Ejército

*De las acusaciones a las concesiones

*Santa Lucía y Santa Fe, a la Sedena

Congreso de la Unión.- Fueron muchos los ataques y cuestionamientos que como candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo sobre la labor de las Fuerzas Armadas a quienes en más de una ocasión acusó de cometer violaciones a los derechos humanos.

Hoy, esa ríspida relación con el Ejército que muchos académicos y especialistas pensaron se iba a endurecer una vez llegando al poder, se ha convertido en una luna de miel entre el Presidente de México y las Fuerzas Armadas. Mejor aún, le ha dado mayor poder a los elementos del ejército.

Dos aspectos ilustran a la perfección estas afirmaciones: la concesión a la Secretaría de la Defensa Nacional para que construya y administre el aeropuerto internacional de Santa Lucia, la terminal aérea de quinta categoría si se compara con el ambicioso proyecto que enterró el presidente, y el otorgamiento de todas las atribuciones para fraccionar y vender las 150 hectáreas donde se ubica actualmente el Campo Militar 1 en Santa Fe para construir un complejo inmobiliario de primer mundo.

El Ejército mudará la fábrica de armas de Santa Fe a Puebla, con lo que se ampliará el terreno a 150 hectáreas, donde se construirán complejos habitacionales y se obtendrán entre 20 mil y 30 mil millones de pesos, que serían utilizados para construir 80 bases de operación de la Guardia Nacional que se requieren en todo el país.

En 50 hectáreas existen instalaciones administrativas y unidades habitacionales del Ejército, por lo que quedan disponibles 100 hectáreas, de las cuales 70 permanecerán como área verde y se urbanizarán las restantes 30 en las que se edificarían viviendas que se pondrían en venta para obtener recursos para la Guardia Nacional.

En el caso del aeropuerto de Santa Lucia es un hecho que la orden del presidente está pasando por encima de las leyes y reglamentos en materia de obra pública, pues la Sedena debería solicitar ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la concesión respectiva para construir y operar la terminal aérea.

Igualmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe elaborar un dictamen sobre la viabilidad financiera del proyecto, lo cual obviamente no se ha hecho, ni se hará, pues todo es por instrucciones del presidente de México.

El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval tiene todo el apoyo de López Obrador y no tiene para que pedirle ningún permiso ni al secretario Jiménez Espriú de la SCT ni a Carlos Urzúa de Hacienda.

Hasta donde sabemos, en ningún país del mundo el Ejército funge como constructor y administrador de aeropuertos civiles, ni mucho menos como desarrollador inmobiliario. Bueno, pero estamos en la Cuarta Transformación.

“Este nuevo aeropuerto va a estar administrado por la Secretaría de la Defensa, desde luego, con la normatividad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero la renta, los beneficios del nuevo aeropuerto civil de Santa Lucía, van a ser transferidos a la Sedena para fortalecer las finanzas de esta institución tan importante para el desarrollo de nuestro país”, dijo López Obrador.

El gobierno federal asegura que no hay limitantes técnicas para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, el cual estará listo en tres años, ya que existen dictámenes técnicos en el sentido de que no producirá interferencia alguna con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

“Se llegó a decir que era imposible que funcionaran los dos aeropuertos, el de la Ciudad de México y el de Santa Lucía, que iba a haber interferencia aérea. Se acudió a organismos internacionales para que no se permitiera que Santa Lucía se usara como aeropuerto civil, existiendo un decreto para esto y ahora, desde luego, dictámenes en el sentido de que no existe ningún problema, no sólo desde 1978, que no había tanto avance en la tecnología como hay ahora, para que no exista ningún problema de interferencia aérea”, sostuvo el presidente.

El plan de construcción del aeropuerto civil en Santa Lucía es parte de un sistema aeroportuario que incluirá la remodelación del AICM, el relanzamiento del aeropuerto de Toluca, e incluso, se analiza la posibilidad de construcción de un aeropuerto en 900 hectáreas de Tizayuca, Hidalgo.

La Sedena ya tiene el registro formal del nuevo aeropuerto y solicitó 885 millones 571 mil 400 pesos para iniciar las licitaciones para asignar la gerencia del proyecto y la elaboración de 14 estudios de preinversión, incluido el de su interconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Para dicha tarea, la dependencia cuenta con un presupuesto de 15 mil millones de pesos que se le asignaron este año como “provisiones para la modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria”.

Se pretende disminuir la saturación del AICM con la construcción, a cargo de la Dirección General de Ingenieros de la Sedena, del aeropuerto comercial de dos pistas en la base militar de Santa Lucía. El proyecto contempla que ambos operen simultáneamente.

El plan aeroportuario del presidente López Obrador es un rompecabezas compuesto por terminales aéreas distantes, que en opinión de expertos su operatividad resultará muy complicada e ineficiente, y NO se ven beneficios para los usuarios del transporte aéreo, ni para las empresas que comercializan productos por esta vía y, por supuesto, tampoco para las aerolíneas.

jesus.belmontt@gmail.com