Igualdad

*Busca Congreso garantizar derechos políticos de la mujer

*Maquinaria morena va con todo contra reforma educativa

Congreso de la Unión.- A raíz de la Reforma Política de 2014 que insertó el concepto de paridad de género en el 41 constitucional, se realizaron diversas disposiciones legales para asegurar el derecho de las mujeres a ser electas en condiciones de igualdad con los hombres.

Entre estas disposiciones tenemos el numeral 1 del artículo 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que obliga a los partidos políticos a brindar igualdad de oportunidades para el acceso a cargos de elección popular.

Esto provoca que en el procedimiento de elección de candidatos por parte de los partidos políticos, se tenga que garantizar la paridad entre los géneros.

Además, el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales tienen la facultad de rechazar el registro de números de candidatos del género que se exceda; en tanto que la lista de candidatos de representación proporcional debe ser una fórmula de propietarios y suplentes del mismo género.

Igualmente tenemos disposiciones legales como la alternancia en las listas de representación proporcional, la paridad en las listas de mayoría relativa y el criterio de competitividad para evitar que se ubique a las mujeres mayoritariamente en distritos perdedores.

Otro de los ordenamientos es la integración de fórmulas del mismo sexo, la sanción de negación del registro en caso de incumplimiento y la obligación legal de los partidos políticos de destinar el tres por ciento del financiamiento público ordinario a la promoción de liderazgo político de las mujeres.

En este tenor, el gobernador Manuel Velasco envió a la 66 Legislatura del Congreso del Estado, un paquete de iniciativas de reformas que tienen como finalidad salvaguardar los derechos políticos de la mujer ante cualquier hecho de violencia de género, y evitar que se pierdan espacios de elección popular que las mujeres han consolidado.

En la sesión de ayer del Senado se propuso reformar las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE), para imponer de 200 a 400 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y de dos a nueve años de prisión, a quien por sí, por interpósita persona o por cualquier medio, ejerza violencia, amenazas, intimidación, presión o engaño con el propósito de que una persona renuncie a una candidatura o a un cargo de elección popular. La pena aumentará hasta en una mitad cuando el sujeto pasivo de la conducta sea mujer.

También en San Lázaro se presentó una iniciativa de ley para tipificar y sancionar el delito de violencia política por razón de género, a fin de lograr su verdadera participación, debido a que en México la violencia política contra ese sector de la población no está tipificada como una conducta sancionable.

La iniciativa adiciona un artículo 21 Bis y una fracción IX al artículo 24 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales para establecer una sanción que va de 50 a 300 días de multa y de seis meses a dos años de prisión a quien amenace, induzca o coaccione la renuncia de una candidata ganadora a un puesto de elección popular.

En ambas cámaras el rechazo a las llamadas “Juanitas” y otros calificativos similares es unánime.

Morena va por abrogación de la reforma educativa

En el Congreso el engranaje de la maquinaria morena se aceitó para dar los primeros giros que desarticulen la reforma educativa.

En el edificio de Reforma e Insurgentes, el senador Eduardo Ramírez Aguilar, de Morena, advirtió a la Secretaría de Educación Pública que si no cancelan las evaluaciones a los maestros, como lo establece la ley educativa, se violentará la paz social.

Ramírez Aguilar hizo un llamado respetuoso al secretario de Educación Pública para “ya no violentar más la paz social”.

El legislador sentenció que los maestros estarán dispuestos a tomar carreteras y plazas comerciales, y esto va a alterar el orden y la paz social.

“Si están llevando una transición pacífica tratemos de no dejar en pedazos lo que resta de nuestro país”, acusó.

Poco después del pronunciamiento de Ramírez Aguilar, el pleno aprobó un Punto de Acuerdo que exhorta a la SEP a cancelar la evaluación a los profesores programada del 3 al 25 de noviembre próximos.

El exhorto solicita al presidente Peña Nieto, a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), suspender todo proceso de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de las y los maestros.

En San Lázaro los morenos no se quedaron atrás. El presidente de la Jucopo y jefe de la bancada de Morena, Mario Delgado Carrillo, fue más directo cuando dijo: “ni una coma quedará de la reforma educativa”.

Se va a cumplir el compromiso de campaña del presidente electo de echar abajo la reforma educativa y no va a quedar ni una coma de la reforma, dijo Delgado.

jesus.belmontt@gmail.com