Ambulantes
Los vendedores ambulantes se han convertido en un rico filón para dirigentes y algunos que otros funcionarios públicos; en Tapachula, cientos de ellos, muchos centroamericanos, han invadido las calles del centro y las inmediaciones de los mercados San Juan y Sebastián Escobar. En administraciones anteriores se les construyeron espacios para ellos y los dejaron abandonados, porque el negocio está en la vía pública.
El Ayuntamiento municipal tapachulteco ha presentado denuncias en contra de 19 líderes de organizaciones, entre ellos la CTM, CROC, CROM, CNOP, Confrite y COR, que “han cobrado derecho de piso o cuotas a los ambulantes durante muchos meses”, dinero que no entra a las arcas públicas sino que se queda en las bolsas de ellos. La exdiputada local, exregidora y exsíndica, Rosario Vázquez Hernández, ha ejercido el control del ambulantaje durante años y eso le ha valido de brincar de un gobierno a otro, incluso en el actual Ayuntamiento su hija Aida del Rosario Flores Vázquez es regidora.
En los últimos días de diciembre y en los primeros de enero el Consejo Municipal de Seguridad Pública, la Gendarmería Nacional, Policía Federal, Fiscalía General del Estado -Fiscalía Fronterizo Costa y la Fiscalía para Migrantes-, las policías Fronteriza, Estatal Preventiva y Tránsito del estado, el IV Regimiento de Caballería y la XIV Zona Naval han emprendido una estrategia conjuntamente con el Ayuntamiento para combatir el ambulantaje que se ha convertido en un serio problema, hasta de seguridad.
Las autoridades han acordado realizar una serie de operativos interinstitucionales, cateos y decomisos de mercancías que sean comercializados en la vía pública, encabezados por las corporaciones federales, al considerarse que no solamente entre los vendedores hay centroamericanos indocumentados, sino también mucha de la mercancía que expenden es de procedencia dudosa o que ingresó al país en forma de contrabando por el río Suchiate. El ambulantaje siempre ha sido considerado como una competencia desleal para el comercio organizado, aunque también muchos dueños de negocios han sacado su mercancía a la banqueta.
Se ha dicho que existe una propuesta para reubicar a los comerciantes ambulantes en otras áreas y espacios pero el centro de la ciudad quedará despejado y pretenden convertirlo en un espacio comercial ordenado, iluminado y seguro, tanto para los propios tapachultecos como para los visitantes de otras regiones del estado, el turismo nacional y extranjero. Y es que la vendimia callejera también ha sido motivo de protección de personas que se dedican al asalto.
En Tuxtla Gutiérrez, el ambulantaje está nuevamente convirtiéndose en un dolor de cabeza para el comercio organizado y para las propias autoridades; en las últimas semanas aprovechando las fiestas de Navidad y Año Nuevo, cientos de ellos se apoderaron una vez más de las calles del centro, con la complacencia de las autoridades; aparte que el tianguis urbano Santo Domingo fue cerrado, porque el propietario del predio donde se ubicaba se negó a renovar el contrato de arrendamiento con el Ayuntamiento municipal.
Hace tres años, las autoridades de la capital chiapaneca emprendieron un “barrido” del ambulantaje, similar al que ahora se efectúa en Tapachula, lo que llevó al reconocimiento de los sectores empresariales y comercio organizado que hoy nuevamente están lanzando la voz de alerta y exigen la intervención del Ayuntamiento para que ponga orden y se actúe en consecuencia.
Las dos ciudades más importantes de la entidad enfrentan el mismo problema de las ventas callejeras; en Tapachula se empieza a combatir con acciones conjuntas de las autoridades federales, estatales y municipales, mientras en Tuxtla Gutiérrez, están volviendo a ocupar el centro y no existe hasta el momento una postura del gobierno local para enfrentarlos.
A escena
Por cierto, una fuerte polémica ha surgido en los últimos días por un citatorio que le hicieron al exalcalde de la capital chiapaneca, Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, por una denuncia presentada por el exsecretario de Seguridad Pública del Estado durante el gobierno de Pablo Salazar, Mauricio Gándara Gallardo, quien supuestamente pretende cobrar una millonaria cantidad de dinero al Ayuntamiento por servicios profesionales de defensa jurídica. Por el momento el exedil tendrá que presentarse el 9 de enero a una audiencia ante un juez… En la costa chiapaneca, los habitantes y dirigentes de sectores productivos y sociales están insistiendo nuevamente que se refuercen todas las acciones de seguridad, sobre todo después del asesinato del activista social y defensor de los derechos humanos, Sínar Corzo Esquinca, ocurrido la noche del jueves pasado en Arriaga y por el incremento de los hechos delictivos. Las autoridades estatales se han comprometido a llegar al fondo del asunto y castigar a los responsables del crimen… El gobierno federal y del estado tienen que empezar a voltear los ojos a la región de la Costa, Soconusco y Frontera Sur, en donde crece el malestar de los sectores productivos no solamente por el abandono en que ha estado durante años, sino porque al inicio de las nuevas administraciones se les está dejando sin programas de desarrollo e incluso resultan afectados por reformas fiscales, por lo que crece la demanda que se brinde la misma atención que se le da a la frontera norte, en donde bajaron los impuestos al Valor Agregado y Sobre la Renta, así como los precios de los combustibles, cuando en esta zona se enfrentan los más altos rezagos del país que deben atenderse para evitar que siga la migración hacia los Estados Unidos… Hasta la próxima.