Congreso de la Unión.- Desde la presidencia de Manuel Ávila Camacho (1940-1946) hasta la administración priista que está por concluir, ningún mandatario –incluidos los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón-, ha querido pagar la deuda pendiente con millones de ex braceros del Programa Bracero México-Estados Unidos y que actualmente asciende a más de siete mil millones de pesos.
Luego del fallo del 29 de febrero de 2016, emitido por la Jueza Segunda de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, a favor de los ex braceros (expediente 1558/2015), la administración del presidente Enrique Peña Nieto decidió ampararse para evadir el multimillonario adeudo.
El citado Programa nació en 1943 con la finalidad de atender un problema emergente de falta de mano de obra en la Unión Americana debido a la Segunda Guerra Mundial.
Dicho acuerdo permitió a los mexicanos trabajar en la agricultura y tendido de vías férreas, por lo que 4.5 millones de mexicanos fueron contratados en Texas y California.
Como parte de su contrato de trabajo, los braceros aportaron un 10 por ciento de su sueldo para un fondo controlado por el Gobierno mexicano.
La mecánica consistió en que los patrones norteamericanos les descontaron de su salario el porcentaje señalado, dinero que fue depositado en el banco Wells Fargo, quien a su vez lo entregó al Banco de México, para que de esta forma fuera otorgado a los trabajadores braceros.
El Banco de México lo dividió en dos, uno destinado a los trabajadores agrícolas y otro destinado a los trabajadores ferroviarios (Banco de Crédito Agrícola para los primeros y Banco del Ahorro Nacional para los segundos).
Pero la gran mayoría de los ex braceros jamás recibieron un peso, ni tienen conocimiento sobre el paradero del dinero.
A la fecha, muchos de aquellos trabajadores braceros ya fallecieron, aunque hay que precisar que algunos de los que se incorporaron al programa tenían escasamente 17 años y actualmente son personas de edad muy avanzada; sin embargo, los hijos de quienes fallecieron continúan en la lucha por conseguir que el Gobierno Federal les pague lo que por derecho les pertenece: el fruto de sus ahorros de años de trabajo en el vecino país del norte. El programa de trabajadores braceros concluyó en 1964.
Durante años, el Gobierno de México negó la existencia de documentos oficiales que acreditaran la recepción del dinero enviado por los patrones de Estados Unidos y que representaban el 10 por ciento de descuento acordado.
Sin embargo, ex braceros encontraron pruebas de que el Gobierno de México sí recibió sus ahorros devengados en el vecino país del norte.
En 2005, a iniciativa del entonces presidente Vicente Fox Quesada, el Congreso de la Unión creó un fideicomiso con 298.5 millones de pesos para darles una “ayuda social” a los ex braceros en lugar de sus ahorros fruto de años de trabajo.
Algunas organizaciones de braceros rechazaron el fideicomiso y demandaron el pago completo de la deuda, demanda que a la fecha ni siquiera se ha mostrado interés por atender.
El fideicomiso creado por Vicente Fox fue tomado como una burla, pues en el mismo se habla de una “ayuda social”, pero jamás se estipula el pago total de alrededor de un millón de pesos, que es el monto que a cada ex bracero le corresponde.
A algunos se les dieron 38 mil pesos y se les pidió que firmaran un documento en el que renunciaban al monto total.
El 1 de septiembre de 2015, un grupo de 12 mil ex braceros, junto con esposas e hijos de otros fallecidos, interpuso una demanda en contra del Gobierno Federal.
En febrero de 2016, la Jueza Segunda de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, dictó sentencia a favor de los ex braceros (expediente 1558/2015).
Según la página 276 de la sentencia dictada por la jueza Paula María García Villegas que considera cuatro millones 678 mil contratos (1942-1965), los ahorros de los trabajadores ex braceros más los intereses devengados hasta 2016 daban un monto de un millón 96 mil pesos por trabajador; el total a pagar a los trabajadores ex braceros daba un monto de cinco mil 90 millones 231 mil 275 pesos.
El Gobierno de Peña Nieto se amparó ante el fallo y a la fecha se encuentra pendiente la resolución de este recurso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El tema llegó a la Cámara de Diputados, donde integrantes de la Asamblea Nacional-Binacional de Organización de Trabajadores Ex Braceros 1942-1967, solicitaron la intervención de los legisladores para que sea cubierta la deuda histórica con este sector de la población.
Legisladores de diversos grupos parlamentarios se comprometieron a establecer una mesa de análisis bicameral, a fin de alcanzar acuerdos para dar una solución justa y definitiva a la restitución de los fondos de los trabajadores ex braceros.
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