Frontera olvidada
Hay quienes desde Centroamérica pretenden dar un “portazo” a México con una nueva caravana de miles de migrantes que organizan para que lleguen en las próximas semanas, situación que no se permitirá y su ingreso al país, en su caso, deberá ser ordenado, seguro, controlado y regulado por las leyes mexicanas, ha advertido la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien ha reconocido que en la frontera sur solamente existen 12 cruces oficiales controlado por las autoridades pero hay más de 370 informales –se calcula que son muchos más- por donde cruza de todo.
Solamente ir al río Suchiate, por debajo de los puentes internacionales “Rodolfo Robles” entre Ciudad Hidalgo y Tecún Umán y el de Talismán-El Carmen, pasan cientos de personas a diario, unos que buscan el “sueño americano” y otros que realizan actividades comerciales de contrabando, a la vista de las propias autoridades. Eso se ha venido haciendo desde hace muchos años y se ha vuelto cotidiano y normal, en un movimiento económico intenso en ambos lados de la frontera entre México y Guatemala.
Las declaraciones de la funcionaria se dan cuando en Honduras, El Salvador y Guatemala, se promueve una nueva caravana de migrantes que pretende llegar a nuestro país por la frontera sur y quizá ingresarán como lo hicieron miles en los meses anteriores y que muchos llegaron a Tijuana con la intención de entrar a los Estados Unidos y no lo han logrado. Otros, se quedarán en territorio nacional y el gobierno federal ya les ofreció facilidades para su regularización e incluso buscarles oportunidades de trabajo que tanta falta hacen para los propios nacionales.
Se habla de que no se permitirá el ingreso de indocumentados por los cientos de pasos irregulares, pero ¿Cómo harán para frenar ese fenómeno? No es que dudemos que puedan hacerlo, pero el Instituto Nacional de Migración (INM), única instancia responsable de aplicar la ley en la materia en Chiapas no tiene ni 200 elementos para cubrir los más de 660 kilómetros de franja fronteriza. No se tiene el número para tener a uno en cada cruce informal que ya detectó el gobierno federal. Es una frontera olvidada y porosa.
Se calcula que anualmente ingresan al país más de 300 mil migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos y que en las entidades del sur-sureste mexicano ya se encuentran asentados unos 700 mil, quienes de acuerdo con las autoridades no afectan la mano de obra o los empleos para los nacionales. Solamente de las caravanas que llegaron en los meses anteriores se quedaron en Tapachula más de tres mil, de los cuales la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados no presenta informes sobre su proceso de regularización y donde se encuentran, aunque a muchos se les ven deambulando por las calles, vendiendo dulces o pidiendo ayuda en las esquinas.
La titular de la Secretaría de Gobernación envía un mensaje a los gobiernos de los países de Centroamérica y en particular a Honduras, El Salvador y Guatemala, a los que les dice que “asuman sus ineludibles responsabilidades en atención de las demandas y aspiraciones de sus poblaciones. Es evidente que la obligación primaria para atender en su propio territorio, a las personas que ven amenazadas su sobrevivencia por motivos de seguridad o de carencias de lo más necesario para una vida digna, es del gobierno de cada país” y plantea a la vez, la atención de los flujos migratorios que cruzan por territorio mexicano hacia los Estados Unidos.
Para el gobierno federal los migrantes no son delincuentes y tampoco constituyen una amenaza a la seguridad de México o de los Estados Unidos, aunque se reconoce que entre ellos vienen grupos específicos identificados como integrantes de pandillas o de “polleros”, quienes presuntamente son los que ahora promueven las nuevas caravanas aprovechándose de la oferta que están haciendo las autoridades mexicanas para brindarles asilo y empleo.
Sánchez Cordero afirma que se van a instrumentar acciones que permitan el acceso ordenado y seguro por los cruces legales y controlados en la frontera sur, para brindar a los migrantes protección a sus derechos humanos y facilidades para una estancia segura y digna, conforme a los programas y acciones que al respecto instrumente el gobierno de México en coordinación y con la participación de los gobiernos estatales y municipales, especialmente en los estados del sur-sureste, como son Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Oaxaca, porque calculan que en la Riviera Maya y en otros lugares de la región ya trabajan más de 700 mil centroamericanos, que aseguran no desplazan a los mexicanos y sí complementan la mano de obra.
El gobierno federal ofrece ingreso ordenado y seguro, pero no permitirá “portazos”, es decir, impedirá el paso en forma ilegal o indocumentada y todo aquel que lo haga será detenido y deportado cumpliendo con las leyes migratorias, aunque queda claro que para hacerlo tendrán que desplegar a miles y miles de agentes migratorios, de la Gendarmería, la Policía Federal, Ejército mexicano y Armada de México para poder cubrir los cientos de kilómetros de frontera que no son nada fácil, porque hasta ahora, ninguna administración ha podido controlar y evitar que por la frontera sur cruce de todo y menos los migrantes que pasan todos los días.
A escena
Por cierto, la Diócesis de Tapachula cuyo titular es el obispo Jaime Calderón Calderón, ha informado que este miércoles se reabrirá el albergue para la atención de migrantes en tránsito “Belén”, ubicado en la colonia San Antonio Cahoacán y que en el pasado estuvo a cargo de Flor María Rigoni que no dejó buena imagen en la zona… La presidenta del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, pidió a la Fiscalía General del Estado ir a fondo de la investigación en relación al asesinato del activista en derechos humanos y luchador social, Sínar Corzo Esquinca y dar con los responsables, aunque existe el compromiso del fiscal Jorge Luis Llaven Abarca que así será… Hasta la próxima.