Fuera el fuero

*Pablo Salazar Mendiguchía, un claro ejemplo de impunidad

*Solicitud de juicio político en su contra, 10 años congelada

Congreso de la Unión.- Valdría la pena saber si con la desaparición del fuero constitucional, la Comisión de Jurisdiccional de la Cámara de Diputados desaparecería de su estructura orgánica o sería objeto de algunas modificaciones en sus procedimientos internos como órgano responsable de darle seguimiento a las solicitudes de juicio político contra funcionarios públicos, mandatarios y ex gobernadores.

Y es que ayer la Cámara de Diputados aprobó eliminar el fuero a gobernadores, funcionarios y hasta al Presidente de la República. Con 370 votos a favor, las reformas a los artículos 7, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política, establecen que el jefe del Ejecutivo podrá ser acusado de traición y delitos del orden común.

Independientemente de la ruta legislativa que deberá transitar el citado proyecto de ley, hay quienes afirman que el problema de fondo del fuero constitucional, no es solamente que los legisladores o gobernantes sean inmunes, sino que se les debe establecer un procedimiento especial para su separación del cargo y posterior juicio político.

La Comisión de Jurisdiccional, órgano legislativo responsable de aplicar el juicio de procedencia, nunca ha actuado debidamente simple y sencillamente porque pareciera fungir como protector de legisladores y gobernantes sospechosos de actos de corrupción y/o de ostentar una riqueza inexplicable, o simplemente porque están en problemas con la justicia.

Para demostrarlo solo basta citar las siguientes cifras: entre 2003 y el 12 de abril de 2017, se acumularon nada más que 356 solicitudes de juicio político, sin registrarse ningún procedimiento en contra de nadie.

Un planteamiento es que el juicio político sea efectivo, es decir que se proceda desde la misma Cámara de Diputados contra los malos servidores públicos, sobre todo contra aquellos gobernantes o ex gobernadores que ante el amparo del poder se enriquecen ofensivamente y cometen todo tipo de excesos en el ejercicio de sus funciones.

Para ello resulta necesario que la Comisión Jurisdiccional sea rescatada del burocratismo y oficialismo en que se encuentra sumergida, pues pareciera que sus funciones no son de vital importancia dentro de la operatividad legislativa de la Cámara Baja.

El carpetazo que dieron los diputados federales a la solicitud de juicio político contra del ex gobernador de Chiapas, Pablo Abner Salazar Mendiguchia, -quien ya se ve en su escaño de la Cámara de Senadores-, confirma la impunidad en la que quedará su corrupta “administración” por el caso –entre muchos otros de fundada sospecha- de los recursos destinados a los afectados por el huracán Stan en octubre del 2005, dinero que nunca fue ejercido ni entregado a los damnificados.

La solicitud de juicio político contra el oriundo de Soyaló se presentó el 9 de julio del 2007, pero fue hasta el 2017 cuando la Comisión de Jurisdiccional le dio trámite, pero ya había prescrito.

En marzo del año pasado fueron desechados 109 casos de 364 que había en la lista de juicios políticos por desahogar.

Ex gobernadores, ex diputados, ex secretarios de Seguridad Pública y hasta ex ministros de la Suprema Corte, un ex ombudsman nacional y un político que ya falleció, fueron los casos desechados porque el tiempo para el procedimiento de juicio político ya había prescrito. Los juicios políticos desechados se presentaron desde el 3 de octubre de 2003 al 30 de noviembre de 2015.

Había solicitudes de juicio político, además del existente contra Pablo Salazar Mendiguchia, otros contra Rodrigo Medina, de Nuevo León; Mario Marín, de Puebla; Ulises Ruiz, de Oaxaca; y Marco Adame, de Morelos.

Según el proyecto de ley aprobado, los funcionarios no serán sancionados con penas privativas de libertad por deudas de carácter civil, ni tampoco por las conductas que atenten contra el honor de las personas como difamación, calumnia e injuria.

Además se les puede imputar penalmente durante el tiempo del cargo que ocupen a gobernadores, diputados locales, magistrados de los tribunales de justicia de las entidades federativas, consejeros de las judicaturas, presidentes municipales, alcaldes y concejales.

Para la aplicación de las sanciones, la Cámara de Diputados procederá a la acusación ante el Senado previa declaración de la mayoría absoluta, y en el caso del Presidente de la República, se requerirá de mayoría calificada.

El dictamen avalado que integra las 32 iniciativas presentadas en la materia desde 2015, fue respaldado por todos los grupos parlamentarios.

Para proceder contra el Presidente y otros funcionarios bastará con la denuncia presentada y ratificada por la autoridad correspondiente.

En San Lázaro aseguran que el proyecto de ley para eliminar el fuero trata de garantizar que todo servidor público que cometa un delito comparezca como cualquier ciudadano ante las autoridades, con el propósito de terminar con la impunidad y la corrupción, por lo que la propuesta es una respuesta a una de las más sentidas demandas ciudadanas.

jesus.belmontt@gmail.com