Funcionarias contra el gobierno para el que trabajan

En los últimos días se han registrado manifestaciones relacionadas con la disminución de dos mil millones de pesos del presupuesto destinado a las estancias infantiles, que eran operadas por la extinta Sedesol y hoy por la Secretaría del Bienestar. Estas guarderías permitían a las familias de todo el país dejar a sus hijos en lugares seguros y, sobre todo, que resultan más económicos que una guardería particular, ya que las cuotas son simbólicas al estar subsidiadas por el gobierno federal.

Sin embargo, el anuncio de un recorte presupuestal alarmó a miles de madres trabajadoras a quienes les habrían informado, en algunos casos, el cierre de estos espacios generando con ello un gasto familiar imprevisto en momentos en los que la economía nacional no está precisamente para ello.

De tal forma que la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos consideró que este recorte podría representar una medida que ahonde las brechas de desigualdad de género en el país, ya que las mujeres trabajadoras se verán obligadas a renunciar a su empleo para asumir el cuidado de niñas y niños.

Lo anterior, se considera en detrimento de sus derechos a la igualdad sustantiva, acceso al empleo, y a la independencia económica; ahora bien, el escándalo fue a tal grado que de inmediato Andrés Manuel López Obrador nuevamente hizo uso del discurso en el que se pronuncia por un apoyo directo a los padres de los 300 mil niños que están en las estancias infantiles, pero sin las organizaciones.

De esta manera, frena la inquietud del gasto imprevisto que impacte en los medios de subsistencia de los hogares de estos infantes, que ya estaban aterrorizados económicamente porque ante la falta apoyo familiar, es probable que las madres y padres trabajadores se verían forzados a dejar a sus hijas e hijos menores al cuidado de personas sin preparación, lo cual puede ser un riesgo para la integridad y seguridad de los infantes.

Aunque el escándalo solo duró una semana porque Obrador afirma que seguirán recibiendo apoyos de manera directa y anuncia la entrega de mil 600 pesos bimestrales, pero no a través de las organizaciones; con lo cual ratifica su insistencia de desaparecer los liderazgos y las organizaciones sociales para, según él, combatir la corrupción.

Hasta ahora nadie ha explicado la forma en la que harán llegar estos recursos porque en su discurso señala que no quiere intermediarios, sino que reciban el dinero directo de la Tesorería de la Federación; pero se pronunció en contra de entregar los recursos en efectivo porque también hay piquete de ojos y no llega completo, entonces desconocemos cuál sería el mecanismo para hacer llegar los apoyos de manera directa a los padres de familia; aunque AMLO en alguien tiene que confiar porque se supone que todos los funcionarios de la Cuarta Transformación han pasado la báscula de la honestidad, o ¿será que lo duda?

En fin, el escándalo ha quedado frenado con este anuncio de apoyos directos a los padres de familia, recursos que no sabemos de dónde saldrán pero que ha comprometido públicamente a los mexicanos.

Con filo

Los feminicidios en Chiapas se han incrementado de manera alarmante; sin embargo, hasta ahora no vemos ningún pronunciamiento de soluciones a estos casos de la Secretaría de Igualdad de Género, ante un panorama que debe no solo reconocerse sino tomar medidas preventivas para evitar que la cifra siga creciendo. Seguramente a María Mandiola no le ha caído el veinte de su responsabilidad al frente de esta institución donde podemos ver que todas las funcionarias a su cargo hacen lo que quieren, y eso solo pasa cuando la cabeza no está bien. En el reciente tema de la liberación de Jimmy Virgilio Villatoro Argüello -mejor conocido como “El caníbal de Tuxtla” debido a que en 2012 asesinó, descuartizó y se comió restos de los órganos de su ex pareja sentimental-, resulta que las funcionarias Lety Daruich, Subsecretaria de Igualdad de Género; María Cruz, Subsecretaría de Economía Social; y Alejandra Rovelo, coordinadora del Paimef, en lugar de asumir una postura institucional y propiciar soluciones al tema que se agudiza, resulta que asumen una postura en contra del Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, a quien acusan de haber integrado mal el expediente, y de paso Rovelo hasta encabeza una manifestación frente al Poder Judicial del Estado en contra de Juan Oscar Trinidad Palacios, porque un juez dejó en libertad al feminicida; pero por Dios estas funcionarias ahora son parte de la solución no del problema, precisamente fueron elegidas en estas posiciones porque se supone que tienen un amplio conocimiento de temas feministas y que ayudarían al sistema a mejorar en estos tema, pero ahora resulta que desde adentro lo cuestionan. Indudablemente su actuación es incongruente y con una falta de institucionalidad evidente, pues dejan en entredicho al patrón de la casa grande, al que les dio la confianza de un desempeño más profesional que les ha quedado realmente grande. Finalmente, aunque realmente es muy grave que debido a un fallo en la integración del expediente del caso, Jimmy Virgilio Villatoro Arguello, haya quedado libre porque es un asesino confeso de su pareja las manifestaciones deben quedar para organismos que no están dentro del mismo gobierno, las funcionarias deben proponer soluciones no generar controversias, esperamos lo entiendan.

maryjose52@hotmail.com