Desde el 2013 fecha en la que se aprobó la Reforma Educativa, los maestros no han dejado de amagar con movimientos magisteriales principalmente en estados donde el analfabetismo sigue alcanzando los índices más altos como Chiapas; donde se les ha pedido a los maestros protestar sin afectar las clases en las aulas escolares tomando en cuenta el bajo nivel escolar que se alcanza, pero es un tema difícil, pues a la par, existen problemas relacionados con pagos atrasados de la federación que aumentan la inconformidad del magisterio que frecuentemente acuerda la suspensión de labores por 48 y 72 horas.

Este lunes cuando se esperaba que los más de 80 mil mentores regresaran a clases en 20 mil escuelas tras las dos semanas de vacaciones por Semana Santa, resulta que anunciaron una marcha y suspensión de labores por 48 horas; de nuevo en protesta por la Reforma Educativa que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, conjuntamente con la modificación y promulgación de una serie de leyes secundarias en fechas posteriores del mismo año, y con las que se sentaron las bases normativas de la denominada reforma que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto, con la expectativa de fortalecer la equidad y calidad en el sistema educativo nacional, lo cual por supuesto que no se ha logrado como se tenía planeado.

Y es que desde la perspectiva gubernamental, la reforma aseguraría la obligación del Estado de garantizar la calidad de la educación pública obligatoria, es decir, desde preescolar hasta la educación media superior, creando diversos organismos para lograr el objetivo tales como; un servicio profesional docente, el establecimiento de un sistema nacional de evaluación educativa, la creación de un Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal que garantizaría una mejor distribución del financiamiento de la educación básica; sin embargo, esta reforma no ha dejado de ser cuestionada por considerar reiteradamente que los fines se enfocaron mas a una reforma laboral que educativa y esta valoración no ha cambiado para el magisterio que siente vulnerado sus derechos.

De esta manera las movilizaciones se agudizaron en este sexenio, que está a punto de concluir, y continúan, aprovechando el proceso electoral del primero de julio, donde el magisterio jugará un papel importante ya que seguramente caminarán de la mano del presidenciable que oferte respetar los derechos magisteriales sindicales que se han visto afectados con la reforma, que finalmente les pega en derechos obtenidos a lo largo de lo que consideran “lucha magisterial” y que obliga a los nuevos maestros a presentar exámenes para poder ganar una plaza.

El magisterio se ha defendido con todas las armas, incluyendo las legales, pero no han logrado echar abajo esta reforma, pues incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2015, declaró Constitucional la Reforma Educativa y la Ley General de Servicio Profesional Docente, al tiempo de decidir, no amparar ni proteger a los maestros inconformes con la evaluación docente; desestimando los amparos interpuestos, bajo la tesis de los ministros en el sentido de que a Ley General del Servicio Profesional Docente no viola la dignidad y el derecho a la libertad del trabajo de los maestros, ya que se trata de un procedimiento administrativo, no laboral, aunque el magisterio insiste en que el procedimiento es laboral. Por cierto, hay que recordar que impone que quien falte por tres días consecutivos en un mes podría ser separado del cargo, lo cual por supuesto que no se ha cumplido, ni en el estado ni en ninguna otra parte del país de tal forma que los docentes siguen utilizando como forma de protesta las marchas y los plantones, y hoy lunes no será la excepción pues ya está programada una marcha y dos días de suspensión de labores, aumentando las vacaciones de Semana Santa y aunque se anunció por parte del Secretario de Educación, Eduardo Campos Martínez, descuentos a los maestros faltosos, el movimiento está más que confirmado.

Con filo

“La paridad de género es un mandato de ley que garantiza la participación equilibrada de hombres y mujeres en las elecciones, evita que sólo hombres seamos opción en la boleta y es obligación constitucional de los partidos, promover y garantizar sin violencia la participación política de las mujeres”, afirmó Willy Ochoa, al tiempo de convocar a todos los partidos políticos para que aseguren la participación de mujeres en la postulación de sus candidatos y candidatas, de cara a un proceso electoral “no discriminatorio y sí democrático e incluyente”. “La paridad de género en las candidaturas mostrará a Chiapas un indicador de su calidad democrática, además de constituir una acción a favor de las mujeres, el cual es un objetivo de la lucha por la paridad efectiva, en la vertiente política, a refrendarse en este 2018”, refirió el legislador…///En el marco del operativo “Por un Comitán Seguro”, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) detienen a presuntos responsables del robo de más de un millón de pesos a cuentahabiente. Derivado de los trabajos coordinados la SSyPC con Policía Especializada y Municipal en la región Meseta Comiteca Tojolabal, fue atendida una denuncia de manera oportuna sobre el robo a un ciudadano que momentos antes habría retirado dinero en efectivo de una sucursal bancaria, ubicada en la Calle Central y 1ª Poniente de la colonia Centro del municipio de Comitán. Al acudir al lugar de los hechos, las personas denunciadas se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta marca Honda de color negra sin placas de circulación, dándole seguimiento de su rumbo hasta ubicarla y detener la unidad en la colonia Yachibol. Del vehículo descendieron Richard “N” de 20 años y un menor de 16 años de edad, ambos originarios de Guatemala, a quienes se le encontró al interior de una mochila la cantidad de un millón treinta mil pesos, así como una arma de fuego tipo escuadra calibre 9 milímetros, abastecido con 15 cartuchos útiles. Mientras tanto, se realizó la cadena de custodia respectiva del objeto del delito, como lo marcan los protocolos nacionales de actuación de primer respondiente y con total respeto a los derechos humanos, tal como lo establecen los tratados internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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