Pesca abandonada
Con sus 87 mil 984 kilómetros cuadrados de Zona Económica Exclusiva, 11 mil 734 de Plataforma Continental y cinco mil 616 de Mar Territorial; 76 mil 238 hectáreas de lagunas estuarinas y 110 mil de lagunas y embalses de las presas hidroeléctricas, Chiapas cuenta con un alto potencial para el desarrollo de la pesca de altura, ribereña y de escama. Esa fue la razón por la que se había creado la Secretaría del ramo que desapareció y que ahora, los pescadores no saben a dónde acudir para ser escuchados.
Zaynia Andrea Gil Vázquez es la titular en la Secretaría de Agricultura del Estado en la que supuestamente existe una Subsecretaría de Pesca y Acuacultura que no tiene titular después de la renuncia de Fernel Gálvez Rodríguez, a quien supuestamente le asignaron otras responsabilidades. En el directorio aparecen una Dirección de Fomento Pesquero y otra de Organización Pesquera, a cargo de Roberto Henry Trejo Hernández y César Martínez Antonio, ambas con sede en Tuxtla Gutiérrez y una tercera, de Desarrollo de Infraestructura Pesquera, cuyo responsable es José Antonio Toledo Blas, con oficinas en Tonalá, pero ninguno de ellos aparece por ninguna parte. Es decir, todo el sector pesquero se encuentra en el abandono.
Entre los pescadores de la costa chiapaneca existe desesperación al no contar con ningún tipo de apoyo y la única salida que encuentran es ir a la Comisión Nacional de Pesca, pero ésta se ubica en el Puerto de Mazatlán, Sinaloa y tampoco son escuchados ni atendidos, por tanto no existe solución a la problemática que presentan de disputa de áreas de captura como ocurre con las sociedades cooperativas Barra de Zacapulco y Santa Isabel en el municipio de Acapetahua con la laguna Chantuto Panzacola.
El conflicto llegó a tal grado que el jueves decenas de pescadores acudieron a la cabecera municipal de Acapetahua, tomaron la presidencia municipal, retuvieron a funcionarios municipales y bloquearon la carretera Costera durante varias horas hasta que llegaron funcionarios de la Secretaría de Gobierno a ofrecerles una próxima reunión para analizar el problema que desde hace mucho debieron atender desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Pero no solamente son los pescadores de esa zona los que exigen atención de las autoridades, igual ocurre con los de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec, Huixtla, Mazatán y Suchiate, todos ellos costeros y lo mismo ocurre los que producen mojarra tilapia en aguas interiores, porque la falta de visión de las actuales autoridades ha propiciado que el principal productor de alevines en el Centro Piscícola “El Manguito” el municipio de Tuxtla Chico se encuentre a punto de desaparecer.
De la pesca de altura en los 260 kilómetros del litoral chiapaneco, ni hablar. Desde hace años la pequeña flota que había en Puerto Chiapas desapareció y todos los barcos que realizan actividades de captura de camarón vienen de otros estados del país. Los pocos que siguen operando se dedican al tiburón y cada día tienen que ir más lejos a conseguirlo, utilizando para ellos pequeñas embarcaciones con motor fuera de borda.
Los volúmenes de la pesquería de escama en Chiapas, son de los más importantes a nivel nacional y con ello la generación de empleos directos e indirectos permanentes que genera. En los municipios costeros, miles de familias viven de la pesca ribereña –en sistemas lagunarios- y en condiciones de pobreza, por lo que requieren encontrar mecanismos de apoyo institucionales pero no encuentran las puertas de atención.
Si bien, se consideró que contar con una Secretaría de Pesca no era necesario, la titular de la SAGyP estatal, Zaynia Andrea Gil, tiene que ir pensando no solamente en voltear los ojos hacia ese sector productivo muy importante en la entidad, recuperar los Centros Piscícolas y desplegar acciones para el desarrollo pesquero, tomando en cuenta el alto potencial con que cuenta la entidad para ello, caso contrario los conflictos seguirán estallando uno tras otro, como ya empezó a ocurrir en la costa chiapaneca.
A escena
El Auditor Superior del Estado, José Uriel Estrada Martínez, y el propio Congreso del Estado tienen en sus manos un serio problema con la transparencia y rendición de cuentas. En los últimos días han surgido escándalos en diversos municipios en donde los presidentes municipales o alcaldesas han incurrido en falsificación de firmas y otros documentos para supuestamente presentar las cuentas públicas mensuales o trimestrales. Eso está ocurriendo en el Ayuntamiento de Tuxtla Chico, en donde el síndico municipal, Romeo de la Cruz Chávez ha denunciado a la alcaldesa Deysi Lisbeth González Aguilar, por falsificar su firma y presentar documentación ante el Organo de Fiscalización Superior solventando gastos millonarios, presumiéndose incluso desviaciones superiores a los 16 millones de pesos de los que no estaban enterados los integrantes del Cabildo. Hay varios Ayuntamientos en esas circunstancias y ante ello resulta obligatorio ordenar auditorías y aplicar la ley en contra de quienes resulten responsables. El síndico tuxtlachiquense en las últimas horas denunció supuestas amenazas y acusó de ello a la presidenta municipal, quien al parecer ha aprendido muy bien las enseñanzas de su papá el dirigente estatal de la Central Campesina Cardenista, René González Pérez, quien también ha sido sindicado de hacer negocio con programas y proyectos para el campo… Mientras la crisis migratoria no encuentra una salida, funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Instituto Nacional de Migración, a puertas cerradas se reúnen con representantes consulados de Centroamérica para analizar la que denominan “Agenda Frontera Sur” en la que supuestamente atienden temas de empleo para los habitantes de esta región, pero ni las autoridades estatales y menos las municipales son convocadas. En tanto, en la Estación Migratoria Siglo XXI cientos de migrantes extracontinentales siguen a la espera de contar con atención de las autoridades migratorias que ahora echan mano de la Guardia Nacional y de la Policía Federal para contener las inconformidades… Hasta la próxima.