Ingobernabilidad en Ixtapa
El conflicto en el municipio de Ixtapa no se ha podido contener desde que Roberto Aquiles, alias “El Junior”, asumió la presidencia municipal en el 2015, impuesto por su padre el exdiputado local Roberto Aquiles Aguilar Hernández, que no satisfecho con la alcaldía de Ixtapa donde su hijo se reeligió en el 2018, exigió su cuota de poder haciendo a su hija Adriana Aguilar Pavón como diputada local.
La familia Aguilar concretó su coto de poder en la región luego de que Roberto Aquiles Aguilar Hernández se convirtió en asesor externo de la Secretaría de Gobierno; sin embargo, no ha logrado controlar al grupo de Movimiento de Regeneración Nacional que mantiene en su contra desde el mismo ayuntamiento y que lidera Florentino López, regidor que ha impulsado todos los movimientos sociales en contra de El Junior y que este lunes quemaron vehículos y con armas de fuego enfrentaron a la policía.
Los inconformes impusieron tres bloqueos para exigir la destitución del alcalde y la entrega de programas sociales. Y es que El Junior, que funge como presidente municipal, opera desde la capital del estado, pero mangoneado por su padre, lo que genera la inconformidad de su cabildo y de los ciudadanos que buscan atención a problemas sociales sin resultados, pues tanto en ese municipio como en el distrito, en el que la diputada Adriana atiende, lo controla su padre y no se mueve una hoja sin su voluntad, pese a que en las reuniones en las que participa casi siempre termina ofreciendo golpes a sus contrarios en las mesas de negociaciones.
La intolerancia ha sido pues, la causa de que en los últimos cuatro años los bloqueos en Ixtapa sean una constante y que los conflictos no tengan solución, aunado a las imposiciones de voluntad por intereses económicos como pretendían en Bochil, al obligar al alcalde Gildardo Zenteno a renunciar junto con el cabildo aunque no lo concretaron pues fueron grabados en el intento.
Y es que Aguilar Hernández, que no es una perita en dulce, es enemigo a muerte de su primo José Antonio Aguilar Castillejos, quien es el súper delegado en Chiapas al tener el control de las dependencias federales y con quien mantienen diferencias políticas irreconciliables, por lo que no se dudaría que tenga que ver para que nada le salga bien, y tal vez por eso los recursos no llegan a tiempo a ese municipio, ya que además Castillejos no se somete a autoridades estatales que es donde se cobija Aguilar Hernández, ya que la autonomía que se le otorgó legalmente a nivel federal no es cualquier cosa.
Según se dice, por esa enemistad hicieron circular en redes sociales que Aguilar Castillejos sería destituido del cargo y que el exgobernador de Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía ocuparía su lugar, pero de inmediato Salazar dijo en su cuenta de Twitter “no hago ni haré más política en Chiapas”. Esperamos que no sea mero discurso porque está comprobado que cuando los políticos dicen que no, es que sí están buscando chamba.
En fin, urge aplicar el estado de derecho en Ixtapa para desalojar también las vías federales que los inconformes tienen en su poder y que no son desalojadas porque no es una ruta turística, pero luego de que mostraron sus alcances al quemar vehículos y enfrentar a la policía con armas de fuego, han dado muestra de lo que son capaces y ya que han abierto la puerta a los concejos municipales promovidos por los Aguilar, en este lugar bien quedaría que se les aplicará sus mismas medidas con las licencias de los dos hermanos, para terminar con los movimientos de inconformidad.
Con filo
Finalmente, qué bueno que el Congreso del Estado no dio entrada a la aberración política que se pretendía en el caso de Bochil, impulsada por Roberto Aquiles Aguilar, porque habría pasado lo mismo que pasó en Arriaga donde la presidenta de la Comisión Permanente del Legislativo Rosa Bonilla aprobó la destitución de los regidores y ahora tendrán que restituirlos en el cargo; por tanto, los legisladores aprobaron la sentencia emitida por la Sala Regional de la tercera circunscripción plurinominal electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para restituir los derechos a Alma Ruth Gutiérrez Vera, María Candelaria López Morgan, Adán Martín Méndez Díaz y Jorge Luis Gutiérrez Cruz; así como a las ciudadanas Ana Lucía Ruiz Díaz y María Concepción Palacios Moguel como integrantes del ayuntamiento de Arriaga. Aquí queda exhibida la incapacidad e infuncionalidad de todos los funcionarios involucrados en atención a los temas municipales, como el titular de la dirección de Atención Municipal Jorge Erick Zenteno; el subsecretario de gobierno, Jorge Cruz Pineda; el titular de la Subsecretaría de Servicios y Gobernanza Política, Giovvany Alexander Campos Amaya, que a pesar de que inició sus oficios como chofer ya debería haber aprendido algo más, y bueno hasta el Coordinador de Asesores, Carlos Esquinca, que por lo que vemos no asesora nada, por lo que se debería analizar la permanencia en estas posiciones y seis meses son buenos para hacer ajustes de los funcionarios que no están haciendo bien su trabajo político en la entidad y que con ello han puesto en evidencia al Poder Legislativo.
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