Madre naturaleza

Congreso de la Unión.- Nuestro pas es cuna de uno de los patrimonios más ricos de biodiversidad en todo el orbe. Una extensa variedad de climas, una notable heterogeneidad geológica y geográfica, un área marina casi dos veces mayor que la terrestre y más de 11 mil kilómetros de costa, dieron nacimiento a una sorprendente diversidad de ecosistemas terrestres y acuáticos en regiones áridas, templadas y tropicales.

En diversos foros internacionales, México ha venido impulsando una agenda ambientalista para involucrar a sectores económicos que dependen de la biodiversidad, como es el caso de la actividad turística, la pesquera, agrícola y forestal, pero que también generan presiones sobre los ecosistemas.

Actualmente existen por decreto casi 65 millones de hectáreas de Áreas Naturales Protegidas, con lo cual creció en un 300 por ciento la proporción de territorio mexicano bajo protección que se había decretado desde principios del siglo pasado.

En este escenario toman relevancia los acuerdos de la Federación y de la administración chiapaneca para la conservación de la Selva Lacandona.

El Gobierno federal tiene en marcha una serie de programas que aseguran la protección de la selva, y al mismo tiempo ofrecen una vida digna a las comunidades, cerca de 70 núcleos agrarios que habitan alrededor de la Reserva de la Biósfera de Montes Azules.

Las cifras dicen que Montes Azules es el área que contiene la mayor diversidad biológica de todo el país; representa apenas 0.16 por ciento del territorio nacional y cuenta con 20 por ciento de las especies de plantas, 25 por ciento de las aves, 27 por ciento de los mamíferos y 17 por ciento de los peces de agua dulce.

Una de las acciones para su conservación es garantizar que la región se encuentre libre de exploraciones o explotaciones de hidrocarburos o mineras, pero son insuficientes si no se ofrece una fuente de ingreso a las comunidades que dependen de actividades que generan deforestación, como la ganadería extensiva o la quema para la siembra.

Por ello resulta primordial mantener el pago por servicios ambientales y promover modelos productivos sustentables.

La importancia de estos acuerdos es que diversas dependencias del Gobierno Federal y gobiernos locales como es el caso de Chiapas, trabajan coordinadamente para contar con un esquema de protección de este invaluable ecosistema que vaya de la mano con el desarrollo de las comunidades.

El pago de servicios ambientales es considerado una política pública de desarrollo social, ya que muchas comunidades radicadas en hábitats forestales viven en condiciones de extrema pobreza.

En este sentido los pagos por servicios ambientales representan un decidido esfuerzo por conservar el entorno ambiental.

Se trata de instrumentos económicos diseñados para incentivar a los usuarios del suelo, de manera que continúen ofreciendo un servicio ecológico que beneficia a la sociedad como un todo.

Su objetivo es fomentar la conservación de los ecosistemas forestales y compensar tanto el costo derivado de realizar actividades que dañan los ecosistemas, como los gastos en los que incurren al hacer prácticas de buen manejo forestal.

En algunos casos, los pagos buscan que los usuarios del suelo adopten prácticas de uso que garanticen la provisión de un servicio en particular como puede ser plantar árboles con fines de almacenar carbono.

Chiapas es la entidad que más impulsa el pago por servicios ambientales a casi 26 mil guardianes que diariamente cuidan de la naturaleza y ocupa el primer lugar a nivel nacional en promover esta estrategia de conservación, seguido de Jalisco y Oaxaca.

Con esta iniciativa, a lo largo de la presente administración, en Chiapas se amplió en un 300 por ciento la superficie de conservación al pasar de 49 mil hectáreas a 164 mil hectáreas protegidas en la Selva Lacandona y la Sierra Madre de Chiapas

Estas cifras representan el almacén de cinco millones 255 mil 11 toneladas de dióxido de carbono.

El objetivo del pago por servicios ambientales es reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos, producidas por el cambio de uso del suelo o por la alta degradación y deforestación.

Al cumplirse un aniversario más de haberse decretado a Bonampak como Parque Nacional, el gobernador Manuel Velasco Coello reiteró el compromiso de promover y proteger la riqueza natural del estado, sobre todo en esta zona en la que se ha impulsado el pago por servicios ambientales.

Velasco Coello dijo que la Selva Lacandona es uno de los pulmones más importantes del país, por lo que es indispensable que para su conservación se siga fortaleciendo la suma de esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno y la comunidad lacandona.

Con el programa de pago por servicios ambientales se busca que sean los mismos habitantes de las zonas protegidas quienes cuiden y conserven los bosques y selvas, además de que se les dan alternativas para un aprovechamiento sustentable.

“No es una tarea sencilla, pero reconocemos el gran compromiso que han demostrado con nuestra madre naturaleza”, dijo el joven mandatario.

jesus.belmontt@gmail.com