Carretera mortal

El consorcio Asociación Público-Privada APP Arriaga-Tapachula, S.A. de C.V. fue beneficiado por la concesión de la carretera Costera de la Costa a finales del año pasado; se trata de un total de 473 kilómetros de longitud de la ruta MEX-200 en el tramo Tapanatepec-Talismán, iniciando en el kilómetro 47+000 y terminando en el 283+500. El contrato inicial es por diez años, en el cual se tendrá que rehabilitar y dar mantenimiento constante para conservarla en buen estado, aumentar la seguridad vial, comodidad de los usuarios y reducir los costos de operación vehicular y tiempo de recorrido. El estudio establece que existe un aforo diario superior a los ocho mil 600 vehículos, de los cuales 24.50 por ciento son pesados.

El monto de la inversión es de cuatro mil 704.9 millones de pesos y la obra se inició hace ya varios meses, pero se ha convertido en la carretera más peligrosa de Chiapas. Es de cuatro carriles, pero solamente hay circulación en dos desde Huixtla hasta Pijijiapan y es ahí en donde a diario ocurren accidentes graves que han dejado muchas víctimas mortales, heridos y daños materiales por muchos millones de pesos.

Las protestas de los ciudadanos y sectores productivos no se han hecho esperar, pero la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha escuchado el clamor. Los trabajos de rehabilitación son sumamente lentos, incluso se habla que la falta de capacidad de la APP para realizar la obra haya hecho que subcontrate a diversas empresas constructoras a las que les adeuda grandes cantidades de dinero y el cobro se ha vuelto tortuoso.

De acuerdo al convenio entre la dependencia federal y el consorcio, la obra contempla rehabilitar y conservar 473 kilómetros de longitud, equivalente para cumplir con los 15 estándares de desempeño a más tardar a finales del segundo año del contrato –ya se cumplió el primero-, y manteniéndolos hasta la terminación del mismo que concluye en el 2028; adecuar a la normativa vigente el señalamiento y las defensas y barreras existentes; instalar el señalamiento y los elementos de seguridad vial faltantes; rehabilitación y mantenimiento de más de 200 puentes; rehabilitación y mantenimiento de más de mil 689 obras de drenaje; adecuar a la normativa vigente del señalamiento, defensas y las barreras existentes e instalar el señalamiento y los elementos de seguridad vial faltantes.

Hasta ahora, poco es el avance existente, tanto que el Sindicato de Transportistas de Carga, ha presentado una queja ante la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, en donde solicita una auditoría al consorcio APP que presuntamente integran las empresas Impulsora de Desarrollo Integral, Gami Ingeniería e Instalaciones, Supra Construcciones y Constructora y Arrendadora Cañeros, en virtud a que los pocos trabajos que se han realizado, entre ellos algunos de “bacheo” son realizados con materiales de pésima calidad. Es más, se ha incumplido con contratos de dar preferencia a los cargueros locales para el acarreo de materiales y se prefiere a los de otros estados.

Recorrer la carretera Costera chiapaneca es de alto riesgo, de los cuatro carriles solamente operan con normalidad dos y no existen los señalamientos necesarios para que los conductores tomen las medidas de prevención. Es más, al registrarse fuertes aguaceros con el inicio de la temporada de lluvias se ha empezado a destruir la carpeta asfáltica que ha sido “bacheada” y esa ha sido la causa principal de los accidentes.

Desde hace muchos años los habitantes de las regiones Istmo Costa, Soconusco y Frontera Sur, han venido demandando atención prioritaria a la carretera Costera, pero no han sido escuchados y por el contrario, cada vez es menor el interés de la Federación por mejorar la infraestructura carretera cuando es por esa vía por donde viene no solamente gran parte de lo que se consume en la zona, sino lo que va de exportación a Centroamérica, porque el ferrocarril sigue sin operar en forma normal desde el paso del huracán “Stan” hace ya casi 14 años. Hoy esa carretera es de las más inseguras y toda la responsabilidad recae en la SCT que dio un contrato multimillonario a una empresa APP que no está cumpliendo con el mismo.

A escena

Sin avisar a nadie y menos a los medios de comunicación, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, realizó un recorrido por los diversos puntos de revisión e instalaciones migratorias en la frontera sur de Chiapas, en donde desde hace algunos meses se vive una crisis por el fenómeno procedente de Centroamérica, Africa, Asia y del Caribe, ello después de que el gobierno federal ha dispuesto un programa de apoyo económico a El Salvador para impulsar Sembrando Vida y de esa manera pretender evitar el éxodo… Por cierto, personal migratorio detuvo en Oaxaca a Namibia del Socorro Fuentes González, acreditada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) como titular del Consulado de Nicaragua en Tapachula, trasladando con ella a tres personas de nacionalidad cubana con estancia irregular en México, por lo que se determinó ponerla a disposición de la Fiscalía General de la República junto con los isleños; se dijo que la mujer se identificó con una Visa Diplomática vencida desde el 11 de marzo del 2017, aunque manejaba un vehículo color negro con placas diplomáticas L78BFC expedida en la Ciudad de México. Se estableció que ella sigue acreditada como funcionaria consular desde el 2013, pero no había renovado su Visa que, tiene la responsabilidad de mantenerla vigente para permanecer en el país y realizar sus funciones diplomáticas o consulares. Ella tiene inmunidad en el ejercicio de sus funciones, pero en el caso de comprobarse su participación en actos al margen de la ley, no la tendría y por tanto sería procesada, aunque lo que se deja ver es que son muchos los involucrados en el tráfico de migrantes que se ha convertido en un serio problema social en la frontera sur… Hasta la próxima.