Desempleo

*Incertidumbre en las entidades públicas por ola de despidos

*Economistas prevén aumente el número de gente sin trabajo

Congreso de la Unión.- La aplicación de la política de austeridad republicana del gobierno de López Obrador está causando estragos entre los trabajadores al servicio del Estado, pues implica recortes a la burocracia, reducción de salarios y prestaciones y un aumento de la jornada laboral.

La administración federal busca crear secretarías más esbeltas y con mayor eficiencia reduciendo la duplicidad de tareas, aunque ello signifique dejar sin empleo a cientos de miles de mexicanos.

Hay una gran preocupación en las 319 entidades públicas donde laboran un millón 567 mil servidores públicos, de los cuales poco más del 20 por ciento ocupa puestos de confianza. Estamos hablando de casi 350 mil burócratas.

El recorte del 70 por ciento de las plazas de confianza implicará el despido de algo así como 222 mil 600 personas.

El problema es que operar solamente con el 30 por ciento del personal de confianza, de seguro impactará en la capacidad de respuesta del Poder Ejecutivo y redundará en continuas y repetidas fallas. Generalmente el personal de confianza carga con la toma de decisiones en todas las áreas.

No siempre aquello de hacer más con menos, da buenos resultados.

En realidad se espera una gran cantidad de amparos por los afectados incluso por la modificación a la jornada laboral para trabajar hasta los sábados, lo que afectará más a las mujeres que a los hombres por sus responsabilidades domésticas.

Resulta obvio decir que todas las acciones legales que se emprenderán por parte de los miles de afectados tendrán jurisdicción administrativa y laboral.

Y es que la estabilidad en el empleo para la burocracia se sustenta en la Ley del Servicio Profesional de Carrera, por lo que son improcedentes los despidos por razones de tipo político, sobre todo si son masivos, como es el caso de la presente administración.

También se trasgredirá el artículo 123 en su apartado “B” en cuanto a derechos adquiridos y habrá muchas indemnizaciones, todo lo cual parece estar dispuesto a ignorar el gobierno federal.

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno Federal 2017, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el país hay poco más de 1.5 millones de burócratas.

Aproximadamente, 258 mil son de confianza, esto si se toma como referencia que en 2015 el 17.2 por ciento de los trabajadores del Estado pertenecía a este sector, según las estadísticas.

Igualmente, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hasta el cierre del primer semestre del 2018, en altos y medios mandos había 69 mil 454 empleados de confianza. Si se despide al 70 por ciento de ellos, significará un recorte de 48 mil 618 personas.

Las nuevas reglas para aquellos burócratas de confianza que sobrevivan a los despidos incluyen contar con ocho horas de trabajo y tener un solo día de descanso a la semana.

Además, no tendrán viáticos, se eliminará la caja de ahorro especial y el seguro de Separación Individualizada, no podrán recibir regalos superiores a los cinco mil pesos, no habrá bonos y el salario será integral.

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (o Ley Burocrática como se le conoce), en su artículo 22 dice que la jornada laboral máxima diurna será de ocho horas y, en su artículo 27, establece que por seis días de trabajo habrá uno de descanso.

En caso de que los empleados de confianza sean removidos de sus puestos, tendrán derecho a una indemnización de tres meses de sueldo y 20 días de salario por cada año de servicio prestado, según establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Este derecho fue adquirido por los trabajadores de confianza en febrero de 2016, cuando la Suprema Corte convirtió en jurisprudencia el fallo a favor que dio a un grupo de 16 mil trabajadores de confianza del Estado que en 2015 corrían el riesgo de ser despedidos.

Actualmente once mil 576 servidores públicos de diferentes dependencias de gobierno han tramitado acciones legales contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual establece, entre otras cosas, que ninguno de ellos puede ganar más que el presidente de la República.

De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, en total hay dos mil 489 demandas (230 fueron en línea) interpuestas por 402 jueces, 540 magistrados, tres mil 347 secretarios, 745 actuarios, tres mil 381 oficiales y mil 499 servidores externos.

Los inconformes pertenecen a 12 entidades: Pemex, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Procuraduría General de la República, el Instituto Politécnico Nacional, la Comisión Federal de Electricidad, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

También figuran servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Secretaría de Gobernación, así como del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Economistas encuestados por el Banco de México esperan para este año y el 2020 que la tasa de desempleo incremente a 3.57 y 3.74 por ciento respectivamente. Igual se redujeron las expectativas de empleos formales, pues prevén que el número de asegurados en el IMSS se reduzca en los próximos dos años.

jesus.belmontt@gmail.com