más vulnerables, se debe reconocer, son los niños migrantes que no solamente pueden ser explotados en materia laboral sino también sexual y ello es preocupante, porque los informes que se tienen es que se ha incrementado el paso de menores centroamericanos que van solos buscando llegar a los Estados Unidos y el riesgo para ellos es sumamente alto.
Y es que a pesar del conocimiento que tienen las autoridades de la problemática, no hay hasta ahora programas específicos que la atiendan. Llama la atención que a unos meses de que concluya la administración se esté planteando un proyecto de “no a la moneda”, en la que se busca que a los menores no se les dé dinero en las calles, sino que se les proporcionen fichas que puedan cambiar por alimentos y útiles escolares, que si bien es cierto podría ser una buena medida, no está definido el mecanismo para hacerlo y el cambio de gobierno está a la vuelta de la esquina, por tanto las nuevas administraciones tienen en la explotación infantil un tema que requiere atención urgente.
A escena
El proceso de entrega-recepción que se ha empezado a organizar en los Ayuntamientos municipales de Chiapas ha dejado al descubierto que en muchos de ellos las administraciones que culminaron hace ya casi tres años no realizaron ese proceso, sin que el Órgano de Fiscalización Superior (Ofsce) del Congreso del Estado haya actuado en contra de los responsables. Uno de los ejemplos es el caso de Tapachula, en donde los exalcaldes Samuel Alexis Chacón Morales, que está por concluir su periodo como diputado federal, y Venerando Díaz Martínez, que fue su sustituto como interino, no hicieron la entrega al actual edil Neftalí Armando del Toro Guzmán, quien ha pedido al Ofsce su intervención para que él sí pueda realizar el proceso con el alcalde electo Óscar Gurría Penagos y para ello, ya hacen los trámites correspondientes. Aparte de todo esto, se sabe que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) está solicitando a Chacón Morales la comprobación de varias decenas de millones de pesos por obras no realizadas o que dejó inconclusas de programas de combate a la pobreza… Por cierto, el fallecimiento del ingeniero Rogelio Martínez Pérez, fue utilizado por el aún diputado federal Samuel Chacón para denostar al Instituto Mexicano del Seguro Social de ser responsable de la muerte de pacientes “por falta de capacidad, sensibilidad y negligencia”, situación que el IMSS desmintió en un comunicado en donde aseguró que la atención para el exsecretario de Obras Públicas Municipales, desde el momento que ingresó fue el adecuado e incluso se autorizó el ingreso de especialistas externos. Se debe reconocer que derechohabientes del Seguro Social constantemente se quejan por la pésima atención, aparte que las citas con especialistas tardan meses para que se la otorguen a los pacientes y con ello ponen en riesgo su salud… En la palapa de la Casa de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez se realizó ayer la reunión del Consejo de Marca Chiapas, en donde el empresario Octavio Marín de la Torre, dio a conocer los avances que se ha tenido en la promoción de los productos hechos por artesanos chiapanecos y el impulso gubernamental ha sido importante… En Cacahoatán el alcalde Carlos Enrique Álvarez Morales inauguró una nueva clínica de salud en la comunidad Benito Juárez San Vicente, que beneficia a cinco mil habitantes de la zona; la clínica rural contará con médico, enfermera y trabajadora social, aparte de medicamentos… Hasta la próxima.