Decisiones

*Disposiciones que causaron controversia y molestia

*AMLO cuenta con una aceptación del 78 por ciento

Congreso de la Unión.- El presidente López Obrador llegó al Palacio Nacional luego de mover los hilos de la política y la administración pública durante los meses previos a su toma de protesta y de haber tomado decisiones de trascendencia para el país, pese a no ocupar todavía el cargo de titular del Ejecutivo federal, como fue la cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco.

Hacer que funcione el Sistema Metropolitano de Aeropuertos propuesto por el presidente será más que imposible, según los expertos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

El aeropuerto de la Ciudad de México está saturado, las conexiones a Toluca, a 70 kilómetros de la ciudad, serán casi imposibles, y convertir la base militar de Santa Lucía en un aeropuerto comercial implica mucho tiempo y una inversión significativa, opinó Alexandre de Juniac, director general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA por sus siglas en inglés), máxima autoridad en materia aeroportuaria a nivel mundial.

Las aerolíneas internacionales que operan en México están preocupadas por la seguridad y flujo del espacio aéreo cuando se concrete el sistema de tres aeropuertos que se pretende poner en operación en las terminales de la Ciudad de México, Santa Lucía y Toluca, aunque habrá que recordar que el presidente anunció que se incorporaría a la red una terminal en Tizayuca, Hidalgo.

Luego de destacar las complejidades técnicas, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo reiteró que cancelar el aeropuerto de Texcoco eliminó la posibilidad de crear 200 mil empleos y frenó dos mil millones de dólares en inversión para el próximo año.

No obstante, Alexandre de Juniac, dijo que el organismo pone a disposición del gobierno mexicano su conocimiento para ayudar a resolver una demanda que aumentará 3.6 por ciento por año.

Otra decisión gubernamental que arrojó miles de millones de pesos en pérdidas económicas al afectar la actividad comercial e industrial del país, fue el desabasto de gasolinas y diésel provocado por el combate al robo de combustible, el llamado “huachicoleo”.

Un reporte de Citibanamex estimó una pérdida bruta en el PIB atribuida a la escasez de combustible de alrededor de 39 mil millones de pesos.

Lo que a la fecha nadie ha entendido es porqué si el 80 por ciento del robo de combustible se realizaba desde las instalaciones de Pemex y el restante 20 por ciento a través de la ordeña de ductos en los diversos estados de la República, se decidió cerrar los ductos y a la fecha ningún alto funcionario de la petrolera ha sido llevado a prisión.

El plan aplicado por el presidente López Obrador generó un caos sin precedentes por el desabasto de combustible que ocasionó el cierre temporal de centenares de gasolineras en 10 entidades del país.

Pero tal vez otra de las decisiones de la nueva administración que fue objeto del rechazo de la sociedad, fue el despido de cientos de miles de trabajadores del servicio público.

La austeridad republicana le causó graves estragos a la burocracia, pues se estima que cerca de 230 mil empleados de confianza se quedaron sin empleo; literalmente fueron echados a la calle.

En total existen 319 entidades públicas donde laboraban un total de millón 567 mil servidores públicos, de los cuales poco más del 20 por ciento ocupa puestos de confianza, resultando este sector el más afectado por los despidos ordenados por el titular del Ejecutivo. Estamos hablando de casi 350 mil burócratas.

El recorte del 70 por ciento de las plazas de confianza implicó el despido de algo así como 222 mil 600 personas.

Las nuevas reglas para aquellos burócratas de confianza que sobrevivieron a los despidos incluyen contar con ocho horas de trabajo y tener un solo día de descanso a la semana.

Además, no tendrán viáticos, se eliminará la caja de ahorro especial y el seguro de Separación Individualizada, no podrán recibir regalos superiores a los cinco mil pesos, no habrá bonos y el salario será integral.

Tal vez una de las primeras contradicciones del presidente al iniciar su gestión fue no aplicar la ley a los corruptos de los anteriores gobiernos, perdón y olvido en el que la ciudadanía estuvo en desacuerdo, pues durante su campaña prometió llevar a la cárcel a todos aquellos funcionarios que saquearon las arcas públicas para enriquecerse inexplicablemente.

Sin embargo, el presidente López Obrador llegó con fortaleza a sus primeros 100 días de gobierno, pues algunas encuestas refieren que el 78 por ciento de la población aprueba las medidas adoptadas, con una Guardia Nacional aprobada por todas las fuerzas políticas del Congreso, y un rating mediático que no se había visto nunca antes en la historia.

TRIBUNA.- Con el voto de los 32 congresos estatales, la Cámara de Diputados y el Senado de la República emitieron la declaratoria de reforma constitucional que crea la Guardia Nacional. Luego de realizarse el cómputo de los votos aprobatorios de la totalidad de los congresos locales, se faculta al Congreso de la Unión para expedir la Ley de la Guardia Nacional, dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, y las leyes Nacional sobre el Uso de la Fuerza y Nacional del Registro de Detenciones, dentro de los 90 días naturales siguientes.