Seguridad Nacional
El 23 de enero pasado en el puerto fronterizo de Ciudad Hidalgo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, daba la bienvenida a miles de centroamericanos a quienes les ofrecía la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias y les anunciaba que tendrían la oportunidad de trabajar en México y obtener un salario, dentro de lo que llamó la nueva política migratoria impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador que “ha extendido la mano generosa a los migrantes centroamericanos y ha aceptado el ingreso ordenado, seguro y regular”.
Un mes después, las cosas en la frontera sur de han salido de control; el gobierno federal canceló el otorgamiento de las Visas Humanitarias y con ello, el malestar de los extranjeros que por cientos llegan hasta el río Suchiate hace que crucen en forma irregular, unos por el río y otros por el puente internacional sin que nadie los pare, tanto que ya repelieron a elementos del Instituto Nacional de Migración (Inami) cuando pretendieron asegurarlos y a punto ha estado de otros enfrentamientos con policías federales que solamente los ven y siguen las caravanas.
Desde hace varios años hemos venido documentando la porosidad de la franja fronteriza entre México y Guatemala; más de mil pasos irregulares y unos cuantos oficiales que no son suficientes para frenar las oleadas de personas, de mercancías que cruzan de contrabando y otros ilícitos como el paso de drogas o armas. Hoy, el problema que ven los sectores empresariales y productivos de esta región es que el propio gobierno federal con su política de puertas abiertas es el que impulsa la migración procedente de Centroamérica.
En los videos que circularon por todos lados vimos a personal migratorio apedreado, apaleado y sin capacidad para enfrentar a los enfurecidos extranjeros indocumentados, pero eso parece no haber sido percibido como un ataque al gobierno mexicano, porque el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, insiste en mantener las puertas abiertas de la frontera sur al paso de éstos, ahora sin control alguno.
Lo peor, con la llegada de las oleadas migratorias, se denuncia una mayor presencia de integrantes de pandillas trasnacionales de la Mara Salvatrucha MS-13 y Barrio 18 que se estarían disputando el control de la zona, registrándose constantes ataques entre ellos; aunque la gota que derramó el vaso fue el asesinato de dos policías municipales para que los organismos sociales, empresariales y productivos elevaran la voz y demanden fortalecer la seguridad y aplicar mano dura en contra de la delincuencia y cerrar incluso la frontera sur al ingreso ilegal de personas.
Apenas ayer, en Puerto Madero se dio un ataque armado que dejó como saldo a una pareja de jóvenes muertos a quienes se vincula con la disputa en el control territorial de las pandillas, situación que las autoridades no quieren aceptar al habérseles salido del control. Las recomendaciones que todas las personas hacen a sus familiares cuando salen de sus casas es que se cuiden ante la violencia que se está viviendo.
Desde aquella primera caravana que ingresó al país en octubre del año pasado, cuando la población salía a recibirlos, brindarles comida, agua, alojamiento, ropa y medicinas, hoy la percepción es muy distinta; el gobierno federal sigue mantenimiento la postura de puertas abiertas, aunque se considera que se está poniendo en riesgo la seguridad nacional y no solamente por el cruce de personas, sino también por el riesgo que pueden llegar enfermedades que actualmente no están presentes en el país.
Para la sociedad lo grave es que las autoridades han sido rebasadas por los extranjeros violentos que no respetan las leyes y argumentan cuando son asegurados que se les violan sus derechos humanos; lo mismo ocurre cuando son detenidos delincuentes y bajo esos argumentos los agentes migratorios y policiacos tienen temor de actuar, porque ellos sí pueden ir a dar a las cárceles si cometen un abuso de autoridad o un “uso excesivo de fuerza”.
Hoy queda claro que la seguridad en la frontera sur es más vulnerable que nunca y ante ello, las demandas de cero tolerancia a la migración ilegal que está generando un clima de inestabilidad social que abarca desde el Suchiate por donde ingresan hasta Tijuana, Baja California, a donde llegan y se concentran para buscar en algún momento cruzar hacia los Estados Unidos.
La demanda de los sectores sociales, empresariales y productivos al gobierno federal, es que atienda el fenómeno en forma integral y sobre todo garantice la seguridad, porque las autoridades locales han sido rebasadas y no se puede atraer inversiones y generar empleos en estas condiciones.
A escena
En Chiapas la inseguridad no es exclusiva de Tapachula, también se está presentando en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez y Palenque, ante lo cual la ciudadanía se empieza a organizar para manifestarse y pedir garantías, aunque resulta que en muchos casos los alcaldes hacen como que ni los ven ni los escuchan, mientras los delitos siguen incrementándose… Por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, estuvo ayer en su natal Macuspana, Tabasco y en Salto de Agua, Chiapas, acompañado de los gobernadores Adán Augusto López Hernández y Rutilio Escandón Cadenas, para poner en marcha el programa nacional Crédito Ganadero a la Palabra, mediante el cual se busca fortalecer a ese sector productivo. Se dijo que varios alcaldes aprovecharían el momento del saludo para entregarles sendas cartas y solicitarle apoyos para sus respectivos municipios… Hasta la próxima.