Refugio en México

La espera de un extranjero para que le otorguen asilo en México puede ser larga. Las solicitudes recibidas en los últimos años por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) han ido en incremento constante. Por ejemplo, en el 2016 fueron ocho mil 796 solicitudes; en el 2017, pasaron a 14 mil 596 y en el actual ya superan las 31 mil, derivado que solamente en tres semanas han superado las tres mil.

Es en las oficinas de ese organismo en Tapachula donde se presenta el mayor número de peticiones, incluso ha sido calificado como una situación de emergencia, tomando en consideración que se tiene que atender y resolver caso por caso, en colaboración de las autoridades de los países de origen, por las causas que originan el éxodo que generalmente se relacionan con la violencia generada por la delincuencia organizada y las pandillas, la persecución o problemas políticos y la falta de oportunidades de trabajo.

Estos días hemos visto deambular por la ciudad y vivir en la vía pública y más aún, en la plaza central de Tapachula a decenas de personas que llegaron a la frontera de México con Guatemala en caravanas procedentes de Honduras y El Salvador, pero decidieron entregarse a las autoridades migratorias y solicitar refugio. En principio fueron enviados a un refugio, pero al quedar el asunto en manos de la Comar tuvieron que irse a la calle o buscar un lugar donde permanecer mientras se determina su situación legal que debe tardar por lo menos 45 días.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) tiene desplegadas acciones para atender a la población solicitante de asilo en la frontera sur del país, pero su capacidad también fue rebasada y ha dado prioridad a mujeres y niños, así como a familias completas, considerando que son los más vulnerables.

La Comar establece que toda persona extranjera en territorio nacional tiene derecho a solicitar la condición de refugiado, misma que deberá presentar ante ese organismo o el Instituto Nacional de Migración, dentro de los 30 días siguientes a su ingreso a territorio nacional. El procedimiento tiene una duración de 45 días hábiles, periodo en el que se garantiza la confidencialidad, no discriminación y la no devolución al país de origen o de residencia habitual en donde su vida, seguridad o libertad se vean amenazadas.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desde principios de este año advirtió que la Comar presentaba un rezago cercano al 60 por ciento de los procedimientos iniciados a nivel nacional en el 2017, orillando a que miles de personas abandonaran o desistieran de los procedimientos ante los largos plazos y la poca información que se les proporciona, aunque tengan que acudir cada semana a sus oficinas a firmar una lista de asistencia.

El panorama ante las miles de solicitudes presentadas en menos de tres semanas es incierto para los centroamericanos que decidieron acogerse al ofrecimiento de las autoridades, pero también para quienes no lo hicieron, porque corren el riesgo de ser asegurados y deportados a sus países de origen en cumplimiento de la Ley Migratoria. Es más, quienes iniciaron el procedimiento viven en la incertidumbre porque ello no les garantiza que van a ser aceptados como refugiados en México y por el momento deambulan en busca de ingresos sin lograr conseguir un empleo, porque tampoco lo hay para los propios mexicanos.

Ante esa situación, el gobierno federal y el estatal que están por concluir y los que van a iniciar el 1º. y el 8 de diciembre, deben de empezar ya a trabajar en algunos programas o acciones para atender la crisis que se está viviendo en la frontera sur no precisamente por el paso de las caravanas de migrantes que van hacia los Estados Unidos, sino más bien por los que decidieron quedarse aquí.

Ellos dicen que salieron de sus lugares de origen por la falta de oportunidades de desarrollo y de trabajo, pero Chiapas es el estado del país con menos crecimiento, fuentes de empleo y altos niveles de pobreza y marginación. Los sectores productivos agropecuarios se quejan de problemas por la caída de los precios como ocurre con el café que es uno de los que más mano de obra genera durante las cosechas que están próximas a iniciar y para ello se contrata a jornaleros agrícolas guatemaltecos.

Es más, las últimas tres semanas la economía regional ha enfrentado momentos críticos porque con el cierre de la frontera de Ciudad Hidalgo prácticamente se paralizó la llegada de guatemaltecos que vienen a realizar turismo comercial, incluso el paso de mercaderías por el río Suchiate se vio afectado y eso que se trata de contrabando que se da ante la mirada de todas las autoridades. El sector beneficiado fue el hotelero, por la llegada de cientos de elementos de la Policía Federal y de otros organismos nacionales e internacionales que están dando seguimiento al fenómeno de las caravanas migratorias. Ante todo esto, las autoridades federales y estatales tienen que poner atención en esta región, porque no se duda que las oleadas migratorias de las naciones del sur hacia México y Estados Unidos continuarán.

A escena

Ojalá que ahora sí sea cierto que los trabajadores de salud volverán a sus actividades normales y con ello se restablezcan los servicios en todos los hospitales y clínicas, toda vez que muchas personas se encuentran en riesgo al no encontrar atención por el paro que el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Instituto de Salud del Estado de Chiapas mantienen desde hace ya diez días e incluso habían anunciado nuevas marchas para el inicio de la próxima semana. Las autoridades estatales anunciaron que aceptaron una mesa de negociación para resolver los problemas laborales y de esa manera ya no seguir afectando la salud de los chiapanecos… Hasta la próxima.